19 de enero 2018
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La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de reconocer los matrimonios del mismo sexo y la identidad de género significa “un gran logro” político para organizaciones civiles y la comunidad LGBTI de la región latinoamericana, a juicio de María Teresa Blandón, directora del movimiento feminista La Corriente. Sin embargo, en países como Nicaragua, no se espera que el Ejecutivo administrado bajo preceptos conservadores y religiosos cambien su postura en la materia.
“Es un punto de partida, pero no es suficiente”, analizó Blandón en el programa Esta Noche. “En estos países hay obstáculos para el género y las libertades sexuales. Se tratan bajo un aura conservadora, que está copada por la jerarquía católica y evangélica”, aseguró la experta.
El fallo de la CIIDH se originó a raíz de una opinión consultiva de Costa Rica sobre el matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de las personas transgénero. La Corte determinó que "la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos".
Blandón señaló que todos los países suscriptores de la Convención Americana deberían “actuar en congruencia” y acatar el fallo para adecuarlos a sus marcos jurídicos nacionales, en los que el matrimonio igualitario está vedado, así como el derecho a la identidad de género.
Costa Rica ya organiza la primer boda igualitaria mientras esperan adecuar la opinión consultiva de la CIDH, y en Panamá es discutido con beneplácito. “Pero cada país es diferente”, reconoció Blandón. Algunos no reconocen como un instrumento legal a sus constituciones al sistema interamericano de derechos humanos.
En Nicaragua, la Constitución Política establece la no discriminación por razones de sexo y género, pero cuenta con un Código de la Familia violatorio de esos principios, según Blandón.
El Código de la Familia fue aprobado en junio de 2014 en su totalidad y solo reconoce como familia al “matrimonio o unión de hecho estable entre una persona varón y una persona mujer”. De modo que deja por fuera los matrimonios igualitarios y la posibilidad de que gays, lesbianas, y transexuales puedan conformar una familia o adoptar.
“El Código de la familia es discriminatorio porque hay diversos tipos de familia, incluso dejan por fuera a las familias monoparentales. Este Código habla más de un dogma religioso que desde la realidad nicaragüense”, aseguró Blandón.
Denuncian "represión"
Ludwika Vega, presidenta de la Asociación de Trangéneras de Nicaragua, calificó la resolución de la CIDH como una “doble victoria”. Primero por el reconocimiento del matrimonio igualitario, y segundo porque la Corte hace énfasis en reconocer la identidad de género.
El tribunal estableció que ‘‘el reconocimiento de la identidad de género por el Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans’’.
Sin embargo, Vega afirma que el Estado nicaragüense les viola a diario sus derechos, porque para poder inscribirse ante el Registro Civil deben usar nombres que no representan su sentir de género.
“No existe una de ley de identidad de género en Nicaragua con la que el gobierno nos reconozca y nosotras podamos expresarnos acorde a la expresión de género”, lamentó Vega, quien agregó que las personas trans no pueden parafrasear una de las palabras preferidas de la vicepresidenta Rosario Murillo: “Restitución de derechos, porque nunca hemos tenido”.
“Hay una represión del gobierno, no tenemos acceso a las políticas públicas”, denunció la activista.
Vega ve con optimismo la decisión de la CIDH, pero también demandó atención médica, educación y empleo para las personas trans en Nicaragua. “Como parejas no tenemos ni acceso al Seguro Social”, dijo.
