15 de diciembre 2021
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La decisión del régimen de Daniel Ortega de cancelar la personería jurídica de la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), sumado a la falta de explicaciones públicas de dicha alma máter, mantiene en zozobra a más de 3000 estudiantes de Masaya, Carazo, Granada, Rivas y Managua.
Centenares de universitarios y padres de familia abarrotaron este 15 de diciembre las sedes de Uhispam, exigiendo “explicaciones” y “soluciones” de parte de las autoridades de esa casa de estudios, que públicamente no ha emitido un comunicado.
Mientras hacían largas filas o estaban amontonados en los portones principales de las sedes de la Uhispam los padres de familia y estudiantes gritaban: “den la cara”, “queremos información”, “den explicaciones” y “déjennos entrar”.
CONFIDENCIAL conversó con una estudiante, que prefirió no dar su nombre o la carrera que cursaba por temor a represalias, que explicó que, tras hacer fila por más de dos horas en la sede de Uhispam Rivas, las autoridades de la casa de estudios le indicaron que sí les entregarán sus certificados de notas.
“Fui a exigir explicaciones que obviamente no pudieron dar, pero me dijeron que nos darán los certificados de notas, me apuntaron en una lista y me dijeron que ellos me avisaban, no me dijeron cuándo lo van a entregar”, indicó.
Añadió que tuvo conocimiento, por confirmación de estudiantes de último año, que tras la cancelación de la personería jurídica se les informó, vía mensaje de WhatsApp, que quedaba cancelada la ceremonia de graduación.
La universitaria lamentó el cierre de Uhispam, señalando que las autoridades del Gobierno “debieron buscar una solución” para no dejar prácticamente en la calle a miles de estudiantes, entre estos jóvenes que ya estaban en el último año de sus carreras o que estaban a días de celebrar su graduación.
La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) indicó a CONFIDENCIAL que tuvo conversaciones con padres de familia de estudiantes de las diferentes sedes de Uhispam, que les afirmaron que su principal preocupación es que no se les entreguen los certificados de notas, porque con esos documentos es que podrían rescatar todo el tiempo y dinero invertido en los estudios de sus hijos, matriculándolos en otras universidades para que completen sus carreras.
“Los estudiantes desde el día que se enteran de la cancelación de la personería jurídica de la Uhispam, ordenada por el régimen, se empezaron a presentar en las sedes de las universidades y se encontraron con portones cerrados, nadie les daba respuestas, intentaron llamar y nada”, indicó una de las miembros de la CUDJ.
Añadió que muchos de los que conversaron con la organización les indicaron que hay “mucha zozobra” porque “los de último año ya habían pagado el título, los costos de la ceremonia y ahora no saben si realmente se les entregará un título, o si este será reconocido a la hora de inscribirlo, si les darán las notas, es grande la preocupación porque no les han dado información clara”.
En reportes de la plataforma virtual Nicaragua Actual, desde las sedes de Uhispam Jinotepe, en Carazo, y Masaya, estudiantes expresaron que las autoridades de esa casa de estudios les informaron que sí entregarán los certificados de notas y títulos universitarios.
“Nos dicen que los títulos sí van a valer porque van a contar con el respaldo del CNU, que los títulos van a ser entregados mañana (16 de diciembre) a la 1:00 de la tarde y que nosotros los tenemos que inscribir”, indicó una de las estudiantes.
CONFIDENCIAL intentó comunicarse con las autoridades de la Uhispam, a través de los números colgados en página web, pero no fueron respondidas nuestras llamadas. Además, se llamó y envió mensajes a Leonardo Torres, rector general de dicha alma máter, pero hasta la publicación de este reporte no había respondió nuestras llamadas y mensajes.
Régimen arremete contra sus allegados “más fieles”
La Universidad Hispanoamericana al igual que la Asociación Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), a la que también se les canceló su personería jurídica el pasado 13 de diciembre, están ligadas al empresario Leonardo Torres, reconocido como un militante fiel del Frente Sandinista, por lo que el cierre ordenado por el Legislativo es leído como un “golpe” asestado por el partido.
El analista político Eliseo Núñez, a través de sus redes sociales, indicó que “lo de Leonardo Torres es la punta del iceberg”, asegurando que es parte de una “operación limpieza” que ha iniciado la vicepresidenta Rosario Murillo “de cara a su designación como sucesora de Daniel Ortega”.
Destacó que este “movimiento público” “casualmente” “es contra uno de los más leales a Bayardo Arce”, asesor para asuntos económicos e interlocutor del régimen con el sector privado, hasta su ruptura en abril de 2018, cuando el orteguismo desató una cacería contra todo el que se atreviera a protestar.
Arce es uno de los pocos comandantes de la Revolución -aliados del régimen- que públicamente se ha atrevido a criticar las acciones de Ortega. En abril de 2018, en una entrevista en Univisión, admitió que Ortega “se equivocó” al anunciar las reformas a la Seguridad Social, que detonaron las protestas. Sin embargo, en diciembre de 2020, el asesor reapareció públicamente anunciando ofreciendo negociaciones con el sector empresarial y justificando la inhibición de opositores.
Torres por su parte ha sido uno de los empresarios que, en el contexto de la crisis sociopolítica, se ha dedicado a defender las acciones del régimen, minimizando el impacto a nivel económico y social que tienen las acciones que este ejecuta.
También es uno de los empresarios que se ha visto asociado a proyectos poco transparentes ligados al régimen Ortega-Murillo. Una investigación de CONFIDENCIAL, divulgada en 2013, reveló que Torres estuvo involucrado en el caso de la constructora Viviendas Económicas de Nicaragua (Vienicsa), ligada a Tecnosa, empresa que es vinculada a Francisco López, tesorero del Frente Sandinista, que fue sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido en 2018 y 2021, respectivamente.
En la investigación se demostró que Torres, como directivo del Instituto de Seguridad Social (INSS), participó en 2008 de una reunión en la que se aprobó un financiamiento de 2.5 millones de dólares para un proyecto habitacional que supuestamente se ejecutaría en Chinandega, aunque hasta la publicación del reporte de CONFIDENCIAL, en 2013, no se había construido ni una vivienda.
