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Gobernación ordena cierre de Fideg: censuran encuestas sobre pobreza

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo liquida el centro de investigación independiente que monitoreaba la evolución de la pobreza en Nicaragua

El Ministerio de Gobernación (Migob), presentó ante la Asamblea Nacional, una ‘Iniciativa de Decreto Legislativo de Cancelación de la Personalidad Jurídica’ de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (Fideg), dirigida por economista Alejandro Martínez Cuenca, cuyas instalaciones fueron ocupadas por la Policía Nacional, el pasado cuatro de noviembre.

Fideg es uno de los principales centros independientes de investigación y análisis socioeconómico, fundado a inicios de los años 90, que se dedica a realizar estudios sobre desarrollo económico y social, incluyendo temas de educación, combate a la pobreza y equidad de género.

Su principal producto son las bianuales Encuestas de Hogares para Medir la Pobreza en Nicaragua, en la que de forma recurrente, se encuestan los mismos hogares, para poder presentar una imagen de cómo evoluciona ese flagelo en el país.

Para justificar el cierre ante el Parlamento, el informe de la directora del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Migob, Franya Uriel Blandón argumentó que Fideg “no se registró como Agente Extranjero, incumpliendo la Ley 1040, ya que es sujeto obligado, porque recibe donaciones del exterior”.

La represalia estatal forma parte de la ofensiva del régimen en contra de las “55 oenegés —nacionales o internacionales— que han sido cerradas, porque actúan apartadas de la hegemonía del régimen”, a pesar de que contribuyen al ejercicio de ciudadanía, o a la promoción de los derechos  de salud, o al desarrollo local, dijo el presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión.

“Este combo legislativo procura darle un manto de legalidad, pero no deja de ser inconstitucional: los artículos 132 y 183 dicen claramente que ‘no tendrán valor leyes y otras disposiciones que se opongan a la Constitución y a los Derechos Humanos, y esas leyes son arbitrarias, como la 1055, que tiene un solo artículo que es por demás abstracto y difuso, pero lo usaron como respaldo para tener más de 30 personas secuestradas”, añadió Carrión.

Según Urey Blandón, “la representación  legal de esta Fundación no presentó los estados financieros de 2020, con sus desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, origen y detalle de donaciones, proveniencia y beneficiario final, violentando lo establecido” en varias leyes.

De manera específica, señalan la Ley 147, Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro; Ley 977 contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y a la proliferación de Armas de destrucción masiva; el Decreto Ejecutivo 15 – 2018, que reglamenta la Ley 977, etc.

Las encuestas de pobreza de Fideg

Los hallazgos de las últimas investigaciones de Fideg contradicen el discurso oficial: mientras el Banco Central de Nicaragua (BCN), citando datos del Instituto Nicaragüense de Información para el Desarrollo (Inide), disminuye de forma sistemática los porcentajes de personas que se encuentran en situación de pobreza general y pobreza extrema, los hallazgos de Fideg dicen otra cosa.

En septiembre de 2018, los datos presentados mostraron una discrepancia de 17.1 puntos porcentuales con los datos oficiales: mientras el Gobierno alegaba en sus encuestas que la pobreza se había reducido de 29.6% en 2014 a 24.9% en 2016, la medición independiente de Fideg indicaba que la pobreza más bien había aumentado de 39% en 2015 a 42% en 2016.

La encuesta efectuada en 2019, cuyos datos fueron presentados en diciembre de 2020, mostraron que la pobreza general seguía en aumento, hasta alcanzar al 44.4% de los habitantes, mientras que el 8.9% vivía en pobreza extrema. 

Los resultados de la encuesta realizada por Fideg en 2021, estaban siendo procesados, cuando la Policía allanó las instalaciones el cuatro de noviembre, y aún no han sido divulgados.

El cierre es político

Un argumento más del Ministerio de Gobernación para pedir el cierre de Fideg es que no ha presentado “los documentos de identidad de sus proveedores de fondos y soporte de ingresos; la buena reputación de sus beneficiarios” y de sus organizaciones asociadas, como manda el reglamento de la Ley 977.

Al respecto, Carrión recordó que, igual que en otras ocasiones, como cuando cerraron 24 oenegés en julio pasado, el texto presentado ante la Asamblea se escuda en señalamientos del tipo por “incumplir la finalidad para la que fueron creadas… no reportar estados financieros por varios años”, etc.

Al enviar la Iniciativa de Decreto Legislativo al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Gustavo Porras, su colega Filiberto Rodríguez asegura que la cancelación de la personalidad jurídica del Fideg “es necesaria… no se opone a la Constitución Política, ni a leyes constitucionales, ni a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua”.

CONFIDENCIAL se comunicó al celular del economista Alejandro Martínez Cuenca, director del Fideg, quien se abstuvo de informar u opinar sobre la decisión estatal de cerrar el centro de investigación, argumentando que “no te oigo bien”. Una comunicación posterior, hecha por texto en WhatsApp, tampoco obtuvo respuesta.

El sitio web de Fideg no tiene ninguna referencia, comunicado o aclaración ante la toma de sus instalaciones, ni ante la presentación de la iniciativa destinada a cancelar su personería jurídica.


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