7 de octubre 2022
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La justicia argentina podrá requerir la extradición de Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y sus cómplices en la masacre y represión en Nicaragua, si la investigación penal abierta en contra de ellos determina sus responsabilidades en crímenes de lesa humanidad, afirma el abogado Uriel Pineda, experto en derechos humanos.
“Daniel Ortega, Rosario Murillo o quien derive con estos señalamientos de responsabilidad o con imputaciones en este proceso van a convertir a Nicaragua en una cárcel para ellos porque, al momento que salgan a cualquier país de la región, del continente, incluso países europeos, al momento que pongan un pie en territorio extranjero, pueden ser requeridos por las autoridades argentinas en un proceso de extradición”, afirmó el jurista.
El 5 de octubre, en los tribunales de Comodoro Py, Buenos Aires, Argentina, se abrió una investigación penal -basada en el principio de jurisdicción universal- contra Ortega, Murillo y las altas autoridades de su régimen para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
La investigación inició, según un reporte de Infobae, a partir de la denuncia presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota contra el mandatario nicaragüense, su esposa, y todos aquellos funcionarios que integren el aparato represivo que persigue a manifestantes, disidentes y opositores que se han atrevido a protestar desde 2018.
Entre los acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, además de Ortega y Murillo, se encuentran el jefe de la Policía Nacional, el comisionado general Francisco Díaz; el asesor presidencial, Néstor Moncada Lau; el jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés Castillo; el ministro de transporte, general en retiro Óscar Mojica; el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Gustavo Porras Cortés.
También el director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López; el asesor presidencial en temas de defensa y seguridad, Óscar Valladares; la exministra de salud, Sonia Castro; y el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes Ramírez.
“Una alternativa de justicia”
El juez federal Ariel Lijo de Argentina ordenó enviar un exhorto a la justicia nicaragüense para que informe si hay causas abiertas donde se investiguen ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas, o torturas.
El abogado Pineda explicó en Confidencial Radio que el exhorto es enviado precisamente como parte del proceso de la investigación penal basada en la “jurisdicción universal”, reconocida en la Constitución de Argentina, ya que este primeramente busca “descartar y demostrar jurídicamente la inactividad de las autoridades judiciales en Nicaragua, ya que es deber del Estado sancionar y capturar a los responsables de estos crímenes y si esto no ha ocurrido lo que hay es una omisión por un colapso en este caso sustancial de la administración de justicia”.
“Cuando un país no tiene la capacidad o la libertad de procesar, enjuiciar, a las personas que cometen estos graves crímenes, entonces deben activarse instancias internacionales, de manera tal que el requerimiento hecho por las autoridades argentinas lo que viene es a verificar, constatar, que efectivamente en Nicaragua existe un colapso sustancial de la administración de justicia por lo que es imposible para las víctimas acceder a justicia en ese país y se habilita en ese sentido la posibilidad de que se inicien acciones donde, no solo desde el ámbito investigativo, sino que también pueda eventualmente enfrentar la justicia no solo Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino que cualquier persona que dentro de la aplicación de esta política gubernamental, esta política de Estado, para perseguir, reprimir, torturar a los opositores en Nicaragua, tenga vinculación a un proceso penal en Argentina”, añadió.
Además, destacó que esta investigación penal brinda “una alternativa de justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, o de genocidio en algunos casos, sobre todo ante los aires de impunidad que se pueden respirar en algunos países”.
El jurista explicó que el “objetivo principal es procesar a quienes resulten responsables” y se requiere primeramente la “integrarse la documentación pertinente que acredite la posible comisión de crímenes de lesa humanidad”. Aunque, rescató que también se necesita la presencia de las personas señaladas dentro de Argentina y, como eso no es posible en el caso de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus cómplices, se hacen necesarios los requerimientos de la justicia argentina sobre procesos de extradición.
Canal de comunicación con las víctimas
Pineda destacó que es importante que los diferentes sectores que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos en Nicaragua apoyen el proceso de documentación que inicia tras la apertura de esta investigación, estableciendo un “un canal de comunicación con los actores que en Argentina están impulsando este proceso”.
“Argentina no es uno de los destinos de este éxodo que hay de nicaragüenses víctimas de la represión y por lo tanto se necesita superar esa brecha, de manera tal que establecer contacto, suministrar información, testimonios a estos actores lo que permitirá avanzar este proceso en Argentina”, indicó.
“Este ejercicio de documentación no busca acreditar un contexto, que también es importante, lo que busca es dar rostro a las víctimas y dar rostro a los responsables directos de estos crímenes”, apuntó.
La denuncia hecha por los abogados Richarte y Pirota describe el contexto social y político que se vive en Nicaragua desde 2018, partiendo de una serie de informes e investigaciones realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos (ONU), la Organización Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua.
Dichos informes indican una serie de etapas en la estrategia represiva del régimen de Ortega, que ha dejado al menos 355 asesinados en el país, un millar de presos políticos y más de 100 000 nicaragüenses en el exilio.
