15 de marzo 2022
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Al final de una jornada de diez horas el viernes 11 de marzo, el juez Luden Martín Quiroz, del Juzgado Noveno Distrito de Juicio de Managua, “valoró” 3000 folios de pruebas y en menos de 30 minutos tenía una sentencia condenando a Cristiana Chamorro Barrios, a su hermano Pedro Joaquín, a Walter Gómez y Marcos Fletes —exfinancieros de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh)— y al conductor Pedro Vásquez, aseguraron abogados al tanto del proceso.
María Consuelo Céspedes, esposa de Gómez, sintió enojo e impotencia al ver tanta “arbitrariedad” e “injusticia” por el resultado de un juicio que duró siete días en su totalidad y que ella describe como lleno de irregularidades y sesgo político, expresados en jornadas diarias de ocho horas, mientras “al juez le tomó 10 minutos la decisión de ‘culpabilidad’”.
Así terminó la penúltima escena de un juicio político por “lavado de dinero” que las autoridades fabricaron en los últimos 290 días, a la que resta únicamente la imposición de una pena que oscilará entre siete y trece años, a petición de la Fiscalía, dependiendo de cada acusado.
La trama judicial permitió la inhabilitación de Chamorro Barrios bajo cargos falsos en una persecución que ella atribuyó antes de su captura el 2 de junio de 2021 al miedo de Daniel Ortega a perder las votaciones presidenciales.
Para Norma Vega, la esposa de Pedro Vásquez, otro de los condenados, la sentencia fue como un golpe que destruyó sus planes y sus sueños. “Soñaba que íbamos a estar juntos, qué cultivaríamos la tierra, pero nuestros sueños se truncaron todos. Cuando leyeron la sentencia, me quitaron las ilusiones, me truncaron la paz. Pedro (Vásquez) ha sido y será un hombre maravilloso, educado y servicial. Lucharé (por él) hasta que Dios me dé fuerza”.
Así montaron la farsa en caso de FVBCh
Según los juristas consultados, todo el proceso de la FVBCh iniciado en junio del año pasado fue un “farsa judicial” contra Chamorro Barrios, en la que el Estado buscó también intimidar a 60 periodistas que fueron citados en los primeros meses para declarar sobre su relación con la Fundación, a la que el régimen acusó de desviar fondos del programa de medios para financiar a actores que buscaban “desestabilizar” al país.
“Se criminaliza un esfuerzo de más de 20 años (de promover la excelencia en el periodismo), iniciado por mi madre, doña Violeta Barrios de Chamorro, quien al terminar su gobierno quiso seguir poniendo un granito de arena para honrar el legado de su esposo, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado por ser periodista y defender las libertades públicas”, dijo la exprecandidata presidencial, quien se encuentra bajo arresto domiciliario y fue encontrada culpable de los presuntos delitos de lavado de activos, apropiación y retención indebida por lo que los fiscales pidieron trece años de prisión.
Durante todo el juicio fue notable que el juez Quiroz, a cargo del juzgado noveno distrito Penal de Juicio de Managua, obvió más de mil documentos como pruebas presentadas a favor de los acusados por sus defensas. Tampoco tomó en cuenta otras consideraciones relacionadas al deterioro físico y psicológico de los detenidos después de meses de encierro y la preocupación de los familiares, consecuencia del fallecimiento el 11 de marzo pasado del general en retiro Hugo Torres, un héroe antisomocista que murió convertido en un prisionero político de Ortega.
“La farsa judicial duró más de nueve meses, se privó de su libertad a cinco ciudadanos nicaragüenses, que como se demostró en el juicio, son inocentes de todos los delitos que les han acusado. El proceso que dio origen a esta sentencia estuvo viciado desde su inicio. La Policía admitió que tanto los allanamientos a las viviendas de los procesados, su detención, así como la ocupación de sus bienes, fue ilegal puesto que se realizó sin orden judicial previa, anulando así todos los actos posteriores”, explicaron.
Las anomalías siguieron con las audiencias secretas en la cárcel El Chipote en las cuales ni siquiera se les permitió a los acusados ser representados por abogados de su elección. La orden fue siempre mantenerlos aislados “sin saber siquiera el contenido de la acusación”. Los defensores dijeron que de manera sistemática se le presentaron solicitudes al juez para que diera acceso al libelo, pero nunca lo permitió. El silencio fue su respuesta.
Después de cuatro meses de estar detenidos, se dio la audiencia inicial, en la cual la juez Karen Chavarría debía decidir si había mérito para llevar el caso a juicio. Fue entonces cuando pudieron ver a sus defensores, quienes conocieron por primera vez la acusación cinco minutos antes del inicio de la sesión, junto con un listado de las supuestas pruebas.
Chavarría fue incluida recientemente por Estados Unidos en la lista “Engel” de restricción de visas por “subvertir procesos legales” para actuar contra opositores. Estuvo a cargo de esa fase inicial desde el juzgado noveno distrito penal de audiencias de Managua cuando ignoró los señalamientos de detención ilegal y violación a la presunción de inocencia que se hizo en su contra.
Más de un mes después de la audiencia inicial, según los abogados, la Fiscalía aceptó entregar copias de las presuntas pruebas de la acusación. A ninguno se le entregó la totalidad de las mismas, contenidas en el escrito de intercambio. Tampoco pudieron hablar con sus clientes.
Las peticiones al juez Quiroz para que a los defensores les permitieran entrevistarse con los acusados fueron desoídas entre septiembre de 2021 y febrero de 2022, igual que las demandas para que fuesen examinados por médicos para determinar su estado de salud. Durante los nueve meses detenidos, los acusados han podido hablar con su defensa solo cuando los han visto en audiencias durante cinco minutos y ante presencia policial.
“Cuando los procesados habían cumplido más de seis meses privados de libertad, sin que se les dictara sentencia, los defensores presentaron escritos pidiendo la libertad inmediata de sus defendidos con base en el Código Procesal Penal que establece un máximo de seis meses para la duración del proceso penal y estipula que, si el juicio no ha concluido en ese plazo, los procesados deben ser absueltos y puestos en libertad. Todas las peticiones fueron ignoradas”, lamentaron.
Los “argumentos” del juez
El 3 de marzo pasado, cuando el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que había saña contra Chamorro Barrios y los extrabajadores de la FVBCh, los abogados defensores demandaron nuevamente la liberación de los detenidos e insistieron en las violaciones a los derechos de los defendidos. Todos los argumentos fueron nuevamente desestimados, empezando por el plazo máximo para sentencia que el juez incumplió—era de seis meses— y que él justificó diciendo que el incumplimiento se debía a que había tenido “una agenda sobrecargada”.
Sin embargo, “el juez Quiroz realizó al menos 20 audiencias de casos que ingresaron con posterioridad a la acusación contra los miembros de la FVBCh”, añadieron los defensores, quienes denunciaron que no se les permitió el ingreso de computadoras y teléfonos en las audiencias. Eran obligados además a registros corporales, a diferencia del buen trato prodigado a los fiscales.
Los judiciales Chavarría y Quiroz forman parte de la maquinaria de jueces, fiscales, y policías que cumplieron las órdenes políticas emanadas por Ortega que condenó anticipadamente a los acusados, llamando a los presos políticos el 8 de noviembre de 2021 “hijos de perra del imperialismo”. Entre los mismos reos de conciencia había siete precandidatos presidenciales, líderes políticos, empresariales y civiles, quienes fueron encarcelados en los meses previos a las votaciones en las cuales Ortega se reeligió sin competencia electoral.
El equipo del Ministerio Público estuvo integrado en el caso de la FVBCh por los fiscales Carlos Rafael Espinoza Castilla, Manuel de Jesús Rugama Peña y Giscard Antonio Moraga Guillén. A todos ellos les fue imposible probar las acusaciones del Estado, según las fuentes.
Los primeros testigos civiles confirmaron ante el juez al inicio del juicio la inocencia de los procesados, posteriormente al Estado le fue peor cuando citó a 16 policías, quienes aceptaron que la información en que basaron sus actas de allanamiento se las habían proporcionado sus jefes.
“Ante el interrogatorio de los defensores, los oficiales confesaron que ellos no habían participado en los actos de los que daban fe las respectivas actas firmadas por ellos, es decir que dieron fe de algo de lo que no tenían certeza. Esto por sí mismo bastaba para anular toda la supuesta prueba de la Fiscalía puesto que cualquier dictamen practicado a la misma era nulo por no tener certeza del origen e identidad de los objetos ocupados y por la segura contaminación de la prueba al haber estado en poder de personas desconocidas”, alegaron.
También la directora del Departamento Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación (Migob), Franya Urey Blandón, admitió que solo podría declarar sobre la remisión a la Policía de un informe suscrito por Luis Carlos Hernández Mendoza, analista financiero de la misma institución.
Cuando fue cuestionado por la defensa, Hernández aceptó que no tenía conocimientos sobre el caso, empezando por “no tener las credenciales ni la preparación necesaria para elaborar una auditoría del tipo que suponía estar contenida en el informe”. Dijo no ser contador, no conocer las normas nacionales de contabilidad para la elaboración de ese tipo de documento, no sabía tampoco quién le había proporcionado la información para elaborarlo y aceptó que “nunca antes había elaborado uno de ese tipo”.
Ese viernes 11 de marzo de 2022, el Ministerio Público decidió prescindir de parte de su prueba documental y entonces llamó al capitán Jairo Ramírez Carrión, autor del informe preliminar de investigación y análisis financiero de la Policía, pero tampoco sabía en el último día de juicio quién había proporcionado la información en la cual basó su informe, mientras dijo con descaro que “seguía trabajando porque su documento era preliminar”.
El oficial confirmó que el origen de los fondos de los donantes de la FVBCh como USAID era lícito y aceptó que han servido para financiar proyectos de formación de policías, fiscales y jueces. “Al final el perito en que la Fiscalía cifraba sus esperanzas, afirmó de forma expresa que su informe no probaba la existencia de ningún delito”, opinaron los abogados.
