Sara Van Note
16 de octubre 2020
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Cuando el líder indígena nicaragüense Juan Carlos Ocampo era un niño, los ciervos pasaban frecuentemente por su casa mientras se movían entre densos bosques ribereños en la costa Norte del Caribe del país. Al igual que otros en su comunidad miskita, su familia pescaba cangrejos y peces de río, cazaba ciervos y grandes pacas parecidas a conejillos de indias. Además, usaba árboles del bosque para construir su casa y sus botes.
Hoy, Ocampo dice que no es posible cazar, pescar o recolectar madera en su comunidad. “Es muy doloroso ver la destrucción del bosque”, lamenta.
En los últimos 30 años, franjas de los vastos bosques caribeños de Nicaragua han sido destruidas por colonos que despejan las tierras para agricultura, ganaderos que llevan su ganado a pastar, y madereros que recolectan madera preciosa. Los cursos de agua se han ido contaminando por la extracción de oro y prácticas pesqueras dañinas.
Esta transformación se ha intensificado en los últimos años, con conflictos cada vez más letales entre colonos y las comunidades indígenas. Según la iniciativa Global Forest Watch del World Resources Institute, una organización investigativa sin fines de lucro centrada en la sostenibilidad, el 23 por ciento del bosque primario húmedo de Nicaragua se perdió entre 2000 y 2019.
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En 2018, las protestas de jubilados y estudiantes por políticas autoritarias provocaron un levantamiento generalizado contra el régimen del presidente Daniel Ortega. Durante meses de enfrentamientos entre opositores y fuerzas gubernamentales, cientos de personas fueron encarceladas y más de 300 murieron. Ortega se mantuvo en el poder mediante una brutal represión contra la oposición. Hasta la fecha, se estima que 100,000 personas han salido al exilio, incluyendo activistas y periodistas.
Desde que empezó esta crisis política, los bosques de Nicaragua y las comunidades indígenas y afrodescendientes se han quedado sin supervisión independiente, en un momento en el que la pobreza y el crecimiento de la población, así como las políticas gubernamentales, están impulsando la migración hacia regiones forestales indígenas y protegidas. Los bosques se han vuelto más vulnerables, incluso cuando el gobierno central ha recibido millones de dólares en fondos administrados por el Banco Mundial para protegerlos.
La región del Caribe de Nicaragua alberga dos reservas reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por su amplia biodiversidad. La Reserva de la Biosfera de Bosawás, ubicada en la frontera norte con Honduras, forma parte del segundo tramo de selva tropical más grande de las Américas después del Amazonas, con una mezcla diversa de ecosistemas que comprenden desde sabanas de pinos hasta bosques nubosos que se elevan a más de 5,000 pies sobre el nivel del mar. Al sur, en la frontera con Costa Rica, la Reserva de la Biosfera Río San Juan es una vasta extensión de bosques húmedos de hoja perenne, rodeados por ríos y humedales.
En ambas reservas hay territorios indígenas y son áreas protegidas que restringen o prohíben los asentamientos y la extracción de recursos. La Reserva de la Biósfera de Bosawás es el hogar de los pueblos Mayangna y Miskito, mientras que el Río San Juan es el hogar del grupo indigena Rama y los nicaragüenses de ascendencia africana de habla criolla (también llamados Kriol).
Estos bosques son segmentos cruciales del corredor biológico mesoamericano cada vez más fragmentado, que conecta hábitats en América del Norte y del Sur, lo que permite la migración de animales como los jaguares y proporciona un refugio fundamental para especies raras y en peligro de extinción.
Rafael Reyna-Hurtado, un ecologista de vida silvestre en el Colegio de la Frontera Sur de México, dice que Bosawás, Rio San Juan y otros bosques mesoamericanos intactos son “peldaños” para la migración animal. Estos aseguran la diversidad genética entre las poblaciones dispersas y la resistencia en el caso de amenazas como enfermedades o huracanes. “Nos preocupa que estos grandes trozos de bosque que aún quedan están perdiendo conectividad”, dice.
Si bien estos bosques brindan un hábitat crítico para los jaguares, los grandes mamíferos ungulados en peligro de extinción como los pecaríes y los tapires son los más vulnerables, afirma Reyna-Hurtado. A diferencia de los jaguares, estos no pueden viajar largas distancias en busca de un hábitat adecuado. También son más sensibles a la invasión humana, prefiriendo bosques no perturbados. Los tapires y los pecaríes realizan servicios críticos para el ecosistema, explica Reyna-Hurtado. Los tapires, a veces llamados “jardineros del bosque”, son importantes dispersores de semillas ya que defecan en los ecosistemas forestales, incluso en el agua, mientras que los voraces hábitos alimenticios de los pecaríes fomentan la diversidad de las plantas.
Carlos Herrera | Confidencial
En un estudio reciente, Reyna-Hurtado y otros advirtieron sobre la disminución “precipitada” de la población de pecaríes de labios blancos en sus refugios más críticos de América Central, como Bosawás, en donde las “tierras silvestres” con influencia humana limitada se han reducido en un 30 por ciento en los últimos 15 años.
Armando Dans, un conservacionista nicaragüense de Global Wildlife Conservation, una organización de conservación sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos, ha visto un cambio dramático en la proporción de bosque a tierra desarrollada entre Bosawás y Río San Juan durante los últimos 15 años. “Antes había pedazos de tierra deforestados, ahora es lo opuesto, hay pedazos de bosque entre los pastos y campos”, dice. El resultado es que algunas especies no pueden moverse entre bosques intactos, y quedan aisladas entre una reserva y otra.
Los bosques de Bosawás y Río San Juan son de “vital importancia”, advierte Ivania Andrea Cornejo, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA).
Además de proporcionar conectividad para la vida silvestre, estos bosques almacenan cantidades significativas de carbono. “Es preocupante ver el nivel de deterioro” en Bosawás, dice, y señala que Río San Juan se había conservado bien hasta hace poco. Según el análisis de los datos recopilados por los guardabosques comunitarios en Río San Juan, la actividad de los colonos aumentó drásticamente en los últimos años, y las observaciones de campamentos, hogares, tala de árboles, agricultura y carreteras se duplicaron o hasta cuadruplicaron entre 2017 y 2019.
Un estudio del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua (Marena), realizado en 2017, reveló que la pobreza, el crecimiento de la población, los valiosos mercados nacionales y de exportación de carne, y la percepción de tierras “no utilizadas” fueron los impulsores de la migración de agricultores de comunidades mestizas que no poseen tierras, de las regiones occidentales a áreas indígenas y protegidas en la Costa Caribe.
Desde 2015, unas 40 personas indígenas han sido asesinadas y decenas más fueron heridas y secuestradas en conflictos con colonos, según el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua. Casi 3,000 personas miskitas han huido de sus hogares en la región del Caribe Norte desde 2015 debido a este conflicto, según un informe del Oakland Institute, una organización de investigación sin fines de lucro en California.
En lo que va del año, al menos 10 indígenas han sido asesinados y muchos han resultado heridos en ataques de colonos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó recientemente al gobierno de Nicaragua a “tomar medidas inmediatas para prevenir tales actos (e) investigar y sancionar a los responsables de los mismos” .
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios por parte de esta periodista.
Carlos Herrera | Confidencial
A lo largo de los siglos, las comunidades indígenas y kriol en la remota Costa Caribe han sido objeto de negligencia y represión por parte de los gobiernos centrales coloniales y modernos. La región es el hogar de alrededor de 135,000 personas indígenas de varios grupos y aproximadamente 20,000 kriol.
Si bien el gobierno central reconoce oficialmente a los gobiernos autónomos indígenas y kriol, y la propiedad comunal de la tierra, hace falta completar un largo proceso legal para resolver los conflictos de propiedades. A menudo, los colonos a menudo se aprovechan de la falta de presencia de autoridades del Estado en el área.
Becky McCray, una abogada de rama que trabaja en nombre de las comunidades Rama y Kriol en la Reserva de la Biosfera Río San Juan, explica que las comunidades locales han presentado denuncias ante varios organismos estatales, incluyendo la policía y Marena, detallando lo que ella llama “una invasión masiva” de las reservas y actividades ilegales como la deforestación, la agricultura de roza y quema, y la tala de maderas preciosas. Desde 2018, dice, no han recibido respuesta del gobierno.
Los colonos han obligado a las familias Rama y Kriol a dejar sus hogares y parcelas agrícolas en tierras comunales mediante el desplazamiento y amenazas de asesinato y violencia sexual, alega McCray. A menudo se enfrentan a la inseguridad alimentaria al perder el acceso a las parcelas agrícolas. Los Rama y Kriol dependen de los recursos naturales para la agricultura de subsistencia, la pesca y el agua, así como para su salud, dice.
McCray se unió a los líderes comunitarios en una gira reciente por su territorio, y fue testigo de una nueva destrucción significativa: una carretera que se abría en un área previamente inaccesible y grandes áreas taladas, quemadas y despejadas para la agricultura.
“Hemos hecho todo lo posible para convencerlos de que en realidad la reserva está en riesgo”, pero el gobierno de Nicaragua no ha hecho nada, dice. Las comunidades Rama y Kriol han creado sus propias patrullas para documentar los asentamientos ilegales y otras actividades. También han desarrollado un programa de guardabosques comunitario. Pero la lejanía de sus puestos puede conducir a una mayor vulnerabilidad. McCray dijo que después de que la familia de un guardabosques fuera atacada por colonos, ellos decidieron mudarse porque tenían demasiado miedo como para llevar su caso a la policía.
Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, una organización fundada para preservar el sureste de Nicaragua, incluida la Reserva de la Biosfera Río San Juan, ha documentado la construcción ilegal de iglesias, escuelas y carreteras dentro de la reserva. Ruiz atribuye su presencia a las “políticas públicas municipales para establecer personas dentro de la reserva” que llevan a cabo los funcionarios locales con la aprobación tácita del gobierno central. Además, expresa que estos funcionarios se encuentran entre los individuos que se benefician de la venta ilegal de tierras protegidas.
Ruiz, quien ahora vive en Costa Rica, es uno de las decenas de miles de disidentes que huyeron de Nicaragua en 2018. Después de que el gobierno revocó su reconocimiento a la Fundación del Río como organización ese año, las amenazas en su contra aumentaron, dice. La mayoría de los miembros de la Fundación han sido amenazados y sus programas educativos y de radio han cesado en Nicaragua. Recientemente, el cuidador de una pequeña reserva forestal propiedad de la Fundación del Río fue amenazado por las autoridades locales que quieren apoderarse de ella, dice Ruiz.
Desde 2012, Nicaragua ha recibido casi $6.5 millones del Carbon Partnership Facility Readiness Fund, parte del programa REDD + (Reducir las emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques) creado por las Naciones Unidas y financiado por el Banco Mundial, que proporciona fondos para que los países en desarrollo puedan crear y eventualmente implementar, planes de preservación forestal.
Según el gobierno de Nicaragua, el país ha llevado a cabo elementos de planificación que incluyen la capacitación de agencias estatales y la realización de “consultas” con pueblos indígenas y afrodescendientes, pero necesita 5 millones de dólares adicionales del fondo para finalizar su plan. El ministro de Políticas Nacionales, Paul Oquist, dijo recientemente en una conferencia sobre cambio climático, que la estrategia fundamental del gobierno es la preservación de los bosques en la región del Caribe, que el gobierno designó como una "zona de captura de carbono", crítica en el marco de su programa REDD +.
Sin embargo, Ruiz alega que la participación del gobierno en REDD + se trata realmente de extraer recursos con el pretexto de la conservación y asegura que el gobierno de Ortega "ha demostrado que las preocupaciones ambientales no les interesan".
La Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN) también criticó el programa, diciendo que el gobierno ha “impulsado el avance de la frontera agrícola y ganadera a través de los bosques que forman parte de nuestros territorios tradicionales” y ha fabricado “acuerdos” con las comunidades indígenas para cumplir con los requisitos de REDD +.
Un portavoz del Banco Mundial rechazó una solicitud de entrevista, pero en una respuesta por escrito declaró: "Nicaragua tendría que reducir la deforestación, reducir la degradación forestal y aumentar la reforestación a las tasas acordadas para poder recibir cualquier pago del Fondo de Carbono" una vez que su plan REDD + esté implementado. El programa “beneficia a las comunidades indígenas y locales, los gobiernos locales y otras personas que manejan el bosque para reducir las emisiones”.
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En 2019, el líder de la comunidad miskita Juan Carlos Ocampo presentó una denuncia por invasión de tierras a las autoridades gubernamentales, que se negaron a investigar. “Como nicaragüense, tengo derecho a la protección y defensa de mis derechos por parte del Estado”, advierte.
Ocampo considera que la lucha de las comunidades indígenas en toda Nicaragua "tiene las herramientas para tener éxito". En la costa caribeña, como en todo el país, expresa, lo que se necesita es recuperar el Estado de Derecho.
ACTUALIZACIÓN: El 27 de septiembre, 18 líderes comunitarios de Rama y Kriol, incluida Becky McCray, la abogada de Rama, fueron detenidos durante varias horas por el Ejército de Nicaragua después de completar una encuesta sobre asentamientos ilegales y agricultura en áreas protegidas de la Reserva de la Biosfera Río San Juan. El presidente del gobierno territorial de Rama-Kriol fue detenido durante la noche y puesto en libertad el 28 de septiembre.
* Sara Van Note es una reportera freelance de prensa escrita y radio, con sede en Nuevo México.
Este artículo se publicó originalmente en la revista Undark y fue traducido al español por Ana María Sampson, estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Ámsterdam y miembro de nuestro equipo.
