Exigen “comisión de la verdad” para investigar represión y asesinatos

La creación de una "Comisión de la Verdad" será demandada al Estado de Nicaragua para que investigue los crímenes ocurridos durante los días de protestas que iniciaron por la reformas al Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) y desataron una rebelión cívica sin precedentes en contra del Gobierno de Daniel Ortega, según anunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que se suma a la condena de la represión hecha por el Gobierno de Estados Unidos, el Parlamento venezolano y exmandatarios latinoamericanos.

Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte de al menos 25 personas en Nicaragua (ahora se estiman más de 30) tras las protestas en rechazo a las reformas al Seguro Social y anunció que solicitará al Gobierno una visita in loco para analizar la situación de los derechos humanos en el país.

Además, el organismo que pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA) exhorta a las autoridades a “investigar de forma pronta y exhaustiva la conducta policial” durante las manifestaciones “y establecer las sanciones correspondientes” por el uso de la fuerza durante la protesta social.

Sin embargo, “como las instancias gubernamentales ya no tienen credibilidad”, Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, advirtió que se impone la necesidad de que sean organismos internacionales de derechos humanos los que se unan,  “presionen” y puedan “verificar” los ataques represivos contra ciudadanos nicaragüenses y contra medios de comunicación.

Núñez dijo que está “Comisión de la Verdad” podría estar integrada por varias organizaciones que ya han mostrado preocupación por lo que pasa en el país como Naciones Unidas (ONU), la OEA, la CIDH, Amnistía Internacional (AI), Humans Rights Watch (HRW) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

La "Comisión de la Verdad" serviría para identificar las responsabilidades de los autores directos e intelectuales de los asesinatos y actos represivos, y someterlos a la justicia. En septiembre de 1978, después del genocidio perpetrado por la Guardia Nacional, Anastasio Somoza García aceptó la visita de la CIDH para documentar las violaciones a los derechos humanos. Esta, comprobó con hechos centenares de violaciones a los derechos humanos y permitió que la OEA declarará "como carente de legitimidad" al régimen somocista.

Casa Blanca condena "repugnante violencia política"

Estados Unidos condenó este martes la "repugnante violencia política" y "represión" contra el pueblo nicaragüense en las protestas.

"La repugnante violencia política de la policía y los matones afines al Gobierno contra el pueblo de Nicaragua, particularmente estudiantes universitarios, ha impactado a la comunidad democrática internacional", indica una nota de la Casa Blanca.

Además indican que apoyan la libertad de expresión “como un derecho humano y civil” y,  por lo tanto, condenan “la violencia y la represión propagada por el Gobierno de Nicaragua y cualquier cierre de medios”.

Durante las protestas el Gobierno ordenó el cierre de al menos cinco canales de televisión y varios periodistas fueron golpeados y robados por oficiales de la Policía Nacional y turbas orteguistas.

Por su parte, el legislador estadounidense Eliot Lance Engel, demócrata de Nueva York y miembro de alto rango de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, urgió a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a "alzar sus voces para condenar la violencia en Nicaragua" e "instar al gobierno de Ortega a respetar los derechos humanos".

Senadores exigen investigación

Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez enviaron una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que piden se investiguen la violencia en las protestas en el país.

Demandan que la CIDH realice "una investigación inmediata y completa" porque las fuerzas policiales "no pueden actuar con impunidad".

"Elogiamos su voluntad para alzar la voz contra los abusos que están teniendo lugar en Nicaragua y le urgimos a trabajar con la CIDH para investigar estos incidentes inmediatamente y trabajar con socios internacionales para llevar justicia a esas familias y rendición de cuentas a las fuerzas policiales", indican en la misiva.

Piden intervención de la OEA

Al menos 20 exjefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) solicitaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que impulse "la adopción de medidas" que "permitan la normalización institucional de Nicaragua y aseguren una paz social duradera" en el marco de la Carta Democrática Interamericana.

"Igualmente, saludamos la iniciativa ya anunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la que se espera de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA para que, dentro de sus respectivas competencias, abran las investigaciones que conduzcan al establecimiento de las responsabilidades del gobierno Ortega-Murillo por violaciones agravadas de derechos humanos y del ejercicio del derecho a la información, con pérdidas de vidas y libertades personales", indican en la carta.

Los exmandatarios señalaron que las masivas protestas civiles tras una fallida reforma a la seguridad social reflejan el "malestar social y democrático incubado, producto de graves alteraciones en el régimen de libertades" en Nicaragua.

La petición está firmada por los exmandatarios Óscar Arias, de Costa Rica; José María Aznar, de España; Nicolás Ardito Barletta, de Panamá; Belisario Betancur, de Colombia; Felipe Calderón, de México; Laura Chinchilla, de Costa Rica; Alfredo Cristiani, de El Salvador y Fernando de la Rúa, de Argentina.

También la suscriben los exmandatarios Vicente Fox, de México; César Gaviria, de Colombia; Lucio Gutiérrez, de Ecuador; Osvaldo Hurtado, de Ecuador; Luis Alberto Lacalle, de Uruguay; Jamil Mahuad,  de Ecuador; Mireya Moscoso, de Panamá; Andrés Pastrana, de Colombia; Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia; Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; Álvaro Uribe, de Colombia y Juan Carlos Wasmosy, de Paraguay.

El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, acordó este martes denunciar ante la ONU y la OEA  las "violaciones" de derechos humanos en Nicaragua durante los últimos días.

"Denunciar la violación de los derechos humanos en la represión acaecida en las manifestaciones ocurridas en Nicaragua ante la opinión pública y ante los organismos internacionales a nivel regional tales como la OEA (...) así como a nivel global como la ONU, la Unión Europea y el Parlamento Europeo", se lee en el acuerdo.

ONU denuncia "asesinatos no justificados"

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que varias de las muertes producidas en las protestas antigubernamentales en Nicaragua podrían equivaler a "asesinatos no justificados".

"Hemos recibido informaciones de al menos 25 muertos (hasta el domingo) en el marco de las protestas en Nicaragua. Estamos particularmente preocupados por que un número de estas muertes podrían definirse como asesinatos no justificados", aseguró la portavoz de la Oficina Elizabeth Throssell, que pidió a las autoridades nicaragüenses una investigación rápida, profunda, independiente y transparente de estas muertes.

"Es esencial que todas las alegaciones de uso excesivo de la fuerza por las fuerzas policiales y otros cuerpos de seguridad sean investigadas efectivamente y que todos los responsables asuman sus responsabilidades", dijo en la rueda de prensa de la ONU en Ginebra.

Throssell afirmó también que estaban "muy preocupados" por las informaciones de que "docenas de personas han resultado o han sido detenidas" durante los últimos días. Asimismo, la portavoz dijo que se deberían investigar los casos de pillajes o saqueos.

Centro Carter se pronuncia

Mediante un comunicado el Centro Carter repudió los eventos ocurridos durante las manifestaciones ciudadanas en los últimos días y recomienda “una investigación exhaustiva, transparente e independiente sobre la violencia”.

“Lamentamos las decenas de heridos y la pérdida de vidas, y expresamos nuestra enérgica condena del uso desproporcionado de la fuerza pública”, señalan en su página oficial.

De igual forma, se mostraron preocupados por los “obstáculos existentes para que los medios de comunicación informen sobre estos acontecimientos” incluyendo los ataques a periodistas y el robo de equipos.

En la comunicación hicieron un llamado al Gobierno para que se respeten y garanticen las condiciones para “el ejercicio de la oposición política y social” y recuerdan, a la vez, a los nicaragüenses a realizar protestas de forma pacífica.

“Instamos a los líderes políticos a buscar urgentemente mecanismos y soluciones para evitar una escalada del conflicto en el país”, concluye el comunicado.