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Expertos de la ONU instan a los países a tomar acciones legales contra orteguistas

Organizaciones y víctimas subrayan que el informe del GHREN contiene “los elementos necesarios para que la comunidad internacional actúe”

Jan-Michael Simon y Angela Buitrago

Jan-Michael Simon y Angela Buitrago, miembros del GHREN, durante su conferencia en Ginebra, Suiza. Foto: Captura de video

2 de marzo 2023

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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) exhortó a la comunidad internacional a tomar acciones legales  en contra el régimen orteguista, para evitar que las violaciones de derechos humanos escalen a una crisis humanitaria. El llamado lo hicieron en una conferencia de prensa internacional en la que confirmaron la comisión de crímenes de lesa humanidad y ejecuciones extrajudiciales en Nicaragua.

A la par, organizaciones de derechos humanos respaldaron el llamamiento del GHREN para que otros países, amparados en la jurisdicción universal, inicien procesos judiciales contra los perpetradores de los crímenes documentados, que incluyen detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad, y violaciones al derecho a permanecer en el propio país, así como violaciones al derecho a participar en los asuntos públicos y a las libertades de expresión.


El Grupo liderado por el jurista alemán, Jan-Michael Simon, experto en investigación criminal y derecho penal; la exfiscal colombiana, Ángela María Buitrago; y el chileno, Alexandro Álvarez, exconsultor de la CIDH, recomendó a la comunidad internacional “iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna”, se lee en el informe presentado este jueves. La investigación fue orientada por una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2022.

Buitrago indicó que cualquier país puede realizar una investigación sobre los abusos documentados en Nicaragua. En el caso de las víctimas con doble nacionalidad, sus naciones podrían activar mecanismos jurídicos a favor de sus causas.

“El llamado del Grupo, y en particular sobre la base de lo que hemos encontrado, genera la necesidad de llamar la acción para ejercer lo que se llama el 'principio de protección', que significa que podemos pedir que la comunidad —que está obligada a evitar que se cometan estos crímenes de lesa humanidad— a que actúe de manera oficiosa, explicó la experta colombiana.

El grupo de expertos detalló que, para perpetrar la multitud de crímenes de los últimos cinco años, hubo una variedad de actores e instituciones” que siguieron las órdenes emanadas de la Presidencia, a cargo de Daniel Ortega, y de la Vicepresidencia, representada por Rosario Murillo.

Confirmaron que la Policía y grupos armados progobierno ejecutaron a oponentes o personas percibidas como tales, siguiendo instrucciones de autoridades nacionales, locales o de líderes territoriales del partido de Ortega. El Gobierno de Ortega y Murillo desconoció la resolución del GHREN y tampoco respondió ninguna de las misivas enviadas remitidas sobre la investigación.

Estado convertido en un arma de persecución

Estos crímenes han sido cometidos por razones políticas y siguen siendo cometidos hoy. El aparato estatal en su integridad ha sido convertido en un arma de persecución contra la población”, declaró el presidente del grupo, Jan-Michael Simon.

Comentó que están muy preocupados por la crueldad de la situación en Nicaragua, por lo que la comunidad internacional no debería esperar a que la crisis empeore, incluso, hasta llegar a una crisis humanitaria. “Eso es lo que estamos hablando de forma bilateral con otros Estados miembros”. 

El experto explicó que las conclusiones del informe se basan en el derecho internacional penal consuetudinario —Tribunales establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que han evaluado casos específicos de violaciones a DD. HH.— y que la gran gran mayoría de los países a nivel mundial han ratificado el Estatuto de Roma. Lo que permite tener una base suficiente para poder enjuiciar a los perpetradores de crímenes bajo la jurisdicción universal.

“El caso de Nicaragua es un caso muy serio, que hace tiempo que no se ve en América Central, después de la firma de la paz en los años noventa en la región”, destacó.

La investigadora colombiana señaló que, con base a las pruebas documentadas y autorizadas por las víctimas al GHREN, cualquier Estado puede ejercer la verificación de las mismas para dictaminar la responsabilidad penal. En América Latina, Argentina inició en octubre de 2020 una investigación penal contra Daniel Ortega y las altas autoridades de su régimen para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad.

Una luz de esperanza para los familiares

Lizeth Dávila, madre de Álvaro Conrado, el primer menor asesinado en la masacre de abril de 2018, dijo desde Ginebra que el informe del GHREN demostró, una vez más, que el régimen orteguista cometió crímenes de lesa humanidad y que la Policía estuvo involucrada. La investigación la llenó de esperanza y le hizo ver un poco de luz en el camino tan difícil de la justicia.

Casi a cinco años del asesinato de su hijo, Dávila subrayó que el informe es una prueba de los crímenes y que contiene los elementos necesarios para que la comunidad internacional actúe.

“No vamos a desistir; ya son cinco años, pero la lucha la continuamos, como desde el primer día. Somos madres y nos duelen nuestros hijos. Estamos consientes y hemos venido luchando porque nuestros hijos merecen justicia. Quisieron callar las voces de ellos, pero nosotros somos las voces vivas de esas víctimas que callaron, enfatizó Dávila.

Organismos demandan acciones a la comunidad internacional

El abogado Juan Carlos Arce, miembro de la Coalición Nicaragua Lucha —conformada por más de 15 organizaciones defensoras— presentes en Ginebra, se sumó al llamado del GHREN para demandar a la comunidad internacional acciones más concretas en relación a la crisis de derechos humanos.

Lo que está pasando en Nicaragua no debe y no puede ser permitido. Es una situación de muchísima gravedad, expresó en redes sociales.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, calificó el informe de la ONU como "contundente". Destacó que los especialistas recomendaron a la comunidad internacional, que impongan sanciones a las instituciones o personas involucradas en los crímenes de lesa humanidad contra civiles por razones políticas.

Olga Valle, defensora y miembro del Observatorio Urnas Abiertas, destacó que los hallazgos del informe confirman la denuncia sostenida por organizaciones de sociedad civil sobre la destrucción del espacio cívico y democrático en Nicaragua.

Nos sumamos a la recomendación hecha por el GHREN que llama a los Estados a iniciar acciones legales contra los responsables, así como ampliar sanciones y a incluir garantías de derechos humanos en proyectos de cooperación e inversión, sostuvo.

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Redacción Confidencial

Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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