7 de marzo 2023
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El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación (Migob), canceló este martes 7 de marzo otras dos universidades privadas nicaragüenses, con lo que suman 19 las ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas siete de origen extranjero, y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles.
Los nuevos centros de estudios cancelados son la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), ambas registradas como asociaciones, según un acuerdo del Ministerio de Gobernación, publicado en el Diario Oficial, La Gaceta.
Según el acuerdo de la cartera de Gobernación, que es la encargada del control y registro de las oenegés, las asociaciones de ambas universidades incumplieron con las leyes que las regulan.
Entre otros mencionó que no están acreditadas en los indicadores de calidad, que no reportaron sus estados financieros y sus juntas directivas, y no presentaron aclaraciones sobre el patrimonio, activos fijos, ingresos, egresos, ejecución de fondos, ni aumentos y disminución en cuentas sin justificar.
La Universidad Juan Pablo II, inscrita desde el 26 de agosto de 2004, tiene su sede en Managua y sucursales en Chontales (centro), Matagalpa (norte) y Granada (suroeste).
De acuerdo con la página web de la universidad, el centro de educación superior “es una institución de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), autorizada como Centro de Educación Superior por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) el 29 de agosto del 2002”.
En tanto, la UCAN, inscrita desde el 17 de junio de 2002, tiene su sede en León (noroeste) y sucursales en Chinandega (también noroeste), Estelí y Matagalpa (norte), Chontales (centro) y Masaya (suroeste).
CNU y Procuraduría, cómplices del despojo
El Migob ordenó a las autoridades de los dos centros cancelados entregar de forma expedita y ordenada al Consejo Nacional de Universidades (CNU) la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones o registro académico.
Asimismo, informó que el CNU procederá a reubicar a los estudiantes matriculados actualmente en el territorio nicaragüense en universidades que se encuentren acreditadas en el país.
Además, ordenó a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles e inmuebles de los centros de estudios afectados a nombre del Estado de Nicaragua.
La Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría sandinista y ha petición del Ejecutivo, ha ilegalizado 14 centros de estudios superiores por petición del Ejecutivo desde diciembre de 2021. Los otros cinco centros de estudios han sido disueltos por Gobernación.
El rector de una de las universidades canceladas, Adrián Meza, ha denunciado desde el exilio que el Ministerio de Gobernación se ha negado a recibir los estados financieros de los centros de estudios superiores.
En febrero del año pasado, el Parlamento creó tres nuevos centros de educación superior con los documentos e infraestructura ocupadas a seis universidades privadas ilegalizadas, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue un bastión de las protestas antigubernamentales entre abril y junio de 2018.
