11 de noviembre 2021
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El Hospital Dr. Antonio Lenín Fonseca despidió sin justificación, este miércoles, a la técnica en anestesia Ángela del Carmen Duartes, después de 23 años de laborar en ese centro médico. La afectada considera que su despido es represalia porque no votó por el Frente Sandinista este 7 de noviembre, y de alguna manera, “se enteraron”.
“Suponía que el voto era secreto, pero aparentemente, las boletas parecen que tenían un código —eso es lo que dicen varios—. Seguramente miraron que yo voté por otro partido, menos por ese (el Frente Sandinista)”, expresó Duartes a CONFIDENCIAL.
La anestesista subrayó que a los trabajadores del Estado les solicitaron mostrar su pulgar manchado como prueba que ejercieron el sufragio, y bajo esa presión, muchas personas no tuvieron otra opción que asistir a las urnas. “Yo voté en otra casilla. ¿Para qué iba a desperdiciar el voto? Lo que les interesaba era que el dedo lo llevara manchado y, aún así, miraron”, se lamentó.
También asocia su despido a una publicación que realizó en su perfil en una red social, en la que se leía “huella limpia, conciencia limpia, triunfo para el Frente Sandinista”. El principio del mensaje concuerda con el llamado de la oposición a la población que rechazaran la “farsa” electoral quedándose en sus casas, no yendo a votar, y por ende, manteniendo sus pulgares limpios.
Custodia hasta la salida del Hospital Lenín Fonseca
Alrededor de las 9:45 de la mañana de este miércoles 10 de noviembre, el jefe de Duartes la convocó a la Dirección del hospital. Al entrar a la oficina encontró a siete personas, entre personal de Recursos Humanos y extraños. Le indicaron que se sentara y le entregaron la carta en la que se leía: “le notifico que a partir de la fecha se da por terminado su contrato de trabajo en el cargo que ha venido desempeñando como técnica de anestesia para este hospital”, sin citar ningún artículo de ley o explicar razones.
Duartes cuestionó la causa de su despido, pero no obtuvo respuesta. Lo único que le decían era: “firme la carta”, incluido un hombre que se identificó como el asesor legal del Silais Managua. Incluso, les mostró el dedo manchado con la tinta indeleble, pero la respuesta fue la misma; que firmara.
Finalmente, aceptó y su salida fue custodiada por un guarda de seguridad y otro hombre que portaba la insignia del Frente Sandinista en la manga de su camisa blanca.
La extrabajadora de la Salud señaló que ni siquiera consideraron que tiene una invalidez, por causa de una enfermedad desde el 2014, y por ello trabaja medio tiempo.
La carta fue firmada por Román Herrera, responsable de Recursos Humanos, con copia al director general del Hospital, Julián Corea. La misiva sigue el guion de otros despidos arbitrarios a trabajadores de la Salud y del cuerpo docente, en los que solo les notifican que prescinden de sus servicios y que pasen por Recursos Humanos para el trámite de liquidación.
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Empleados públicos bajo presión
Este lunes varios trabajadores del Estado confirmaron a CONFIDENCIAL que se sintieron presionados a votar para no perder sus empleos. Trabajadores de la Salud, como Duartes, docentes, y otros profesionales aseguraron que sus jefes mantuvieron un control de quiénes iban o no a las urnas, y solicitaban fotografías de su dedo manchado. En el caso del Lenín Fonseca, según Duartes, “a todo mundo se lo estaban revisando (el pulgar)”.
Quienes no fueron a votar y trabajan para alguna institución del Estado pueden tener problemas, consideran otros empleados públicos. Específicamente, el gremio docente teme que tras las votaciones de este 7 de noviembre, en el que Daniel Ortega junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, se garantizaron su cuarto periodo consecutivo en el poder mediante un proceso electoral opaco y que ha sido rechazado por más de 40 países, se dé una ola de despidos.
En 2020, al menos una docena de médicos de hospitales públicos y centros de salud fueron despedidos por cuestionar el manejo de la pandemia de covid-19. En julio, el Ministerio de Salud (Minsa) citó a varios especialistas, quienes denunciaron la falta de credibilidad de las estadísticas de contagios y fallecimientos de covid-19 por parte de la entidad sanitaria, y les advirtieron que se abstuvieran de pronunciarse al respecto, amenazándolos hasta con cancelar su licencia médica.
