Nación

La farsa judicial de Nicaragua

A las 5:30 de la mañana del jueves 3 de marzo, una patrulla policial golpeó a la puerta de la casa donde Cristiana Chamorro, de 68 años, se encontraba en prisión domiciliaria desde el 2 de junio pasado. Acto seguido, se la llevaron a la cárcel de El Chipote, donde debía enfrentar la primera audiencia del juicio por supuesto lavado de dinero y otros delitos que el régimen le endilgó a ella y a otros empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), que lleva el nombre de su madre, la expresidenta del país. Pero antes, para demostrarle que según el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo es una rea común, la obligaron a entrar a una celda, la vistieron con un uniforme de convicta y la esposaron. Y así la trasladaron unos metros hasta la improvisada sala donde la esperaban el fiscal y el juez sandinista, además de dos policías que la custodiaban en todo momento.

El montaje se repitió en cada una de las ocho jornadas que duró el juicio. Esa insólita rutina demuestra el ensañamiento con el que los Ortega-Murillo han castigado a los presos políticos de su régimen y sobre todo, a los miembros del clan Chamorro, una de las familias más influyentes de Nicaragua y blanco predilecto del Gobierno.

Cristiana Chamorro había desafiado a Ortega en 2021 con una candidatura presidencial que el régimen bloqueó. Semejante osadía le costó que el 21 de marzo los jueces de bolsillo del Gobierno la condenaran a ocho años de cárcel, en un juicio plagado de irregularidades contra la extinta FVBCh, que ella dirigía. Su hermano mayor Pedro Joaquín, miembro de la Fundación y exdirectivo del diario La Prensa (cerrado por el sandinismo en agosto de 2021), recibió una pena de nueve años. A ellos hay que agregar a su primo Juan Sebastián Chamorro, otro de los candidatos presidenciales detenidos el año pasado, condenado el 4 de marzo a 13 años por conspiración. Y a Juan Lorenzo Holmann Chamorro, exgerente del diario de la familia, sentenciado a nueve años el 24 de marzo por lavado de dinero. En la causa contra la FVBCh también recibieron condenas los extrabajadores Marco Fletes, Walter Gómez y Pedro Vásquez.

La propia Fundación denunció en un comunicado la “infamia” con la cual el Gobierno cerró “el telón del primer acto de la farsa judicial que durante más de nueve meses privó de su libertad a cinco ciudadanos nicaragüenses, que como se demostró en el juicio, son inocentes de todos los delitos que se les ha acusado”.

Los Chamorro sintetizan dos de los obstáculos con los que Ortega viene lidiando en su obsesión por eternizarse en el poder: la oposición política y la prensa independiente. Además de la actividad política (seis Chamorro han sido presidentes a lo largo de la historia), la familia ha estado ligada al periodismo. Pedro Joaquín Chamorro, padre de Cristiana, fundó y dirigió durante décadas el diario La Prensa hasta su muerte, asesinado por el régimen de Anastasio Somoza. Su esposa, Violeta Barrios, fue presidenta entre 1990 y 1997, tras infringirle al propio Ortega una derrota electoral que este no olvida. Y en los últimos años, la propia FVBCh se dedicaba a apoyar el trabajo de los periodistas. Además, al igual que Cristiana, su hermano Carlos Fernando es un destacado periodista y hoy dirige desde el exilio el medio digital CONFIDENCIAL, habitual blanco de ataques del sandinismo.

“Rechazamos la farsa jurídica por la cual la justicia nicaragüense ha sentenciado a entre siete y trece años de prisión a las personas extrabajadoras de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, al gerente general de La Prensa y a periodistas independientes de Nicaragua”, declararon el 25 de marzo en un comunicado conjunto 18 organizaciones periodísticas de Latinoamérica, para alertar por la gravísima situación a la que ha llegado la persecución contra el periodismo en el país centroamericano.

El régimen de Ortega se ha valido principalmente de la justicia para ejecutar esa persecución, que incluye a todo el que ose oponérsele. De esos jueces y fiscales que han reconfigurado su rol como poder independiente del Ejecutivo para actuar al exclusivo servicio del Gobierno que encabezan el exguerrillero sandinista y su esposa y “copresidenta”. Ella más que nadie se ha ensañado con la familia Chamorro: “Son una casta entreguista, aprovechada y saqueadora. Eso no tiene nada que ver con lucha contra la pobreza, al contrario, el Estado fue un botín para esa pandilla que llegó, que destruyó, que se robó casi todo. Hasta con los rieles del tren arrasaron”, dijo el año pasado en una de sus acostumbradas alocuciones en los medios oficialistas.

La justicia fue capturada hace tiempo por personeros del régimen, según denuncian organizaciones como el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh). Esos jueces ejecutan la venganza contra esta familia, así como contra todos los opositores detenidos tras las protestas de abril de 2018, sobre todo en la escalada represiva del año pasado.  El montaje teatral contra Cristiana Chamorro forma parte de un libreto general que pareció escrito antes de que se reanudaran en febrero pasado los juicios contra 51 dirigentes políticos y periodistas detenidos el año pasado, calificados como presos políticos de Ortega por la mayor parte de la comunidad internacional.

El hombre que con mano dura ha gobernado ininterrumpidamente el país desde 2007 hizo caso omiso a los reiterados reclamos dentro y fuera de Nicaragua para liberarlos. Al contrario, decidió encerrarlos en condiciones inhumanas en El Chipote, lo que le costó la vida al excomandante guerrillero Hugo Torres, fallecido en una celda en febrero. Como si eso fuera poco,  los privó de todo tipo de garantías, en juicios desarrollados con un modus operandi siniestro: audiencias exprés en la misma cárcel donde están detenidos, a puerta cerrada y sin acceso de público ni prensa, con restricciones para los abogados defensores y con policías como únicos testigos “calificados” de delitos improbables. Así, las sentencias parecieron escritas de antemano, como lo deslizó la Fiscalía al llamar “criminales” y “delincuentes” a los reos de conciencia cuando todavía no habían comenzado los juicios.

A nadie debe sorprender que dos meses después, el calificativo se haya confirmado sin excepciones. Los 48 opositores juzgados fueron condenados, la mayoría con sentencias de entre ocho y trece años de prisión. En abril los tres que quedan enjuiciar de esta tanda enfrentarán a los jueces; su destino, quién lo duda, parece irreversible.

Las tres fases de la represión desde la Justicia

La imparcialidad y la autonomía imprescindibles para el Poder Judicial en cualquier democracia ya no existen en Nicaragua. La Asamblea Nacional (el Legislativo) es un órgano más del aparato sandinista en vez de un factor de equilibrio ante posibles abusos del Ejecutivo, pues de ella salieron las leyes de ciberdelitos y soberanía usadas para perseguir y detener a los condenados de ahora. Del mismo modo, la justicia nicaragüense es hoy el instrumento más eficaz para castigar a los enemigos de Ortega y Murillo, como coinciden distintos referentes consultados por Connectas.

Yader Morazán, un exfuncionario judicial de Managua exiliado desde 2018 en Estados Unidos, identifica tres fases en el proceso por el cual Ortega instrumentalizó a su favor este particular sistema judicial. Todas surgidas a partir de las masivas protestas que jaquearon a su régimen hace cuatro años. Cada una, explica Morazán, se ha adaptado al contexto sociopolítico y su evolución revela cómo el Estado fue escalando sus prácticas represivas sin detenerse en garantías constitucionales ni en derechos humanos. Mucho menos en los límites que establece la separación de poderes.

La primera fase, de abril de 2018 hasta febrero de 2019, apuntó contra personas vinculadas a las manifestaciones populares que dejaron más de 300 muertos, según organismos de DD. HH. En ese momento los jueces imputaron delitos relacionados a los tranques, como delitos contra el orden y tranquilidad pública, y contra las personas, como terrorismo, crimen organizado, obstrucción de funciones, secuestro y otros. “Se inventaban pruebas, se inventaban hechos, pero no hacían muchas precisiones en las acusaciones. Los testigos eran ciudadanos o trabajadores del Estado. Y los casos se centralizaban en el complejo judicial de Managua”, detalla Morazán.

La segunda fase comenzó en febrero de 2019 y se extendió hasta mayo de 2021, en el contexto de un diálogo nacional convocado por Ortega para apaciguar la rebelión civil. Morazán identifica en ella capturas selectivas de líderes de barrios y comunales. A estos no los exhiben, al contrario de los detenidos tras las protestas de 2018, y les endilgan delitos comunes como posesión de armas o drogas. “En este caso hay una limitante en el ejercicio del derecho a la defensa, le ponen muchas trabas a sus abogados. Sin embargo, aún se les permite llevar los procesos en los complejos judiciales y se podía hacer al menos una defensa con alguna apariencia de legalidad”, admite el exfuncionario judicial.

Pero todo se agravó a partir de mayo de 2021, en plena carrera para las elecciones presidenciales de noviembre y tras la aprobación de cuatro leyes claves. Se trata de las dos mencionadas antes, más la reforma constitucional que creó la prisión perpetua revisable y la del Código Procesal Penal que valida los 90 días de detención para investigación complementaria. Esta tercera fase de esta ofensiva judicial contra opositores políticos y la prensa independiente sigue vigente.

Con base en esas normas terminaron presos líderes nacionales, entre ellos siete precandidatos presidenciales, y luego activistas sociales, periodistas, empresarios y abogados defensores. El oscurantismo sobre ellos se agudizó: nunca los exhibieron detenidos y hasta los mantuvieron desaparecidos por un tiempo prolongado, algunos incluso hasta hoy. Además de ciberdelitos (que los jueces aplicaron a publicaciones en Twitter contra Ortega, entre otras aberraciones jurídicas), los acusaron por delitos contra la seguridad del Estado —como traición a la patria y menoscabo a la integridad nacional— y contra el patrimonio y el orden socioeconómico, como lavado de dinero.

Como cuenta Morazán, “en esta fase la Fiscalía juega un rol preponderante citando a periodistas y muchas personas que tuvieron algún vínculo con la Fundación Chamorro, seguido de aquellos famosos allanamientos y secuestros nocturnos contra de los trabajadores de la Fundación. Posteriormente a líderes políticos, de las organizaciones sociales y al final a los que ya conocemos”.

El exfuncionario judicial describe el modus operandi entre siniestro y patético de los procesos judiciales: “Estas acusaciones se caracterizan ya no porque hay fuerte presencia policial en los Juzgados sino por el ocultamiento. No solo del acusado sino del expediente, de las acusaciones; el impedimento de poderse comunicar el abogado defensor con los secuestrados”. A esto hay que agregar lo ya mencionado: las audiencias ya no se realizan en los complejos judiciales sino “en los centros de tortura como El Chipote”.

Los organismos de derechos humanos, entre ellos los más importantes del mundo, han denunciado casi unánimemente ese sistema de manipulación de la justicia para castigar a los críticos de Ortega y Murillo. Un informe de Amnistía Internacional del 15 de febrero de este año condenó “las estrategias utilizadas por las autoridades nicaragüenses que han perpetuado uno de los capítulos más sombríos en la historia reciente del país, donde cualquier persona que se oponga a las políticas del Gobierno puede perder su libertad y hasta su vida”. Antes lo había hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la “detención arbitraria y criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales”.

A ellas se sumó Human Rights Watch recientemente al denunciar “la parodia de la justicia en Nicaragua”. Tamara Taraciuk Broner, su directora para las Américas, amplió detalles de ese informe para Connectas: “Los juicios a los presos políticos en Nicaragua revelan la completa subordinación de la justicia a la dictadura de Ortega. Las audiencias de juicio fueron celebradas a puertas cerradas en la cárcel El Chipote y no en juzgados públicos, como lo exige la ley nicaragüense. Los procesos penales se han llevado a cabo sin garantías básicas de debido proceso, incluyendo mantener a los detenidos en una situación prolongada de incomunicación. Además, se negó el derecho a la defensa de los procesados, por ejemplo, al no permitirles realizar audiencias privadas con sus abogados de elección”.

Para la representante de HRW, “dada la absoluta falta de independencia judicial en Nicaragua, que hace altamente improbable que haya justicia para las víctimas dentro del país, es fundamental duplicar la presión de la comunidad internacional”. Y recordó que esta semana, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó un mecanismo internacional e independiente para documentar y preservar evidencia sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua. “Todos los Gobiernos, independientemente de sus ideologías políticas, deben apoyar esta iniciativa para que los responsables de graves abusos rindan cuentas por sus actos”, concluye Taraciuk Broner.

Integrantes del Cenidh, una de las decenas de organizaciones sociales canceladas por el régimen de Ortega en esta tercera fase de represión judicial, tienen la misma esperanza de una condena internacional contundente. Desde su compromiso con la defensa de los derechos humanos, ese Centro sirvió como el único canal de información sobre la “farsa de los juicios”, como la llama su presidenta, Vilma Núñez de Escorcia. Desde Twitter y otras redes sociales, esta organización fue divulgando los pocos detalles que trascendían de las audiencias a través de informaciones de los abogados defensores y algunos familiares de los detenidos.

“Estos juicios se han caracterizado por violar todas las garantías del debido proceso, establecido no solamente en las normas procesales sino en la Constitución de Nicaragua, articulo 33 y 34”, dijo Núñez a Connectas. La titular del Cenidh también recordó que tampoco han respetado normas internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, “de los cuales Nicaragua es parte y está en la obligación de respetar de acuerdo a lo establece el artículo 47 de la Constitución”.

Vilma Núñez se detuvo en un aspecto llamativo de estos juicios: el uso de policías como únicos testigos de los delitos imputados a los detenidos: “Eso es característico de aquellos sistemas judiciales sin independencia, que están sometidos a una dictadura”. Como no había pruebas porque “son delitos que han sido inventados por los fiscales y no existen testigos” que puedan corroborarlos, “para llenar ese vacío y dar la apariencia de un juicio legal, han llevado a declarar como testigos a los policías que realizaron las capturas, los allanamientos”.

Esto quedó en evidencia en el caso de la FVBCh. Según relataron fuentes de la propia Fundación a Connectas, la Fiscalía hizo declarar a los policías que firmaron las actas de allanamiento, de captura y de ocupación de los bienes que luego presentarían como supuestas pruebas. “Ante el interrogatorio de los defensores, los oficiales de Policía confesaron que ellos no habían participado en los actos de los que daban fe las respectivas actas firmadas por ellos, es decir que dieron fe de algo de lo que no tenían certeza. Esto por sí mismo bastaba para anular toda la supuesta prueba de la Fiscalía, puesto que cualquier dictamen practicado a la misma era nulo por no tener certeza del origen e identidad de los objetos ocupados y por la segura contaminación de la prueba al haber estado en poder de personas desconocidas”, explicaron. Y agregaron que todos los oficiales, “sin excepción, confesaron que la información en la que basaban sus actas les había sido proporcionada por sus jefes a quienes se rehusaron a identificar”. Y que “confesaron que no sabían sobre el objeto de la investigación ni cuáles delitos suponían estar investigando”.

Este y otros abusos del sistema judicial y político de Nicaragua llevan al Cenidh a continuar la lucha por un proceso legítimo para los condenados. “Nosotros demandamos y exigimos que los jueces superiores rectifiquen y declaren completamente nulos estos juicios y los reos sean puestos completamente en libertad”, reclamó Núñez en diálogo con Connectas.

Su apelación tiene pocas chances de éxito en un sistema judicial como el que Ortega ha diseñado para silenciar, perseguir y condenar a sus opositores. Por eso, como esperan desde Human Rights Watch y otros organismos de derechos humanos, urge una condena internacional de la ONU y el aislamiento diplomático para Ortega y su Gobierno, embarcado en una ofensiva demencial contra todo el que lo cuestione. Como dijo el 15 de marzo la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto tras escuchar su condena a ocho años de prisión: “Mentirosos. Dios los perdone, rezaré por ustedes”.


* Miembro de la Mesa Editorial de la Plataforma Latinoamericana de Periodismo Connectas

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