16 de diciembre 2022
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Durante cuatro años, hasta la madrugada del pasado viernes 25 de noviembre, el militar retirado Rodrigo Navarrete Vanegas, de 59 años, clamó por la liberación de su sobrino, Jaime Navarrete, uno de los 235 reos de conciencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Así ocurrió hasta el allanamiento de su casa en Managua, cuando lo convirtieron bruscamente en otro prisionero de conciencia.
El Ministerio Público acusó dos días después del operativo a Navarrete, quien padece problemas cardiovasculares, hipertensión y tiene problemas auditivos. Lo señalan de cometer el presunto delito de “portación o tenencia ilegal de armas de fuego y municiones”, según el expediente judicial 025588-ORM4-2022-PN.
La jueza Roxana Katiusca Martínez Rosales, del Juzgado Octavo Local de lo Penal, se hará cargo del proceso, mientras la fiscal es Tania Vanessa Lara Rodríguez. La judicial tiene antecedentes de condenar a opositores como Carlos Bonilla López, acusado de cometer el asesinato del policía antimotín Hilton Manzanares Alvarado, una de las primeras tres víctimas de la masacre en 2018. Sobre este caso, el informe del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) había expresado dudas sobre la supuesta culpabilidad.
El “expediente” es distinto al de otros presos políticos. La Fiscalía busca probar un delito común, lo que contrasta con las fabricaciones judiciales de “propagación de noticias falsas” o “conspiración para el menoscabo contra la integridad nacional”, con la que han perseguido a opositores y religiosos, entre ellos al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, recientemente acusado en medio de una escalada represiva contra la Iglesia católica.
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Las autoridades parecen repetir el guion que escribieron contra el propio sobrino del detenido, Jaime Navarrete Blandón, quien estuvo preso en 2018, fue liberado en 2019 gracias a una Ley de Amnistía y luego fue recapturado. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena por “tenencia ilegal de armas y drogas” en febrero de 2021, circunscribiéndolo a un caso de delito común, aunque eran públicos sus señalamientos contra la dictadura y denunció en varias ocasiones que las autoridades policiales lo asediaban.
Las inconsistencias del relato policial
La narración de los hechos de la captura del militar retirado no cuadra con la versión de los testigos de su detención. Mientras éstos aseguraron a 100%Noticias que la captura se dio en la madrugada, en los documentos oficiales sostienen que fue hasta las 10:20 a. m. del 25 de noviembre que se conformó un “equipo técnico de investigación policial”.
El inspector Gerardo Antonio Hernández Muñoz, detective del distrito policial III de Managua, sostuvo que ese equipo estuvo integrado por el “oficial de inspecciones oculares” Bryan David Sequeira Díaz y Harvy Moisés Calderón Lazo, y que actuaron luego de “recibir información” contra el militar retirado. Se desplazaron hasta la residencia del detenido, de la que incluso—aseguraron—encontraron las puertas abiertas.
“Será probado con el testigo que, al llegar a la puerta principal de la vivienda, la puerta principal se encontraba abierta y al ingresar al interior del inmueble encontraron al acusado en el interior de su cuarto, motivo en el cual el testigo le puso en conocimiento del motivo del allanamiento”, explica la fiscal.
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Sin embargo, es público que desde 2018 el Gobierno ha impuesto un estado policial de facto, a través del cual ha conculcado las libertades de los ciudadanos, mientras ha financiado un aparato represivo que impide cualquier manifestación, persigue a los organismos de la sociedad civil y vigila a sujetos de “interés”, a los que el régimen Ortega-Murillo considera una amenaza.
En ese estado de falta de garantías generalizado en Nicaragua, se ha incrementado el número de presos políticos, reportándose capturas que han sido consideradas “desapariciones forzadas temporales”, porque los familiares no saben dónde son conducidos los presos y luego aparecen en el centro de investigaciones de El Chipote, denunciado desde hace años como un centro de torturas por organismos de derechos humanos.
Le hallaron una “bandera azul y blanco”
El allanamiento contra Navarrete fue supervisado por el subcomisionado Ronald González, jefe de detectives del Distrito III en la capital. Durante el mismo, la Policía dijo que halló municiones: 23 cartuchos calibre 22, 18 de calibre 9 mm, dos cartuchos de fusil AK, un cartucho de salva, un cargador de plástico marca Glock, un taliz, un cuchillo, un hacha.
Pero también llama la atención que el investigador detalla que hallaron una bandera de tela azul y blanco —de Nicaragua—, que es considerada subversiva por el régimen desde 2018, cuando miles de ciudadanos salieron a protestar a las calles para pedir la dimisión de Ortega y Murillo. La respuesta fue una represión brutal que dejó centenares de muertos.
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También le incautaron computadoras, un celular, una cámara digital. “Con dicho acto investigativo será probado en juicio oral y público durante el allanamiento realizado en la vivienda (del acusado) fueron ocupadas municiones de distintos calibres de uso civil y uso restringido, las cuales poseía el acusado de manera ilegal sin contar con la respectiva autorización de la DAEM (Dirección de Armas, Explosivos y Municiones, adscrita a la Policía)”, sostuvo la fiscal.
El acta de detención fue firmada a las 1:10 p. m. del 25 de noviembre, con los que los policías dicen que demuestran que se le respetaron “sus derechos y garantías constitucionales”. Además de las testificales de los “investigadores”, rolan las certificados de las autoridades sobre la clasificación de municiones, constancias de la DAEM, y la convalidación del allanamiento realizada en este caso por el juez Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, Rolando Salvador Sanarrusia Munguía, sancionado por Estados Unidos y un connotado perseguidor de opositores y sus familiares, a quienes procesaron al no poder localizar a los primeros en sus casas.
El año pasado, el periódico digital Onda Local publicó el testimonio de Rodrigo Navarrete, reclamando la libertad de su sobrino. En esa conversación, denunció que su pariente se encontraba confinado en “La 300”, conocida como El Infiernillo, en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro en Managua y las causas injustas de su secuestro.
“A Jaime le conmovió ver cómo eran los estudiantes vapuleados en Camino de Oriente, la UCA y esto motivó a apoyar con alimentos, moralmente a estudiantes y ese fue su delito, el que le imputaron los sandinistas. Ellos con sus artimañas prefabricaron, dijeron, que Jaime había asesinado a un paramilitar, adepto del régimen, fue condenado a 23 años de cárcel. Salió en la primera amnistía, pero su libertad fue poca”, explicó su tío entonces, meses antes de convertirse en otro reo de conciencia.
