30 de junio 2022
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El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU llamó al Gobierno de Nicaragua a liberar inmediatamente a 13 presos políticos y demandó realizar una "investigación exhaustiva e independiente" de las circunstancias en torno a su privación arbitraria de libertad y adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.
Las reos de conciencia son: Arturo Cruz Sequeira, Violeta Granera, José Adán Aguerri, José Pallais, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Luis Rivas, Miguel Mora, Miguel Mendoza y Pedro Joaquín Chamorro Barrios.
A la vez solicitan una investigación específica sobre el caso de Hugo Torres, quien falleció bajo custodia policial el pasado 12 de febrero, que incluya un informe detallado de un experto independiente sobre la atención médica y de otro tipo que recibió.
El Grupo de Trabajo de la ONU solicitó que a los 13 presos políticos y a las personas beneficiarias de Torres Jiménez se les conceda el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.
Detenciones sin fundamentos
En su informe explicaron que sus detenciones son "de carácter arbitrario porque contravienen ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y nueve artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Nicaragua es firmante".
Indican que no hay fundamento jurídico que justifique las detenciones porque "estas personas fueron arrestadas por oficiales de la Policía Nacional acompañados de civiles armados, o por otras fuerzas coercitivas del Estado excesivamente armadas, sin orden y justificando el arresto con la supuesta comisión de un delito".
"Sus casos son ejemplos del uso de procedimientos penales para que personas críticas al Gobierno actual, que han trabajado en favor del cambio democrático y la defensa de los derechos humanos, no expresen sus opiniones ni participen en la vida pública", menciona el documento.
El Instituto Race and Equality, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) respaldó el llamado y a su vez exigió el cese de las detenciones arbitrarias, y la liberación inmediata y sin condiciones de las más de 190 personas privadas de libertad por motivos políticos.
"Expresamos nuestra profunda preocupación por las condiciones de detención de las personas presas políticas, que como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes; y son especialmente alarmantes para las personas adultas mayores, mujeres y personas con padecimientos crónicos que no están recibiendo atención médica especializada", manifiestan en un pronunciamiento.
Piden investigar torturas
Esta semana también se divulgó un informe sobre las torturas en las cárceles de Nicaragua que pide al Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU instar al Gobierno de Daniel Ortega a que investigue los casos de torturas contra los presos y excarcelados políticos.
El informe, elaborado por la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) y la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua (UPPN), concluyó que el CAT "debe instar al Estado a garantizar de inmediato la apertura de las investigaciones judiciales por los casos de tortura, tratamientos crueles e inhumanos y degradantes".
El informe fue elaborado con base en 30 entrevistas a personas víctimas de tortura durante su detención arbitraria como consecuencia de la represión desatada por parte del Estado frente a las manifestaciones iniciadas en abril de 2018.
Según el informe, los 30 casos documentados forman parte de un grupo de más de 1600 nicaragüenses que a partir de 2018 sufrieron detenciones arbitrarias, ejecutadas por policías y personas de civil, y de los cuales más de 800 de estas personas "han sido juzgadas y condenadas a prisión por jueces parcializados a favor del Gobierno de turno".
De los 20 hombres y diez mujeres entrevistadas para el informe, 25 dijeron haber sido víctimas de "uso de fuerza excesiva por parte de los captores", 20 de ellas "estando esposados", 13 dijeron que fueron golpeados "con tanta fuerza que se le provocaron moretones o raspones", y tres sufrieron "heridas graves o quebraduras", una víctima "fue desnudada parcialmente".
Torturas sexuales
"En su mayoría (26) las víctimas fueron torturadas en más de una manera, once víctimas reportaron la aplicación de entre cuatro y nueve métodos de tortura en su caso. El 93% de las víctimas reportó el uso reiterado de los métodos de tortura, en especial de amenazas y golpizas durante los interrogatorios", agregó el informe.
En el caso de las mujeres se detectó "una tendencia" de "amenazas con hacer daño a sus hijas e hijos por medio de la violencia sexual y de matar o apresar a familiares, padres o parejas".
"También se amenazaba con la realización de torturas físicas. Casi todas las mujeres fueron desnudadas forzosamente en repetidas ocasiones", menciona el documento.
En el caso de los hombres, "hubo una tendencia manifestada en algunos casos de enfocarse en los genitales: forzar la apertura de las piernas y propinar varias patadas o golpes a los genitales durante varios minutos hasta horas, provocando que se desmayara la víctima y se le despertara de bofetadas en la cara solamente para seguir con las patadas en sus partes íntimas".
Estas personas además sufrieron "asedio, amenazas y violencia, por parte de agentes de la Policía Nacional y agentes paraestatales", así como el desplazamiento forzoso, tal como ocurrió a 21 de los 30 entrevistados.
Elevada migración forzada
Un sistema estatal de represión contra la disidencia y la prensa y una migración forzada, no vista ni en tiempos de guerra, es la realidad que vive Nicaragua en la actualidad, denunció este miércoles el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
"El régimen dictatorial consolidó el estado policial de facto mediante un terrorismos de Estado, un aparato represivo altamente eficaz y la sumisión total de todos los poderes. En Nicaragua no existe el Estado de derecho", declaró Juan Carlos Arce, uno de los miembros del Colectivo.
Según el informe, el régimen de Ortega ha llevado adelante acciones como actos confiscatorios para apropiarse de cuentas y bienes tras acusar a organizaciones de lavado, terrorismo y de desestabilizar. "La verdadera intención es eliminar cualquier forma de disidencia desde la raíz", expresó Arce.
De acuerdo a esta organización, la prensa ha sido otro de los blancos de la represión al punto de que en Nicaragua ya no existen periódicos impresos, 23 medios han sido cerrados o allanados por las autoridades y al menos 120 periodistas han tenido que exiliarse.
El informe registra 1520 agresiones contra periodistas y alerta sobre la impunidad en que se encuentra el asesinato del comunicador Ángel Gahona tras cuatro años de los hechos.
También alertan de un desplazamiento forzado de nicaragüenses que no se había visto antes, ni siquiera en tiempos de guerra. La investigación indica que alrededor de 200 000 nicaragüenses han huido de la represión a Costa Rica durante la crisis surgida tras las protestas de 2018 y que se consolidó con la reelección de Ortega en noviembre pasado. Además, 142 000 nicaragüenses han sido interceptados tratando de ingresar a Estados Unidos.
En cuanto a los nicaragüenses que huyeron a la vecina Costa Rica, la mayoría tienen dificultades para acceder a los servicios públicos de salud y educación, así como para obtener empleos dignos, señala el informe.
Con información de EFE
