6 de mayo 2022
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La justicia del régimen orteguista ha admitido al menos siete recursos de apelación correspondiente a igual número de presos políticos recluidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el Chipote. Esta nueva fase de la batalla legal por la liberación de los reos de conciencia es considerada por los defensores como una oportunidad para "seguir documentando las violaciones al debido proceso", mientras ven con incredulidad la posibilidad que las sentencias sean revocadas.
Los jueces orteguistas han condenado a 55 de 68 personas capturadas en la última oleada represiva en el contexto de las votaciones generales de 2021. En su mayoría, líderes cívicos, sociales, políticos, estudiantiles y defensores de derechos humanos, a quienes les impusieron penas de entre siete y trece años de prisión.
Hasta ahora los recursos admitidos corresponden al periodista Miguel Mendoza (nueve años de prisión); al excandidato a la presidencia, Miguel Mora (trece años); la abogada, María Oviedo (ocho años); el comentarista político Jaime Arellano (trece años); el exaspirante a la presidencia, Noel Vidaurre (nueve años); el integrante de Unamos, Víctor Hugo Tinoco (trece años) y el miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Alex Hernández (diez años).
Los abogados defensores apelaron a la sentencia, mediante un recurso dirigido al Tribunal de Apelaciones. Una vez admitido, el Ministerio Público debe responder en un plazo de doce días las irregularidades —agravios— expuestos por la defensa del preso político. Posteriormente, el Tribunal deberá convocar a una audiencia oral y pública para que las partes expresen sus alegatos.
El Tribunal puede resolver a favor del reo, con la revocación de sentencia o en contra, mediante la ratificación de la misma, explicaron abogados consultados. El defensor Mynor Curtis, quien ha estado al frente de varios procesos de reos de conciencia desde 2018, sostiene que la admisión del recurso casi siempre se ha otorgado cuando se presenta en tiempo y forma, pero lo que nunca ha pasado es que la sentencia del Tribunal favorezca al preso político.
“En estos casos de los presos de conciencia, normalmente, de acuerdo a los patrones que hemos tenido, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia en todos sus extremos. Todo lo que dijo el juez lo confirma”, expresó Curtis.
Sin embargo, para el abogado Henry Salatiel López, defensor del preso político, Alex Hernández, sí es una sorpresa que el recurso fuera admitido, no por falta de fundamentos, sino por la ausencia de institucionalidad que impera en Nicaragua y específicamente, en los casos de los ciudadanos que están en El Chipote.
En su escrito, López señaló la falta de pruebas contundentes por parte del Ministerio Público para comprobar que Hernández sea culpable del delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”; también cuestionó el valor que otorgó el juez a los testigos policiales, pese a los testimonios contradictorios brindados en la audiencia. Él considera que sí estos casos se enfrentaran ante un “tribunal apegado a derecho”, tendría que “resolver a favor porque los fundamentos legales ahí están en el recurso de apelación”.
Los juicios políticos desarrollados en el Chipote y en los Juzgados de otros departamentos del país han estado plagado de irregularidades desde el principio, con acusaciones fabricadas por el Ministerio Público, pruebas espurias, el sabotaje a la defensa y la criminalización de la misma, han denunciado defensores de derechos humanos y especialistas en derecho, que demandan la anulación de los procesos y la libertad para los reos de conciencia.
Allanar la ruta hacia la justicia internacional
Desde la perspectiva de López, esta nueva etapa del proceso judicial es una “posibilidad” de presentarse ante magistrados y seguir documentando “toda violación al debido proceso, a los derechos humanos”. También agota la vía judicial a nivel nacional y abre camino para elevar los casos a nivel internacional.
Curtis explicó que en los casos de reos de conciencia no conoce a ninguno que "le hayan dado a lugar al recurso, solamente al trámite y después negaron los recursos".
La abogada Yonarqui Martínez, también defensora de reos de conciencia desde 2018, coincidió con Curtis, que siempre aceptan el recurso, pero las resoluciones van enfocadas en confirmar la sentencia dictada por el juez.
Sin embargo, todas esas fases son necesarias para completar la ruta de justicia en Nicaragua, concuerdan los defensores. Con una sentencia adversa del Tribunal, Curtis señaló que se puede recurrir a casación, que implica presentar el caso a la mayor instancia judicial en Nicaragua: la Corte Suprema de Justicia. Este es un recurso "extraordinario" y tiene el mismo procedimiento que la apelación.
