20 de mayo 2016
AA
La reforma constitucional que se realizó en 1995 fortaleció la autonomía política municipal de Nicaragua, sin embargo, solo transcurrieron once años para que fuera frenada, cuando en el 2006 hubo cambios políticos en el país. Así lo afirmó Silvio Prado Ortiz en el programa televisivo Esta Noche, luego de presentar la mañana de este jueves un estudio de 22 años sobre la autonomía política municipal.
En su tesis doctoral Prado Ortiz considera que a raíz de estos cambios, hubo un retroceso, parecido al de los tiempos de gobierno de los Somoza. “La autonomía es la capacidad de tomar decisiones, independientemente del gobierno central, en las cosas que importan. Cuando dicen pueblo presidente, democracia directa, me preguntó cuáles son las decisiones que se toman a nivel local. Hoy decían que el gobierno aumentó la inversión pública en los municipios y me pregunto si es la inversión que decide la gente o que le orientan a los alcaldes desde el gobierno central”, manifestó Prado Ortiz.
El estudioso indicó que bastan unos pocos ejemplos para corroborar que no existe una autonomía como la que se empezó en 1995. “En Pantasma, una delegación dijo que les cercenan las transferencias por razones políticas. Entonces, si todo está mediado por el interés del control político, cuál es el margen que hay de participación cuando los alcaldes no pueden decidir”, expresó.
Prado Ortiz explica en este estudio de 22 años, que las organizaciones políticas ligadas al gobierno central, como los Consejos del Poder Ciudadano o los Secretarios Políticos, ejercen un control y una mayor autoridad dentro de los gobiernos municipales.
“Toman decisiones excluyentes, la gente que no es del frente no entra. No es posible que un secretario político, una figura del ámbito privado, esté por encima de una autoridad que es electa y que tiene mayor legitimidad”, subrayó Prado Ortiz.
Autoritarismo vulnera autonomía
La autonomía política municipal es la capacidad de decidir sobre los asuntos de la municipalidad y que faculta a las autoridades locales para abrir espacios de interlocución con la ciudadanía.
En el estudio presentado por Prado Ortiz, se explica que desde tiempos de la Colonia, la autonomía política siempre ha sido el factor que los regímenes autoritarios vulneran a través de la manipulación de elecciones o la negación de las mismas. Somoza borró de un plumazo las elecciones municipales con un decreto en agosto de 1939, se restablecieron en 1990 y se separaron de las elecciones presidenciales en 2001.
“A partir de entonces los alcaldes habían ganado cuerpo político, habían tomado presencia política, había tomado fuerza en su empoderamiento, pero la autonomía política se genera por el encargo que da la población a sus gobernantes mediante el voto, el fraude del 2008, actuó como un cortocircuito, porque ya los alcaldes, también los del frente, no sabían a quien le debían su elección o nombramiento, entonces el factor político se vino abajo, no sabían ante quiénes eran responsables los gobernantes, como se demostró después con las sucesivas destituciones del alcaldes y concejales porque ya no se debían a quien los había electo sino a los que los nombraron”, explicó.
La tesis de Prado Ortiz toma como muestra tres municipios (Estelí, Juigalpa y Nueva Guinea). “Me interesaba ver cómo se había comportado en estos 22 años la relación según el signo político municipal. Tomé un gobierno local, dirigido por el frente como es Estelí y que es muy paradigmático en el ejercicio de participación de la ciudadanía. Tomé un municipio donde ha habido cambio, como es Juigalpa y un caso donde habían gobernado siempre los liberales hasta el 2012 (Nueva Guinea)”, relató.
Los hallazgos fueron fundamentales para Prado Ortiz. En el caso de Estelí, la autonomía sirvió como una barricada de protección contra el gobierno central, se defendió y contribuyó a fortalecer procesos internos de participación.
En el caso de Juigalpa se notaron los cambios, el caso más ejemplar fue el del alcalde Ervin de Castilla, que siendo sandinista tuvo la posibilidad de relacionarse con un gobierno liberal (Alemán y Bolaños) e impulsar un plan de desarrollo, proyecto de agua potable y ensayar una red sistema de participación flexible e incluyente.
“El caso de Nueva Guinea es particular, pues es un municipio muy reciente pero hecho del aislamiento, y aunque es un gobierno liberal local frente a un gobierno liberal central, el gobierno liberal no trato de condicionar las relaciones por la vía del partido”, mencionó el estudioso.
“Los casos que mencioné, el de Estelí, fueron casos que se hicieron para defender la autonomía y consolidarse internamente. En Juigalpa también para armar la base social frente a un gobierno que no era de su signo político. Y en el caso de Nueva Guinea, fue diferente porque fue un proceso agresivo y que se vio con más crudeza a partir de 2008 cuando un gobierno liberal se enfrentó a un gobierno central del FSLN”, finalizó Prado Ortiz.
