27 de enero 2020
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Autoridades de la Alcaldía de Managua continúan implementando un plan recaudatorio que fuentes vinculadas al sector privado catalogan de ‘extorsivo’, en el que se amenaza con cárcel a los gerentes, dueños, y representantes legales de las empresas que se nieguen a pagar los exagerados cobros que se les exigen, o siquiera traten de presentar argumentos en su favor.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, refirió que, en la sesión de este miércoles, varias cámaras informaron del tema a sus colegas del gremio.
“Esto está vinculado a la alcaldía [de Managua, la única de la que se conocen casos hasta ahora]”, que estaría amenazando con acusaciones penales para quienes no han pagado (incluso si es porque no han podido), el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y hasta la basura.
“Están utilizando la figura de defraudación fiscal para presionar a la persona jurídica que tiene un adeudo con la alcaldía (de Managua)”, dijo tratando de explicar la denuncia que presentaron varias cámaras.
El gerente de una empresa transnacional que fue amenazado por la municipalidad, relató a CONFIDENCIAL que, a finales de 2019, recibió un requerimiento de pago del Impuesto Municipal al Ingreso, por un monto cercano a los dos millones de córdobas, adeudo que dataría de los años previos y posteriores al cambio de la década anterior.
En la nota le daban 24 horas para que se presentara a pagar el dinero exigido, o sería acusado de defraudación fiscal, y caería preso.
Asesorado por un abogado experto en temas tributarios, el gerente de esa transnacional (ambos accedieron a relatar su experiencia, a condición de no revelar sus nombres), se presentó a las oficinas tributarias capitalinas para rechazar la demanda de pago porque ya había prescrito el plazo para cobrar los tributos atrasados, que es de dos años, y en ese momento ya llevaban seis.
Amenaza fulminante
"Si bien, otros testimonios muestran que las autoridades edilicias están ignorando ese argumento legal, lo que impidió que esta empresa fuera extorsionada con los dos millones de córdobas —o que su representante legal cayera preso— fue un error de procedimiento, al escribir mal el nombre y la razón social de la empresa.
En otro caso, un emprendedor que fundó una empresa cuyo giro de negocios está exento de impuestos se vio obligado a pagar alrededor de 1.5 millones de córdobas, luego de responder con un recurso administrativo, al requerimiento de pago que le hacía la comuna.
En este caso, después de retirarse de las oficinas municipales, el abogado del emprendedor se comunicó con el abogado edilicio para señalarle la ilegalidad de su proceder, amenazando con ventilar el caso en los medios de comunicación.
Acto seguido, el abogado que representa a la alcaldía de Managua llamó al emprendedor para decirle que caería preso si no pagaba, ante lo que el amenazado eligió pagar de inmediato, en especial después que la noticia afectara la salud de su propia esposa.
Desde entonces, la decisión que tomó este hombre de negocios es vender su empresa y propiedades, e irse del país.
Los socios de la Cámara Nicaragüense de la Construcción también están siendo amenazados, en su caso, al aplicarles la tasa correcta, pero sobre un valor catastral que en algunos casos triplica al del año anterior.
Además de sufrirlo las empresas, “este problema también está afectando a los propietarios a todos los niveles residenciales: desde el más alto al más bajo”, incluso cuando se trata de jubilados, que están exentos por ley, aseguró la presidenta de la Cámara, Leslie Martínez.
Con los dados cargados
Conscientes de su limitado poder de cabildeo, el Cosep está iniciando una revisión de estas denuncias, pero Aguerri reconoce lo difícil que es que los afectados cuenten su historia.
“Lo único que quieren —en el caso de los que están presos— es salir de la cárcel, y de los que están amenazados con ir a la cárcel, es evitarla, y hacerlo público no les ayuda a lograr ninguno de esos objetivos”, admitió.
“Nuestra dificultad es que no contamos con toda la información que nos permita saber si el debido proceso se llevó adelante como correspondía, ni para saber cómo es que el cobro por mora pasó a ser un cobro por defraudación fiscal. Apenas estamos iniciando este proceso, pero sabemos que esto está sucediendo con bastante frecuencia”, añadió.
Un abogado corporativo experto en temas fiscales, dijo a CONFIDENCIAL que “es probable que, en algunos casos, las amenazas de cárcel no sean tan antojadizas, pero la administración edilicia tiene que fundamentar bien su caso. Debe comprobar que el hecho delictivo sucedió”.
Si bien piensa que “en la mayoría de ocasiones no hay delito”, no se hace ilusiones de que los jueces vayan a hacer lo correcto porque “el Poder Judicial no es imparcial”, ni espera que lo sea, ante unos casos que no quiere llamar extorsión, sino que prefiere denominar con el eufemismo legal de ‘herramientas de coacción para llevarte al pago’.
