17 de julio 2020
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La empresa Servicios de Protección Física y Seguridad S.A. (Serprosa), una firma de seguridad creada recientemente para operar en el comercio de armas, compró a una fábrica mexicana al menos 350 uniformes y pertrechos para uso de antimotines, por un monto superior a los 302 000 dólares.
Este equipamiento no se vende al público ni a empresas privadas de seguridad, por lo que su destinatario sería la Policía Nacional, que desde el cinco marzo de este año se encuentra sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Documentos en poder de CONFIDENCIAL confirman que Serprosa compró el equipamiento en junio pasado, a la compañía mexicana Giramsa SA de CV, con más de 20 años de experiencia en la fabricación de chalecos antibalas y pertrechos para fuerzas de seguridad.
El listado de la compra incluye: cascos; trajes completos de antimotines; escudos modelo gladiador; escudos modelo inglés; guantes y pasamontañas. De cada producto se adquirieron 350 piezas, según la lista de empaque.
Fuentes vinculadas al comercio de equipos de seguridad estiman que el costo unitario de cada uno de estos equipos de protección supera los 500 dólares, aunque se desconoce el precio final al que los están comercializando con la Policía Nacional.
Permiso de importación
La Policía Nacional extendió a Serprosa, el 31 de julio de 2019, la licencia para la “importación de armas de fuego y municiones de uso civil”. La autorización es “inusual”, según diversas fuentes de la industria, porque desde las protestas cívicas de 2018, el régimen ha cancelado el otorgamiento de nuevos permisos para la importación de armas.
La licencia, número M0035, fue firmada por el comisionado mayor Mario Garmendia Moreno, jefe de la Dirección de Armas, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (DAEM). El permiso expira el 31 de julio de 2024.
Según el documento policial, la dirección de Serprosa es: “Altamira, semáforos de la Vicky 1 ½ cuadra al sur; Plaza J&L”. Un equipo de CONFIDENCIAL fue a ese lugar, pero no hay ningún letrero de Serprosa; en el local funciona la empresa de seguridad El Gladiador.
En la dirección de Serprosa, en la Plaza J&L, lo que funciona es la tienda de equipos de seguridad y deportivos El Gladiador. // Foto: Nayira Valenzuela
En ese local preguntamos por las oficinas de Serprosa, pero nos indicaron que eso correspondía a otra oficina, localizada en Altamira, de donde fue Lozelsa 1 cuadra al norte (al lago). En esa dirección funciona una tienda de equipos de seguridad y deportivos El Gladiador. La encargada del local dijo desconocer a Serprosa.
Los mismos dueños
Una fuente de la industria de empresas de seguridad indicó a CONFIDENCIAL que los dueños de Serprosa y El Gladiador “son los mismos”, y están vinculados a operadores de negocios comerciales relacionados con la familia presidencial.
Ni Serprosa, ni El Gladiador aparecen como miembros de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Nicaragua (Asegprin), que está conformada por 15 compañías, según la página web de la organización.
“Están usando El Gladiador para ir sustituyendo al Goliat, en los servicios de seguridad, y a Serprosa para importar y comercializar armas, municiones y equipos de seguridad para la Policía”, indicó la fuente.
La empresa de seguridad El Goliat fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 12 de diciembre de 2019. En esa ocasión también fue sancionado Rafael Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como la Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP Petronic) e Inversiones Zanzibar. Todos los negocios son manejados por la familia presidencial.
En un comunicado el Departamento del Tesoro detalló que el modus operandi de Rafael Ortega Murillo consistía en utilizar “al menos dos compañías que posee o controla, Inversiones Zanzibar, SA y Servicio de Protección y Vigilancia, SA —El Goliat— para generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial a los mercados para el régimen de Ortega”.
Subrayó que El Goliat es una empresa “que ha recibido millones en contratos gubernamentales y brinda servicios de protección para las empresas familiares de Ortega”.
Apertrechar a antimotines
Fuentes del sector señalaron a CONFIDENCIAL que “la Policía necesita 1000 equipos para aumentar su personal de antimotines”, por lo que las compras de Serprosa tendrían como fin apertrechar a los agentes especializados.
Estados Unidos sancionó a la Policía Nacional, como institución, el cinco de marzo de 2020. El Gobierno estadounidense acusa a la Policía de “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.
CONFIDENCIAL consultó con la embajada estadounidense sobre la adquisición de equipamiento, por parte de la Policía, pero la sede diplomática señaló “que no es posible comentar sobre cada posible escenario afectado por las sanciones”.
La sanción estadounidense imposibilita a la Policía y a cualquier funcionario, a realizar algún tipo de transacción financiera o comercial. La institución no puede comprar uniformes, suministros o equipamientos para sus oficiales.
CONFIDENCIAL buscó, sin éxito, conocer la versión de la Policía Nacional y la de la empresa mexicana Giramsa. En el caso de la institución nicaragüense, no contestaron a nuestras llamadas, colgaban al enterarse de que medio llamábamos. En el caso de la empresa mexicana, no hubo respuesta a los correos electrónicos que enviamos.
Una investigación de CONFIDENCIAL reveló que, para fortalecer el estado policial de facto, el régimen aumentó en 1920 el número de agentes en 2019. Ese año realizó cinco graduaciones de nuevos policías (una en marzo, dos en junio, una en octubre y otra en diciembre).
A finales de 2019, la Policía Nacional contaba con unos 16 866 oficiales, pero la cifra se ha aumentado a 18 392, luego de dos graduaciones policiales, en febrero y junio pasado, en la que se incorporaron 1526 nuevos oficiales: 414 mujeres y 1112 hombres.
