16 de julio 2019
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Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de la Diócesis de Jinotega y presidente de Cáritas de Nicaragua, informó que el Ministerio de Gobernación mantiene en “revisión” las constancias emitidas por esta institución del Estado, que avala la documentación administrativa (actas de junta directiva, libros contables y donaciones recibidas) de esta organización.
“Este problema lo tenemos desde el año pasado. Nosotros hemos tenido todos nuestros documentos en regla, por eso, no entendemos por qué no la entregan. Solo nos dicen que está en revisión”, explicó monseñor Herrera vía comunicación a CONFIDENCIAL.
Quisiera aclarar que Cáritas de Nicaragua no ha perdido su personería jurídica. Pero sí ha tenido problemas con sus funciones por unas constancias que no se nos han brindado. El periodista entendió mal mis declaraciones y he pedido que se corrijan. @laprensa pic.twitter.com/2LtSzoTkjT
— Mons. Carlos Enrique Herrera (@ObispoHerrera) 16 de julio de 2019
Este lunes circuló la información de que Gobernación había cancelado la personería jurídica de Cáritas de Nicaragua, sin embargo, monseñor Herrera negó esta información y aseguró que la institución continúa trabajando con regularidad, no obstante, indicó que es necesario que el Gobierno entregue las constancias de certificación.
“Queremos aclarar que Cáritas de Nicaragua se encuentra funcionando de manera normal y seguimos contando con nuestra personería jurídica. Hasta el día de hoy el único trámite en revisión son nuestras constancias emitidas por el Ministerio de Gobernación. Cáritas sigue realizando su labor social en las distintas Diócesis del país a través de sus diversos proyectos”, enfatizó en una comunicación la organización.
Persecución a la Iglesia
El 19 de julio de 2018 el dictador Daniel Ortega oficializó una campaña de desprestigio en contra de los obispos de la Conferencia Episcopal, a quienes llamó golpistas, en el acto partidario.
La Iglesia católica ha desempeñado un papel protagónico durante la Rebelión de Abril, como mediador en el primer intento fallido de un diálogo nacional, en la que presentó una agenda para la democratización del país y, sobre todo, desempeñando su labor pastoral al lado de heridos, familiares de los asesinados y presos políticos del régimen.
A mediados de junio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un informe sobre “Libertad Religiosa Internacional” que documenta la persecución religiosa en Nicaragua. El informe hace énfasis en los atentados contra monseñor Mata y el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, fuertes críticos del régimen de Ortega.
La semana pasada un trabajador de la estatal Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Enacal) denunció ante la Policía al obispo de la diócesis de Estelí Juan Abelardo Mata, muy crítico del régimen de Daniel Ortega, por supuestas injurias y calumnias en su contra, según dijo el denunciante.
Reynaldo José Obregón interpuso la queja ante la delegación policial de Estelí porque, según dijo, el religioso lo ha acusado públicamente de ser “paramilitar” y de haber matado a su hijo Cruz Alberto Obregón, de 23 años, en el marco de las protestas que comenzaron en abril de 2018.
Ante los señalamientos al obispo de Estelí, el cardenal Brenes dijo en su defensa que ha estado en comunicación constante con él desde el momento que supo de la denuncia y “he visto lo que ustedes, los medios, han publicado y vemos que Monseñor Mata no hizo alusión a ninguna persona, no mencionó nombre alguno, hizo alusión a un hecho que es verdaderamente lamentable”.
Un antecedente: Fundación del Río
La Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del Río), denunció en octubre de 2017 que el Ministerio de Gobernación (Migob) negó sin ninguna explicación la documentación que acredita su cumplimiento con los requisitos de ley y que “certifica” el trabajo que realizan en la lucha por la defensa del territorio y los recursos naturales.
Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, explicó en ese momento que los documentos que Gobernación se ha negado a entregar son la Constancia de Cumplimiento y la Certificación de la Junta Directiva. También expresó que desde el primer trimestre de 2017, fueron notificados telefónicamente por el Migob sobre una supuesta denuncia recibida que involucraba a esta organización ambientalista.
“Nosotros nos presentamos y aclaramos de manera escrita todas las inquietudes expresadas. Sin embargo, y sin ninguna explicación oficial, nos tienen retenida la documentación antes descrita. Esta situación es conocida por la ministra del Migob, María Amelia Coronel, pero no hemos tenido respuesta”, manifestó Ruiz.
A pesar de las denuncias realizadas por Fundación del Río, Gobernación nunca entregó la documentación, al contrario, canceló la personería jurídica de esta organización y empezó una persecución en contra de su presidente.
