Cindy Regidor
3 de abril 2019
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Un año atrás, el incendio en la Reserva Biológica de Indio Maíz desató la protesta contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que días más tarde --con el anuncio de las reformas a al Seguridad Social-- desató las protestas ciudadanas de la ahora llamada Rebelión de Abril, reprimida brutalmente.
El Gobierno pasó de negar y minimizar el incendio, a un tratamiento negligente, mientras la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua era la primera en denunciar la gravedad del incendio en la Reserva Indio Maíz, que inició el tres de abril de 2018.
Amaru Ruiz, de la Fundación del Río, en conferencia de los miembros de la Alianza Nicaragüense Ante el Cambio Climático, en junio de 2017. Confidencial | Carlos Herrera
Desde entonces recibió amenazas por parte del Gobierno de Daniel Ortega hasta que finalmente la despojaron de su personería jurídica junto a la de otras organizaciones de la sociedad civil en diciembre de ese mismo año, cuando el régimen aumentó el nivel represión y asedio contra quienes denuncian y critican su actuar dictatorial. Amaru Ruiz, su presidente, ahora está exiliado en Costa Rica, desde donde asegura que continúa trabajando e insiste en que, en un proceso de transformación sociopolítica del país, la discusión de la agenda ambiental debe incluirse.
Desde el cuatro de abril del año pasado, la Fundación del Río, a la que pertenecés, había denunciado el incendio en la Reserva Indio Maíz y su gravedad ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento?
Nos encontrábamos con una situación de alerta que inició el tres de abril en la madrugada. Las poblaciones locales y sobre todo los gobiernos territoriales Rama- Kriol nos dijeron sobre un conato de incendio dentro de la reserva. A partir de ahí, iniciamos un monitoreo satelital de puntos de calor que demostraba y confirmaba que la situación de incendio era real y estaba sucediendo en esos momentos en esa área.
Sobre esa base hicimos una valoración rápida, sobre todo por los antecedentes que tenía la reserva, en torno al paso del Huracán Otto que fue un año antes y que había destruido, que había dejado material en el suelo que permitiría la ampliación de este incendio hacia otra zona. Además, había otras condiciones como la época de verano con altas temperaturas, no había llovido en la zona, existían fuertes vientos que generaron un proceso de expansión del incendio y por eso nosotros alertamos inmediatamente a las autoridades y a público en general sobre la situación de emergencia para tener una respuesta rápida. Sin embargo, como vimos, eso no sucedió, sino que (hasta) tres, cuatro días después hubo atención del Gobierno. Es decir, antes había una negligencia de parte de las autoridades.
A un año de lo ocurrido, ¿ha cambiado tu opinión sobre el manejo que hubo por parte del Gobierno ante el incendio?
Hemos hecho una valoración de cuál fue la actuación del Gobierno. En primer lugar, queremos decir que hubo negligencia para atender el desastre, sobre todo basado en la ley de atención de desastres, (que dice) que ante una emergencia, ya sea natural o antropogénica, se han de establecer las alertas pertinentes: verde, amarilla, roja. En segundo lugar… sabemos que el responsable del incendio se encuentra en libertad y vive en la comunidad de San Juan de Nicaragua.
Otra de las cosas importantes fue la negación de la entrada de los bomberos costarricenses al territorio nicaragüense para apoyarnos. Fue minimizada la colaboración del Gobierno de Costa Rica, a través de los bomberos, cuando realmente son los mejores que tenemos en la región, especializados en incendios forestales, capacitados por el Servicio Forestal del Estados Unidos en tema de control de incendio…
En ese momento pudimos evidenciar que no existía un sistema de monitoreo de incendios, (que el Gobierno) no tenía capacidad de respuesta ante incendios forestales, no tenía material adecuado -porque no solo con agua se puede enfrentar este tipo de incendios-, sino que hay material químico que se utiliza en incendios forestales por las grandes cantidades de calor que producen, pero Nicaragua no tenía la capacidad.
¿Por qué crees que el Gobierno tomó esta actitud? No se decretó emergencia nacional, no aceptar la ayuda internacional.
El Gobierno quería demostrar que tenía la capacidad para enfrentar este fenómeno. Yo creo que hay que reconocer y ser humilde, sobre todo cuando se gobierna y se toman decisiones, porque se enfrentaba a un fenómeno que rebasaba las capacidades que el Estado tenía en ese momento.
El Gobierno no quiso asumir la responsabilidad y creo que también, políticamente, él estaba en otra agenda, previa a la reforma de la seguridad social, entonces no quería poner atención a estos problemas ambientales, (lo que ha sucedido) no solo en ese momento, sino desde el inicio del período de Gobierno de Ortega. No hay una agenda política alrededor del tema ambiental como prioridad de la nación.
¿Qué ha sucedido con la Reserva desde entonces? ¿Se puede conocer el impacto que tuvo el incendio?
En colaboración con Centro Humboldt, realizamos un estudio a través de dos visitas en las cuales pudimos determinar en campo cuál ha sido el impacto del incendio.
El Gobierno no ha presentado públicamente cuáles fueron los resultados de sus propias investigaciones y desconocemos si tienen algún estudio. Sin embargo, nosotros pudimos identificar que se quemaron alrededor de 5,537 hectáreas en la Reserva Biológica Indio Maíz, de las cuales el 44% están dentro de la reserva y el restante está en el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, que es también parte del sistema de áreas protegidas del sureste de Nicaragua.
El impacto mayor ocurrió, sobre todo, en el ecosistema de yoliyales, pero también hubo impacto en el sistema de bosque latifoliado denso. Este bosque se encuentra en la zona núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz.
Analizamos, con un grupo de expertos que fue a la zona… y hallamos que las especies más afectadas correspondían a las especies de mamíferos y moluscos. Esto tenía que ver con la pérdida de hábitat, (se dio) el desplazamiento de algunas especies de mamíferos, y en cuanto a la afectación de moluscos, por el cambio de las calidades y condiciones de esos ecosistemas que van en detrimento de la supervivencia de estas especies.
¿Qué ha sucedido con las principales amenazas que históricamente ha vivido la Reserva, especialmente el despale y la invasión de colonos?
El incendio no es un tema único dentro de las amenazas que tiene la Reserva. Hemos venido denunciando la instalación de escuelas dentro de la Reserva, la construcción de trochas hacia la zona núcleo por la Alcaldía Municipal de El Castillo, hemos denunciado los proyectos de paneles solares que están dentro de las comunidades invasoras y el proceso de colonización e invasión tanto del territorio indígena Rama- Kriol, como de la zona núcleo.
Esas amenazas siguen poniendo en peligro la preservación de la Reserva y arriesga los servicios ecosistémicos que provee el bosque a las poblaciones locales y aledañas. Recordemos que mucho del turismo de Río San Juan se da gracias a que la Reserva representa uno de los atractivos principales de la zona.
¿Qué ha sucedido en el último año con las comunidades indígenas de la zona? ¿Continúa la Fundación trabajando con ellas?
Fundación del Río va a continuar trabajando. Creemos que es importante seguir incidiendo sobre el tema ambiental tanto en el sureste de Nicaragua, como de todo el país, vinculando el trabajo de los gobiernos comunales y territoriales, los gobiernos indígenas y las comunidades campesinas.
Este trabajo contribuye a sensibilizar y poner en la agenda política nacional el tema ambiental como una de las prioridades para el desarrollo y la transformación sociopolítica del país. No es posible que sigamos dándole la espalda a los recursos naturales y a estas áreas protegidas cuando éstas representan la base del desarrollo económico de un país.
El desarrollo económico se basa, principalmente, en la administración de los recursos naturales y por eso nosotros vamos a continuar trabajando según las posibilidades y asumiendo los riesgos necesarios para enfrentar los problemas ambientales que están en la cuenca del Río San Juan.
El 13 de diciembre el Gobierno de Nicaragua le quitó a Fundación del Río su personería jurídica, pero las amenazas empezaron desde antes, desde abril cuando denunciaron el incendio, ¿qué ha sucedido con este caso?
Ha representado un duelo a nivel personal y organizacional. Las comunidades han mostrado su solidaridad por esta acción ilegal y arbitraria de quitar la personería jurídica de la organización. También nos quitaron dos radios de comunicación local, Radio Voz Juvenil y Radio Humedales, que estaban al servicio de la comunidad y es de las cosas que más resiente la población local, porque eran los medios de información que ellos sintonizaban y aportaban (contenido) a la programación de las mismas.
(El cierre) representa una acción más de amedrentamiento y de querernos callar por las denuncias ambientales sobre la negligencia y la falta de actuación de las instituciones del Estado en la temática ambiental.
Consideramos pertinente que en este proceso de diálogo también se discuta la restitución de las personerías jurídicas de las organizaciones y se devuelvan los equipos a Confidencial, Esta Noche, Esta Semana y a todos los otros medios, que se devuelvan las propiedades de las organizaciones que hoy siguen tomadas como un acto de represalia.
¿Por qué tuviste que exiliarte?
Lamentablemente, debido a las presiones y las posibles agresiones a mi integridad física, yo tuve que salir fuera del país. Es una decisión difícil, sobre todo cuando uno tiene familia y tiene construida una vida en el país. Y, además, cuando uno tiene amor a Nicaragua, a tu país. Por las acusaciones de terrorismo, daños, amenazas, luego de un atentado que sufrí en mi casa de habitación, pensamos que era importante salvaguardar la integridad física mía y del resto del equipo de la fundación y por eso tomé la decisión de salir y venir a Costa Rica y seguir el trabajo desde aquí.
¿Esperabas hubiera tanta indignación de la población, especialmente de los jóvenes ante el incendio de la Reserva que cumple un año? ¿Era justificada esa indignación?
Las manifestaciones de los estudiantes y de la población en general demostraron que existe una conciencia ambiental y un interés sobre estas generaciones para que, tanto el Estado como la población, actúen frente a estos fenómenos que suceden, pero también frente a deterioro ambiental que ha ocurrido no solo en la Reserva Biológica Indio Maíz sino en la mayoría de áreas protegidas del país.
Eso demuestra el interés de la población en que se tomen medidas frente a ese deterioro, que se tomen políticas de Estado que garanticen la protección de estos ecosistemas, que protejan estos recursos naturales para que podamos disfrutar de ellos tanto esta como la futura generación.
¿Cómo cabe la demanda de la Fundación del Río de proteger los recursos naturales en el actual contexto y un eventual gobierno democrático?
En este proceso de transformación sociopolítica del país la agenda ambiental debe estar y debe ser de las cosas que se discutan en función del desarrollo sostenible de Nicaragua. No puede ser que siga siendo excluida la agenda ambiental. Es fundamental que se discuta todo el marco jurídico ambiental que ha ido debilitándose, sobre todo debido a la alianza entre el sector privado y el gGobierno; pero que también se discuta el modelo de desarrollo extractivista y de monocultivos que se ha desarrollado como política gubernamental y que va en detrimento de la población y de los recursos naturales.
Para nosotros es fundamental que se mantenga este tema sobre todo en este proceso de transición hacia un país democrático, donde los valores ambientales deben jugar un papel en la construcción de esa sociedad que tanto deseamos, para salvaguardar esos recursos naturales y ver otras alternativas más sostenibles de desarrollo.
*Sintonizá este miércoles la entrevista en nuestra edición de Esta Noche, a través de nuestro canal en YouTube.
