4 de noviembre 2018
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La golpiza que sufrieron las 17 presas políticas de la Esperanza, a manos de hombres encapuchados y armados con cachiporras la noche del 26 de octubre, no es el único maltrato que sufren estas mujeres encarceladas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por participar en las protestas ciudadanas que iniciaron en abril.
A mediados de septiembre, familiares de las presas políticas ya habían denunciado el maltrato físico y sicológico que sufren a diario, las condiciones “inhumanas” de su encierro y el limitado acceso a higiene y salud.
“No es la primera vez que las golpean. Las torturan psicológicamente. Es una medida para que ellas bajen la cabeza, porque ellas resisten: cantan el Himno Nacional, hacen pulseras azul y blanco, se pintan los labios de rojo…”, denunció esta semana Mariela Cerrato Vázquez, madre de la presa política María Adilia Peralta Cerrato, detenida junto a su esposo Cristian Fajardo, del Movimiento 19 de Abril, de Masaya.
Desde que iniciaron las detenciones, los organismos han denunciado violaciones a los derechos de los privados de libertad, incluyendo torturas físicas y sicológicas y la privación de atención médica.
El Comité Proliberación de Presos Políticos contabiliza al menos 558 presos ilegalmente por el régimen, de los cuales unos cincuenta son mujeres y 17 de ellas están en La Esperanza. Además, tres mujeres trans están en “La Modelo”, porque no se les reconoció su condición de mujer.
Enfermas y castigadas
Yaritza Rostrán, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNAN-Managua, es una presa política enferma de gravead. Yartiza fue detenida en León el 25 de agosto, cuando participaba en una marcha contra el Gobierno.
Está hacinada en una celda junto a otras ocho presas y la Policía la acusa de terrorismo, homicidio, incendio, secuestro, robo con intimidación y amenazas de muerte.
“Yaritza necesita una cirugía, tiene un riñón inflamado y además padece de artritis y de los ovarios”, cuenta su pareja Gabriel Enríquez.
“Ella está desesperada, dice que pasan cosas horribles dentro de la cárcel, hay mujeres muy enfermas que hasta se desmayan. Está deprimida, se siente sola. La podemos ver una vez al mes solamente”, narra su mamá, Nery Luz Mairena.
Una de las mujeres que se ha desmayado es Brenda Muñoz, presa política de Diriá, municipio del departamento de Granada, donde policías y paramilitares desmantelaron los tranques y barricadas el 15 de julio.
Tamara Zamora, madre de Amaya Coppens, y Julio Montenegro, de la CPDH. Carlos Herrera | Confidencial
Muñoz padece desde hace cuatro años una enfermedad poliquística en sus riñones e hígado que no tiene cura. Es un padecimiento muy parecido al cáncer, porque es una enfermedad invasiva que destruye poco a poco distintos órganos. La misma enfermedad le ha causado hipertensión y estreñimiento.
“Doña Brenda está muy mal de salud. A ella la atienden hasta que se pone muy mal, sus compañeras de celda tratan de ayudarla. Los médicos dicen que es un milagro que siga viva. Ella está muy deprimida, llora cuando llegamos a verla y nos dice que quiere venir a morir a su casa. En cualquier momento puede morir”, relató un familiar de Brenda, que por temor a represalias no revela su nombre.
La Policía acusa a Muñoz y otros cinco dirialeños por la quema de la alcaldía, la casa del FSLN y por crimen organizado. Hasta la fecha, solamente ha tenido una audiencia, y su juicio está programado para el 7 de diciembre.
“Su delito fue haber regalado café y comida a la gente que estaba en los tranques, ella es una persona muy solidaria que le gusta ayudar a las demás personas con lo poco que ella tiene”, cuenta su familiar. “Desde la cárcel nos dice que sigamos luchando por lograr una Nicaragua libre y democrática”, enfatiza.
El Centro de Salud de Diriá ha negado a la familia de Muñoz el medicamento que ella necesita para poder sobrellevar su enfermedad por ser “terrorista”. Ahora su familia debe asumir los costos de sus medicinas, y tampoco saben si le entregan los medicamentos.
Violación a condiciones mínimas
El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CDPH), Julio Montenegro, sostiene que el Sistema Penitenciario debe brindar un tratamiento adecuado a los reos que tengan algún tipo de enfermedad, comenzando con que desde el momento de la detención los presos deben ser examinados por un médico y esto actualmente no se cumple. En el caso de las presas políticas, después de ese incidente han sido castigadas.
“Ahora si están completamente aisladas. No salen ni a tomar el sol. Han elevado los niveles de sanción porque ellas nunca han estado indolentes a la situación externa (…) La última vez que tomaron sol fue cuando salió la protesta de pico rojo y ellas se pintaron de rojo y como sanción entraron a sus celdas, les requisaron todo. Incluso se llevaron las pulseras y las cosas que hacen para ocupar tiempo y ellas en forma de protestas dijeron ‘que se lleven los uniformes también’ y se quitaron los uniformes y hasta el día de ayer, que fue la visita, algunas presas andaban en calzón o en short y una camiseta”, precisa Tamara Zamora, madre de la líder universitaria y presa política Amaya Coppens.
Desde que se supo de la agresión, el pasado martes, una delegación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y miembros de la CPDH trataron de ingresar al penal para verificar su estado de salud, pero les negaron el acceso.
“La negativa del Gobierno siempre ha sido permanente. Cuando se solicitó para ingresar a El Chipote, hubo negativa. Cuando se solicitó entrar al penal de varones, hubo negativa. Las personas que estaban atendiendo en la entrada estaban totalmente mudas, no respondían nada. Y cuando yo les pregunté si nos dejarían entrar me dijeron: ‘No, no son horas de atender’”, reclama Montenegro.
Quieren callarlas
La noche del 26 de octubre un grupo de al menos 20 hombres, armados con cachiporras, ingresó a la cárcel de mujeres para trasladar a la líder de los comerciantes y presa política del régimen, Irlanda Jerez, a la cárcel de hombres La Modelo, pero el resto de presas políticas se opusieron y por eso fueron golpeadas, confirmó Amaya a su mamá, durante una visita familiar, posterior a la golpiza.
“Son dos celdas de presas políticas. Amaya estaba en la celda de Irlanda y pudieron observar todo. Fueron testigos de la violencia y al ver esa violencia ellas empezaron a solidarizarse y a protestar con lo que podían para auxiliar a Irlanda que en ese momento se la querían llevar”, aseguró Zamora, en el programa televisivo Esta Noche.
Irlanda ha liderado varias de las protestas que las presas políticas mantienen desde la cárcel.
Según Coppens, después que los hombres les pegaron, Irlanda accedió a irse de la celda y fue entonces que las presas políticas le advirtieron al alcaide de la prisión que si Jerez no aparecía a las nueve de la mañana del día siguiente, ellas “se iban a encargar de pegarle fuego al sistema”.
Irlanda Jerez, durante una caravana Azul y Blanco, en junio pasado. Franklin Villavicencio | Confidencial
Irlanda Jerez fue trasladada a una oficina de la prisión donde fue interrogada y encañonada por los sujetos vestidos de negro. Durante el interrogatorio, a la comerciante le reclamaron por la carta que escribió desde la cárcel, en la celda de aislamiento número cinco.
“Mi mamá tiene récord de ‘conducta inapropiada’ por rezar, cantar el himno, dibujar la bandera nacional, hablar con las demás presas de lo corrupto del Gobierno. Esas son las cosas que ha estado haciendo y está en peligro de ser trasladada a una celda de castigo”, denuncia Starina Jerez, hija de Irlanda. Son 21 faltas contra el “orden interno” de la prisión.
También tiene amenazas de cancelar las visitas familiares que recibe cada 21 días por una hora y media. Por sus actos de rebeldía y protesta el Gobierno tomó la medida del saqueo a sus negocios, creen que así van a doblegarla, y están más que equivocados.
El ensañamiento contra Jerez también alcanzó su tramo en el Mercado Oriental. El inmueble fue saqueado a vista, paciencia y complicidad de la Policía Nacional.
Lo más preocupante de esa agresión, afirma Julio Montenegro, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), es que se desconoce quiénes fueron los que agredieron a las presas.
“Las mismas procesadas a mí me expresaron que a esas personas no las habían visto. Llegaron de una forma particular. No se identificaron como ningún tipo de autoridad y eso es lo verdaderamente preocupante”, denuncia Montenegro.
Sintonice a partir de las ocho de la noche en Esta Semana, en canal 12, un reportaje sobre el estado de las presas políticas.
(Con colaboración de Wilfredo Miranda)
