4 de noviembre 2021
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El Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) alertan sobre un "drástico y rápido cierre de los espacios cívicos" en Nicaragua, que "se ha alimentado" de la aprobación de una "maquinaria de leyes represivas" y la "utilización de expresiones paraestatales para neutralizar la oposición y las críticas" al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
"Cuando la institucionalidad está puesta al servicio de la concentración del poder, todo cuestionamiento es indeseable y se evita", denuncian ambos organismos en el informe "Las nuevas leyes de la represión", en el que retratan que esto convierte a Nicaragua "en uno de los lugares menos propicios del continente" para los derechos humanos.
Explican que, bajo este contexto, se realizarán las elecciones generales este próximo 7 de noviembre, "sin oposición democrática y con el trabajo y las voces de quienes defienden los derechos humanos acalladas", lo que lleva a Nicaragua al afianzamiento de "un régimen totalitario".
"El Gobierno ha pretendido instalar un discurso oficial que construye como enemigo interno a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositoras, lo que claramente representa un intento de disuadir a la gente de defender los derechos humanos, atemorizar a quienes lo critican y someterlos al silencio", lamentan.
#SOSNICARAGUA 🔵 Se han promulgado varias leyes para obstaculizar la libertad de expresión y desmantelar a la sociedad civil, lo que convierte a #Nicaragua en uno de los lugares menos propicios del continente para ejercer el derecho a defender derechos
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— FIDH (@fidh_es) November 3, 2021
Hasta la fecha contabilizan a más de 150 personas detenidas en el contexto de la represión en Nicaragua, "mediante un marco normativo represivo que busca asfixiar a la sociedad civil nicaragüense", que desde mayo de 2021 ha encarcelado a 39 personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos, incluyendo siete precandidatos presidenciales.
Además detallan que, desde 2018, se han cerrado 50 organizaciones no gubernamentales. Esta nueva etapa represiva es caracterizada, en el informe, con "la promulgación de leyes restrictivas que controlan abusivamente las actividades de las organizaciones de la sociedad civil".
"Ponen bajo sospecha su financiamiento internacional, asumiendo que es un instrumento de intervención extranjera o un mecanismo del crimen organizado y del terrorismo, convirtiendo el derecho a asociarse para defender derechos humanos y el ejercicio de derechos civiles y políticos en delitos o ciberdelitos", mencionan.
Niegan denuncias
El informe explica que "cada denuncia sobre las arbitrariedades y violaciones cometidas, lejos de promover un acto de corrección por parte del Estado, se devuelve con negación, tergiversación o descrédito".
Recuerdan, que durante la Audiencia Pública sobre Medidas Provisionales del Cenidh y la Comisión Permanente de
Derechos Humanos (CPDH), en mayo de 2021, la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDH) afirmó "que las medidas provisionales estaban siendo usadas para fines mediáticos e ideológicos y que se fabricaban situaciones inexistentes".
"Con esta máxima que impregna todo el aparato estatal, se construyó un robusto aparato jurídico que controla las actividades de las organizaciones -caracterizadas como enemigos-, que obstruye su quehacer, les priva de su financiación, se inmiscuye en los asuntos más propios de las mismas, cancela su personería y confisca sus sedes y equipos", denuncian.
Urgen liberar a presos políticos
Tanto el Observatorio como el Cenidh demandan, en el informe, al Estado de Nicaragua "liberar de forma inmediata e incondicionalmente" a las 39 personas opositoras detenidas en el contexto electoral, así como "a las otras 114 personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos detenidas arbitrariamente".
Recomiendan "revertir el marco institucional, jurídico y administrativo construido bajo la presunción de que las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones son antirrevolucionarias, terroristas, golpistas o enemigas".
"El aparato judicial nicaragüense debe rescatar y dar primacía al principio de independencia de la justicia basado en el control convencional de las actuaciones de la función pública. Es urgente que el Poder Judicial de señales de lucha contra la impunidad y de acceso efectivo a la justicia por las violaciones cometidas contra las personas defensoras de derechos humanos", solicitan.
También piden permitir la entrada al país de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh), la Unión Europea (UE) y demás organismos internacionales, "para que puedan monitorear la situación de derechos humanos en Nicaragua".
Demandan presión internacional
Las organizaciones urgen a las Naciones Unidas, "establecer una misión internacional independiente de determinación de los hechos y enviarla urgentemente a Nicaragua para que pueda verificar las condiciones de detención de todas las personas defensoras de derechos humanos y personas opositoras políticas en el país".
A la vez que "investigue las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles inhumanos o degradantes cometidos desde 2018" con el fin de asegurar "la plena rendición de cuentas de los autores y justicia para las víctimas".
Exigen que "las misiones diplomáticas europeas pertinentes deben ser proactivas en la ejecución de las Directrices de la Unión Europea sobre Defensores de los Derechos Humanos creadas en 2007", que les solicita "hacer presencia en las sedes de sus organizaciones en los juzgados en los que se llevan a cabo los juicios en contra de sus miembros y en los centros de detención en las que permanecen encarcelados".
A las misiones diplomáticas de países latinoamericanos les piden "promover el cumplimiento de la Carta Democrática de la OEA" y a los países de los cuales son originarias las agencias de cooperación "que bajo el marco normativo creado (por el régimen Ortega-Murillo) son tildadas de financiar acciones terroristas, deben pronunciarse públicamente sobre los graves impactos que esta presunción tiene".
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es un programa creado en 1997 por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
