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La saña de Ortega y Murillo contra las mujeres: 24 oenegés canceladas

Nicaragua se queda sin albergues para las mujeres víctimas de la violencia, tras anulación de dos docenas de oenegés que defienden derechos de mujeres

El primero de enero de 2021 “Karla” fue obligada por su expareja a dejar su hogar en Somoto, Madriz. Sí se negaba, él se llevaría a sus hijas de ocho y nueve años de edad. La mujer, aterrorizada, accedió. Al llegar a la nueva casa, el hombre la sujetó por detrás y le colocó un puñal en el cuello frente a sus hijas que gritaban de horror. Huyó porque su hijo mayor, un adolescente de 17 años, apareció y facilitó el escape.

Con el miedo corriéndole por todo el cuerpo, acompañada de sus hijas, llegó a la estación policial y tras unas cinco horas de espera para denunciar a su agresor salió de la comisaría temblando y con la promesa de capturarlo, pero un año después, sigue sin cumplirse. Durmió unos días en la casa de una amiga, quien se encargó de llevarla a una organización feminista del norte del país, que la acogió como familia y la albergó durante nueve meses. 

Sin embargo, se quedó sin refugio cuando las responsables del lugar le dijeron que debían trasladarla por precaución a que el local amaneciera tomado por la Policía, como ya había ocurrido con otras oenegés.

“Karla”, de 36 años, pide no revelar su nombre porque su vida “corre peligro”. Sabía que “iba a morir” aquel primero de enero, asegura. 

Llegó al albergue de la organización de mujeres de noche, a escondidas.  “Me da mucha tristeza que vayan a cerrar ese lugar. Ahí recibí palabras de aliento”, lamenta.

La oenegé a cargo del albergue no ha sido cancelada por el régimen; sin embargo, como prevención, las administradoras decidieron cerrar el refugio para evitar que llegue la Policía, o les anulen la personería jurídica.

267 oenegés cerradas en cuatro años

A finales de 2018, el régimen cerró nueve organizaciones de sociedad civil: les canceló su personalidad jurídica y confiscó sus bienes. Durante los siguientes tres años, la guadaña orteguista alcanzó a más oenegés y ya suman 267 organizaciones, fundaciones y asociaciones anuladas, hasta el pasado 19 de mayo de 2022.

Legalmente el régimen se ha valido de la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, a finales de 2020, que obliga a los organismos a registrarse como un “agente extranjero” y complejiza los procesos para legalizarse ante el Ministerio de Gobernación (Migob).

El grueso de los proyectos afectados son de tipo sociales, educativos y de desarrollo. Sin embargo, varios de esos tenían un componente de género, enfocado en el empoderamiento de la mujer desde diferentes ángulos. Al desaparecer las organizaciones, las beneficiadas son las más golpeadas, al quedarse con programas inconclusos, sin acceso a capacitación y en completa desprotección.   

Del total de oenegés ilegalizadas, 24 organismos trabajaban directamente en la defensa de los derechos de la mujer y su empoderamiento en Managua, Matagalpa, Nueva Segovia, Masaya, Granada, León y Chinandega, según un recuento de CONFIDENCIAL. 

Ocho fueron anuladas dentro de un grupo de 50 organizaciones canceladas en una sola sesión de la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, el pasado 4 de mayo.   

No hay un consolidado de cuántas organizaciones defensoras de derechos de la mujer estaban registradas ante el Ministerio de Gobernación; sin embargo, un dato que permite aproximarse se encuentra en la Red de Mujeres Contra la Violencia, que antes de 2018 aglutinaba a 120 oenegés feministas y de derechos humanos y actualmente existen unas 40, confirmó CONFIDENCIAL. 

La razones de su desarticulación son varias: un ambiente más hostil para las defensoras, que soportan intimidación, abusos y allanamientos por operadores y la Policía; la falta de financiamiento; leyes represivas, migración y finalmente, la guillotina del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las oenegés, algunas con más de 30 años de trabajo en Nicaragua, tenían albergues para las mujeres víctimas de la violencia machista, brindaban asistencia médica, atención psicológica y asesoría legal a las víctimas de abuso en un país donde el Estado ha permanecido ausente, según las defensoras. 

Antes de 2018 había 13 albergues en Nicaragua, que eran administrados por organizaciones feministas. Desde entonces, las oenegés enfrentaban problemas de acceso a fondos para sufragar los costos de funcionamiento. Sin embargo, seguían en pie.

Con el estallido social de 2018 y la represión desatada por la dictadura de Daniel Ortega, los albergues se redujeron a diez y paulatinamente fueron cerrando hasta no quedar ninguno; un proceso que se aceleró con la guillotina puesta sobre los grupos feministas. La desaparición de estos refugios afecta directamente a casos como “Karla”, una de las 135 sobrevivientes a la violencia machista en 2021, según Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).

Colectivo de Mujeres de Matagalpa

Eva Molina es integrante del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, una organización ilegalizada hace nueve meses, nacida en el contexto de la Revolución Sandinista. Sus fundadoras identificaron hechos de violencia en las filas del partido, y fue así que buscaron sus propios espacios de reflexión feminista. Empezaron trabajando con mujeres en las cooperativas de Matiguás, Mulukukú, y Muy Muy, que sufrían violencia por parte de los contrarrevolucionarios —que intentaban derrocar a Ortega por las armas— y de los sandinistas, relata Molina.

En 1990, cuando Nicaragua se abre a la democracia y Ortega es derrotado por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, el Colectivo empieza a consolidar su historia mediante un programa educativo dirigido a la niñez, mujeres y jóvenes en comunidades rurales y urbanas. Acuerparon a 17 organizaciones comunitarias de mujeres, responsables de una red de 14 “casas de la mujer”, a través de las cuales coordinaban proyectos en beneficio de la comunidad.

Se consolidó como una oenegé clave en el norte del país, una de las zonas más azotadas por la violencia machista, que en 2021 registró 71 femicidios en todo el país; siete de estos se registraron en Jinotega; cinco en Matagalpa y cuatro en Nueva Segovia, según CDD. En ese contexto trabajaban las defensoras como Molina, que buscaban expandir el programa de atención en violencia que incluía atención emocional, atención en salud sexual y reproductiva y acompañamiento en situaciones de riesgo.

En números, la oenegé asistía a unas 10 000 personas anualmente, a un ritmo promedio de 25 mujeres al día, que buscaban atención como víctimas de abusos a manos de sus parejas o exparejas. Con el cierre de las organizaciones ordenado por el Gobierno, las beneficiadas quedaron a la deriva porque, precisamente, asistían a las asociaciones buscando respuestas que no encontraban en la Policía. 

Molina explica que “la gente no cree en el sistema de justicia de Nicaragua”, tampoco las mujeres. “No se sienten escuchadas, se sienten culpabilizadas, (les dicen en las comisarías) vuélvase con su agresor, aquí no se puede hacer nada más… están en peligro también”.  

“Estamos desamparadas. No tenemos ningún tipo de protección, no tenemos quién nos acompañe. No tenemos de dónde agarrarnos te dice la gente”, alerta.

Colectivo 8 de Marzo 

En marzo pasado fue anulada la personería jurídica del Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, una organización con raíces sandinistas. Se legalizó hace 26 años y centró su trabajo en el Distrito Seis y Siete de Managua y en siete comunidades de Esquipulas, Matagalpa.

Su programa insigne fue la lucha contra la violencia, que se resumía en atención, prevención y refugio a las mujeres en situaciones de riesgo, junto con el programa de salud sexual reproductiva. El albergue tenía capacidad para unas 20 personas cada tres meses, incluidas mujeres, niños y niñas, explica una de sus integrantes que llamaremos “Lidia” por temor a represalias. En los últimos cinco años, se calcula que protegieron a unas 600 personas. 

“Por eso decimos que nosotras también prevenimos los femicidios”, expresa la defensora. 

El albergue era específicamente para mujeres que se encontraran en peligro. Durante tres meses las mujeres recibían atención psicológica, médica y las ayudaban con trabajo psicosocial para que construyeran sus planes de vida, a la vez que las defensoras intentaban tejer redes de solidaridad en torno a la víctima para que al salir del refugio no estuvieran sin ningún tipo de apoyo.    

El Colectivo asistió a 10 800 mujeres y 934 niñas que vivían violencia y algunas fueron víctimas de femicidio frustrado en los últimos cinco años. 

“El vacío es que, al no existir el Colectivo 8 de marzo, ellas saben que no hay una casa donde las van atender como se debe atender a una mujer en situación de violencia, donde no se va a revictimizar, donde no se va a culpar, donde ella tiene toda la libertad de poder hablar lo que quiera y su información va estar confidencial”, lamenta “Lidia”.

La Casa de la Mujer Bocana de Paiwas 

A finales de los ochenta, Bocana de Paiwas, un municipio enclavado en el Caribe Sur, se había convertido en un campo de refugiados del conflicto armado. Las fundadoras de la Casa de la Mujer de Paiwas provenían del sandinismo. Jamileth Chavarría es una feminista pionera dentro de la oenegé, que acuerpó a las mujeres campesinas de la zona y se dedicó a la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos, y la lucha contra la violencia machista.

Con el tiempo, la Casa de la Mujer se convirtió en referente en la zona, educando a la población a través del primer centro cultural y la radio Palabra de Mujer, que se distinguía por su programa, “La Bruja Mensajera” —interpretado por Jamileth— en el que denunciaban a los agresores. La radio dejó de escucharse desde 2014, cuando el ente regulador (Telcor) bloqueó una solicitud para que se transmitiera en frecuencia modulada (FM). 

Antes, la oenegé había sido objeto de agresiones por simpatizantes del Frente Sandinista, al cuestionar a Ortega en una visita que realizó a Paiwas en 2002. La organización fue cancelada el pasado 4 de mayo. 

El trabajo de la ONG había disminuido en los últimos años, pero las defensoras aún seguían acompañando a otras mujeres, dice Chavarría desde España, donde reside desde 2011, sin cortar lazos con Paiwas. 

Las organizaciones de mujeres no nacieron porque sí, “nacieron por el abandono, desamparo legal y jurídico, porque el Estado nunca ha priorizado la situación que vive cada mujer. Nacimos por eso, para tener una respuesta autónoma, independiente ante esa situación adversa”, opina Chavarría.


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