23 de enero 2018
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El Gobierno del presidente Daniel Ortega pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que desestimara la solicitud de medidas cautelares que pidió el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) para Elea Valle, madre de los niños Yojeisel Pérez (16) y Francisco Pérez (12), quienes fueron asesinados por el Ejército Nacional el pasado mes de noviembre en La Cruz del Río Grande.
En el documento el Gobierno distorsionó información sobre los dos hijos de Elea Valle. A Yojeisel le aumentó la edad a 17 años y a Francisco lo dejó en 14, además los vinculó con la agrupación delincuencial “Los Colochos”.
Vilma Núñez, directora del Cenidh, explicó que de forma insólita el Estado no contestó las dudas de la CIDH, sino que se dedicó, en un documento de cinco páginas, a describir su propia versión de los hechos respecto a la masacre en La Cruz de Río Grande.
“Ellos dan su propia versión. Tergiversan la realidad de lo que ahí se dio y creen que por el hecho de aumentar uno o dos años la edad de los niños va a disminuir la gravedad del suceso. Tan niño es uno de diecisiete años y uno de doce. Nada justifica la muerte de estos dos menores”, afirma la directora del Cenidh, quién sostiene que la tónica del Gobierno siempre ha sido llamarles delincuentes e imputarles crímenes que no cometieron.
El Cenidh sostuvo ante la CIDH su petición y argumentó sus razones punto por punto. Además contradijo la postura que el Estado planteó en aquel documento en el que pidió que se desestimaran las medidas cautelares para Valle y sus otros tres hijos. Ahora esperan que en las próximas semanas la CIDH se pronuncie de forma positiva en el caso, pues hay razones suficientes para conceder la protección a Elea Valle.
“Desde que ocurrieron los hechos ella se encuentra desplazada, desarraigada de su comunidad, se ha movilizado en todo ese tiempo en cinco comunidades distintas, porque le dicen que la andan buscando y ella está en una situación de inseguridad y zozobra, y representa un tortura psicológica para ella”, mencionó Núñez.
El Libro Blanco del Gobierno
La semana pasada el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional presentaron al cuerpo diplomático acreditado en Managua el Libro Blanco. Una acción pensada para impactar de forma positiva a nivel internacional, en medio del contexto de las sanciones a Roberto Rivas, magistrado del CSE; la posible ejecución de la Nica Act y las denuncias por las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, como la masacre en La Cruz de Río Grande.
La estrategia del Gobierno era convencer a la comunidad internacional de que las ejecuciones sumarias realizadas por el Ejército y la Policía Nacional son acciones normales dentro del marco de la ley de estas instituciones contra supuestas bandas dedicadas al narcotráfico, coincidieron expertos en seguridad y activistas de derechos humanos consultados por CONFIDENCIAL.
A juicio de Gonzalo Carrión, director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el esfuerzo por maquillar la realidad nacional a nivel nacional probablemente no haya surtido efecto. Tampoco asegura que los diplomáticos a los que presentaron el famoso libro, no hayan tenido sus objeciones o cuestionamientos, respecto a temas tan sensibles como los campesinos alzados en arma en las zonas montañosas de Nicaragua con supuestas motivaciones políticas.
Roberto Cajina, experto en seguridad y defensa, coincidió con Carrión y agregó que la presentación a los diplomáticos fue la prueba más evidente de que la intencionalidad del libro era prepararse para más sanciones a otros funcionarios y la posible aprobación de la Nica Act. Una especie de expiación de culpas.
El “Libro Blanco” no recoge en su historial delictivo la masacre de la Cruz de Río Grande, en la que los dos hijos menores de edad de la campesina Elea Valle fueron asesinados por efectivos militares. Resalta “la incidencia de elementos delincuenciales en Nicaragua” durante “el período 2007-2017”. Sin embargo calla sobre la muerte de los niños, a quiénes las mismas autoridades tildaron de “elementos delincuenciales” sin ofrecer pruebas.
Carrión aseguró que durante los diez años en que está basado el “Libro Blanco” se han violado los derechos humanos de muchos nicaragüenses, por lo que el Cenidh concluye que este documento además de una burla, es una manipulación y distorsión de la realidad nacional.
“Y la lista aumenta, va más allá. Lo que el Estado presenta son verdades incompletas, porque imaginate que pone la tasa de homicidio en siete por cada cien mil habitantes. Por supuesto que ahí no van las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias, cometidas por la Policía y el Ejército. Y no lo registra porque estos hechos han quedado en la impunidad y porque ese dato fácilmente puede incrementar”, expuso el director jurídico del Cenidh.
Todos en el mismo bolsón
El “Libro Blanco” celebra que “la delincuencia no es el problema más importante” del país; de inmediato señala que tampoco el narcotráfico ha logrado consolidarse. “No existen cárteles, células, bases y pistas clandestinas del narcotráfico, no existen maras o pandillas”, enumeran.
Sin embargo después sostiene que “a partir del año 2007 pobladores y productores de los sectores fronterizos con Honduras, particularmente en la microrregión de Ayapal y del municipio de La Cruz de Río Grande, denunciaron ante las autoridades sentirse amenazados y atemorizados por la presencia de delincuentes de alta peligrosidad quienes estaban utilizando armas de fuego, llevando a cabo asesinatos, extorsión, abigeato, robo con intimidación, secuestro, lesiones graves, daños agravados, cultivo y comercialización de drogas y crimen organizado”.
En ese mismo periodo aparecieron los denominados grupos armados por razones políticas contra el gobierno del comandante Ortega. Gabriel José Garmendia Gutiérrez, alias “Yahob”, fue uno de los primeros campesinos que se rebelaron. Sin embargo, este libro blanco lo incluye en la lista de “elementos delincuenciales” dados de baja.
Vilma Núñez, directora del Cenidh, expresó que la presentación de este libro tuvo una de cal y otra de arena. Si bien no mencionaron datos exactos sobre las muertes de algunos rearmados, la acción pensada, indirectamente funcionó para que el Gobierno confesara que sí existen grupos rearmados en la zona.
“Ellos siempre han negado la existencia de esta violencia en el camp, sin embargo nosotros tenemos los documentos y podemos contar la cantidad de hombres, con nombres y apeliidos que han sido aniquilados, porque eso es lo que hace el Ejército”, afirmó Núñez.
Según los análisis realizado por el Cenidh, son 26 muertes de rearmados las que tienen documentadas. En mucho de ellos tienen detalles de las circunstancias en que han sido asesinados estos hombres.
“Ellos en el libro hablan de 16 casos y nosotros tenemos 26. Los nombres que nosotros tenemos se repiten y esa es una confesión de que existen grupos rearmados que están siendo aniquilados, además son la prueba evidente de la impunidad que hay en el país”, declaró Núñez.
Para el general en retiro Hugo Torres, el documento oficial es un esfuerzo por tratar de justificar los abusos de poder y crímenes cometidos en todos estos años por la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, amparándose en la lucha contra el crimen organizado para lavar la impunidad de los funcionarios que los han cometido.
“Es un instrumento de propaganda del régimen, del modelo de seguridad soberana implementado por Ortega para tratar de vender la idea, de hacer creer que este es el mejor modelo y que hay que sostenerlo independientemente de lo que esté pasando en términos del desmantelamiento del régimen democrático, en términos de la pérdida de institucionalidad democrática, en término de las violaciones a los derechos humanos”, explicó Torres.
Cajina consideró que al final de cuenta este libro es una justificación de las ejecuciones extrajudiciales, pues no existe un solo “delincuente común” capturado y llevado a la justicia. Al contrario, todos están muertos y no tuvieron el derecho de hablar.
Estadísticas manipuladas
“La pregunta es por qué. Bueno, es que si todos estos ‘delincuentes comunes’ son capturados y llevados ante la justicia, podría exponer las razones de porqué están alzados en armas. Es decir, por la libertad, democracia, por elecciones libres. Y como quieren evitar eso, es preferible aniquilarlos antes de dar un espacio donde puedan expresarse”, escatimó.
El experto en seguridad y defensa sostuvo que en realidad todas estas muertes fueron ejecuciones sumarias, extrajudiciales, cuyo objetivo también era eliminar selectivamente a los jefes de estas agrupaciones de campesinos.
El “Libro Blanco” basó los números de su contenido en las encuestas realizadas por la Policía y por la firma encuestadora M&R. A juicio de Cajina ninguna de las dos fuentes usadas en el documento son confiables. La primera porque sufre “química estadística” y la segunda porque extrañamente cuando la Policía y el Ejército y el Gobierno comenzaron a financiar las encuestas, aparecieron muy altos grados de aceptación.
“Las láminas que yo he visto de la firma M&R dicen en la parte superior ‘elaborado por M&R’… ‘hecho para’ y ahí adjuntan el nombre de la institución que paga la encuesta. Esto significa que se están financiando para obtener buenos resultados. El problema es que estamos sometidos a un doble sistema de estadísticas manipuladas por la Policía y por esta firma… pero al final de cuentas, en las calles, vos hablás con la población y ellos hablan de inseguridad”, expresó Cajina.
Un verdadero libro blanco
A juicio de los expertos consultados por Confidencial el “Libro Blanco” no debería siquiera llamarse así. Primero porque no está basado en la verdad, pues oculta crímenes y violaciones a los derechos humanos. Segundo porque ocultan con datos maquillados las cifras de la delincuencia y manipulan la aceptación de la población respecto a instituciones como la Policía y el Ejército.
Y tercero porque quiere presentar la administración del presidente Daniel Ortega caracterizado por un sistema democrático y participativo, cuando la realidad es otra. El concepto construido de “Libro Blanco” históricamente es transparencia, es un ‘esto somos y lo decimos aquí’. El documento del Gobierno está muy lejos de este significado.
“Este es un libro salvavidas que se tira el Gobierno asimismo para flotar en medio de esta crisis. Lo más indicado hubiese sido que en lugar de publicar ese documento se hubiera aclarado bien el caso de Las Jagüitas, la masacre de la Cruz del Río Grande y la muerte de los rearmados”, afirmó Cajina.
Carrión aseguró que más que un libro, el documento pretende lavar la cara del régimen orteguista y vender su administración como “bendita, linda, única y original. Porque si acepta las graves violaciones a los derechos humanos sabe que habrá un gran impacto internacional”.
Para el general en retiro Hugo Torres un verdadero libro blanco debería decir toda la verdad y explicar que esos grupos armados se han levantado en contra del Gobierno por motivaciones políticas ante el cierre de espacios democráticos, de la posibilidad de escoger autoridades nacionales o municipales en elecciones libres y transparentes.
“Un libro blanco es para decir la verdad con objetividad, no para decir mentiras ni tratar de encubrir crímenes, no para encubrir arbitrariedades, abusos de poder. De blanco no tiene nada. Este es un documento perverso para tratar de hacer creer que todas estas muertes obedecen a la lucha contra el crimen organizado”, finalizó Torres.
