23 de septiembre 2022
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La dictadura de Nicaragua respondió con la fabricación de más procesos judiciales contra sacerdotes de la Iglesia católica, seis días después que el papa Francisco admitió públicamente que existen conversaciones con el Ejecutivo nicaragüense en medio de una persecución al sector religioso acrecentada en los últimos meses.
A pesar de que los fiscales del régimen continuaron este viernes 23 de septiembre, sin presentar una acusación contra el obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez, señalado de “organizar grupos violentos” y “fomentar el odio” por la Policía, decidieron proceder sin especificar los cargos contra tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un camarógrafo que vivieron bajo sitio policial con el jerarca católico en la Curia de Matagalpa entre el 4 y el 19 de agosto pasado.
Según el sistema electrónico del Poder Judicial, los sacerdotes acusados son Ramiro Tijerino Chávez, rector general de la universidad Juan Pablo II; José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa y su antecesor Sadiel Antonio Eugarrios Cano. Todos ellos se encuentran aislados desde el 19 de agosto, cuando fueron trasladados a la cárcel policial El Chipote, mientras el obispo fue recluido a la fuerza por la misma Policía en su domicilio familiar en Managua.
Las otras acusaciones fueron contra el diácono Raúl Antonio Vega, los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, así como el reportero gráfico Sergio Cadena Flores. Como ha ocurrido en otras ocasiones, tanto el fiscal como el juez tienen antecedentes de subordinar sus decisiones judiciales a la voluntad política del régimen.
Una fuente ligada al Poder Judicial dijo que aunque se desconoce cuál es el delito por el que acusan a los sacerdotes, por lo menos "salieron del limbo jurídico en que se encontraban casi en condición de desaparición forzada".
Se presume, continuó, que los acusen de delitos que alteran el orden constitucional o el orden público, en los que el Estado es directamente la víctima, pero aún se desconocen los detalles.
Fiscal y jueza con antecedentes represores
La acusación fue presentada desde el 21 de septiembre por el fiscal Manuel de Jesús Rugama, quien se ha destacado persiguiendo a presos políticos, igual que la jueza Nalia Nadezdha Úbeda Obando, del Quinto Distrito Penal de Audiencias de Managua. Ambos hacen parte de la maquinaria judicial, integrada por 15 funcionarios que han concretado las fabricaciones judiciales que han enviado a las cárceles nicaragüenses por razones políticas al menos a 205 nicaragüenses.
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La dictadura mantiene una campaña sostenida de desprestigio contra la Iglesia católica, que ha denunciado los abusos de derechos humanos cometidos por Ortega y su maquinaria represiva desde 2018, a quienes han acusado de golpistas sin evidencias. Pero la recrudeció más desde finales de mayo pasado con la persecución a Álvarez, un prestigioso defensor de los derechos humanos, cuando lo asediaron en una parroquia que visitaba en Managua.
🇳🇮🔴 Monseñor Rolando Álvarez cumple 50 días de secuestro, el régimen Ortega Murillo sigue sin informar sobre su estado físico y psicológico. EXIGIMOS su libertad inmediata y la de todas las personas presas políticas. #LibertadParaMonseñorÁlvarez#NoMásPersecuciónALaIglesia pic.twitter.com/QkuzcLRnqC
— Cenidh (@cenidh) September 23, 2022
Álvarez es el primer obispo arrestado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.
En junio pasado, el régimen encarceló al sacerdote Manuel García de Nandaime, al mes siguiente a monseñor Leonardo Urbina en Boaco y posteriormente a Óscar Benavidez, un sacerdote de la Diócesis de Matagalpa que trabajaba en Mulukukú, para quien pidieron ante el juez 90 días para investigarlo sin especificar bajo qué cargos.
Ortega expulsó también al nuncio apostólico en un hecho que resultó doloroso para el Vaticano, cerró siete emisoras de la Diócesis de Matagalpa y expulsó a las misioneras de la caridad.
“En Nicaragua las noticias son claras, hay diálogo, se ha hablado con el Gobierno. Hay diálogo, pero esto no quiere decir que se apruebe o desapruebe todo lo que hace el Gobierno”, dijo el papa Francisco el pasado 15 de septiembre.
