3 de junio 2017
AA
Antonio Oconor Ortega recuerda sus días como profesor de Educación Física de forma agridulce. No se daba cuenta cuando, de frente a los alumnos, caía al suelo presa de un ataque epiléptico. Los repetidos episodios lo obligaron a buscar atención médica especializada fuera del país, pese que desde mediados de 1960 es el afiliado número 115260 del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). No quería que sus estudiantes y familiares lo socorrieran.
Los primeros días de Oconor Ortega como docente fueron en su natal Ocotal, donde en aquella época –según él– la cobertura de salud y medicinas del INSS no llegaba. “Estaba concentrada en las ciudades como Managua”, relata este hombre de 73 años, que desde la década de los ochenta se trasladó a Managua para dar clases en un colegio capitalino. Espigado y atlético, tiene la mitad de su rostro adormecido. El lado izquierdo cuelga sin control de sus impulsos. Desde 1970, Oconor Ortega buscó atención médica en Honduras y Estados Unidos por su cuenta.
La lesión del rostro fue causada por una operación cerebral: Le extirparon un tumor hace 13 años. Aunque su vida ha estado ligada a las pastillas anticonvulsivas, y pagó 1 mil 426 cotizaciones, fue hasta 2014 que el INSS comenzó a financiarle el tratamiento.
La mañana del pasado 19 de mayo, Oconor Ortega llegó a la farmacia Simón Bolívar del INSS, en Managua, a retirar su dosis mensual de medicamentos. La farmacéutica le anunció que la pastilla más costosa, la Levetiracetam (vital para que no convulsione), ya no es gratuita.
“Antes solo presentabas el epicrisis y te daban las pastillas. Ahora no me dijeron la razón exacta de este cambio, pero sí que las medicinas para enfermedades especiales las estaban quitando”, relata Oconor Ortega. Entre las manos sostiene blísters de carbamazepina y clonazepam, otras pastillas anticonvulsivas y ansiolíticas que debe tomar a diario. Así ha sido su vida, atada a prescripciones costosas… y el beneficio del INSS le duró poco.
Recorte abrupto, denuncian jubilados
Sede de la farmacia Simón Bolívar, en Managua. Allí son atendidos los jubilados. Carlos Herrera/Confidencial
Por estos días, en que la seguridad social en Nicaragua está al borde del abismo (el Fondo Monetario Internacional ha fechado su caída en insolvencia para 2019), los pensionados y enfermos crónicos han sufrido un recorte de los medicamentos. La medida ha sido abrupta y el INSS no ha dado explicaciones hasta ahora.
Rigoberto Muñoz, presidente de la Unión Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores (Unajupam), dice que solo en Managua han sido afectados 42 mil ancianos que reciben medicinas.
“Nos reunimos con la directora de Prestaciones Económicas del Seguro, Brenda Moncada, y nos dijo que la respuesta la tiene Roberto López (director del INSS)… queremos que nos conteste”, demanda Muñoz.
Confidencial quiso comunicarse con autoridades del INSS, pero no respondieron.
Unajupam sostiene que el recorte de medicamentos ha afectado especialmente a enfermos diabéticos, con cáncer en primer grado y los de Insuficiencia Renal Crónica. “Las enfermedades crónicas y patológicas son las más golpeadas”, insiste Muñoz.
Luis Garmendia, un minero con secuelas en los pulmones; Marlene Tercero, con leucemia; y Félix Ramón López, con diabetes, son algunos de los ancianos reunidos en Unajupam que demandan medicamentos.
La Asociación de Jubilados y Pensionados de Nicaragua (Ajupin) también levantó reclamos. Centra su demanda en el Occidente del país, donde la epidemia de Insuficiencia Renal Crónica diezma especialmente a los hombres. “Los jubilados ahora tienen que prestarle al INSS dinero para comprar los medicamentos, y eso no es así”, fustiga Gustavo Martínez, representante de Ajupin.
Las asociaciones de jubilados y pensionados denunciaron que no solo en la clínica Simón Bolívar del INSS existe el recorte de medicamentos. “También en las clínicas previsionales no hay medicamentos”, afirma Muñoz. “Se echan la culpa: las clínicas dicen que el INSS no paga los medicamentos, y el INSS dice que es problema de las clínicas que no entrega los medicamentos”, explica.
Sin embargo, Ismael Reyes, director del Hospital Salud Integral, asegura que la entrega de medicamentos en ese centro no ha sido alterada. “Nosotros le vendemos servicios al INSS (…) y estamos dando la misma lista, ni hemos recibido ninguna orientación del seguro”.
De acuerdo al anuario estadístico 2016 del INSS, la farmacia despachó un total de 349 mil 872 órdenes de medicamentos. La mayoría (179 mil 652) correspondieron a pensionados, seguido de los asegurados (137 mil 483), beneficiarios (28 mil 555) y para “ayuda social” (4 mil 182).
“Del total entregado, 28 mil 236 fueron para el programa de atención integral oncológica y 321 mil 636 para el resto de enfermedades”, detalla el anuario. Sin embargo, no especifica el tipo de medicamentos otorgados.
Alberto Lacayo, empresario farmacéutico y exdiputado opositor, sostiene que en la última quincena han aumentado los ancianos que llegan en busca de medicamentos a una de sus farmacias, ubicada en el Centro Comercial Managua.
“Los pensionados atendidos en el Hospital Central Managua están llegando más a buscar medicamentos hipertensivos, cardiológicos, para el Parkinson, diabetes y colesterol”, narra Lacayo. El empresario calcula que una canasta de medicamentos de este tipo ronda los 400 y 600 córdobas mensuales.
Hay superávit
Para financiar la atención médica y la entrega de medicamentos, el INSS recibe de cada uno de sus 900 mil afiliados 8.50% de su cotización para ese rubro. De ellos, 2.25% lo paga el trabajador, 6% el empleador y el Estado, en teoría, el restante 0.25%.
El experto en seguridad social, Roger Murillo, explica que ese porcentaje de 8.50% debe multiplicarse con el salario promedio de los cotizantes, que rondó los 10 mil 318 córdobas en 2016.
La operación matemática da 851.2 córdobas, cifra a la cual se le aplica otra ecuación: Es multiplicada por los 900 mil trabajadores registrados en el INSS, dando una cifra mensual de 766 millones 111 mil 500 córdobas. Con ese dinero, la seguridad social paga un aproximado de 351 millones de córdobas a las clínicas previsionales, quedando un excedente de casi 400 millones para medicamentos y para el colchón de ahorro del INSS.
“Superávit hay, y no han explicado por qué están quitando las medicinas”, cuestiona Manuel Israel Ruiz, otro connotado experto en seguridad social.
Ruíz menciona que existe un vacío legal en torno a la entrega de medicinas a los jubilados. Aunque la ley 160 en su artículo 3 establece entregar “prestaciones farmacéuticas”, no detalla explícitamente cuáles. Es decir, que “el INSS puede actuar de forma discrecional”.
Mientras uno está afiliado al INSS no abona para recibir medicamentos en la jubilación. En la década de los setenta, durante la época somocista, a los pensionados de vejez, invalidez y discapacidad les quitaban 6% de sus pagos para financiar la atención médica y de medicamentos.
Durante la época de la Revolución Sandinista ese cobro fue eliminado. En 1993, fue inhabilitado el sistema único de salud y el INSS asumió la obligación de brindar atención médica a los asegurados y pensionados. Es allí cuando nacen las figuras de las clínicas previsionales.
Sin embargo, el cobro a los pensionados por recibir medicinas nunca fue reestablecido, y se mantuvo la gratuidad hasta hace quince días, cuando la crisis que atraviesa el INSS empeora.
El experto Ruíz dijo que aunque hay un vacío legal en torno a los pensionados, los ampara la ley 516 de derechos adquiridos. Fue aprobada en 2005 y establece que “todo lo que se ha dado en materia laboral y en la seguridad social no puede disminuirse”.
“Mi propuesta es que quienes recibimos pensión de vejez, invalidez o discapacidad, paguemos el 1%. Equivaldrían unos nueve millones de córdobas mensuales”, dice Ruíz. “Que el Estado pague otro 1%, para que el INSS recupere 18 millones y así se nos dé todo”, agrega el experto, alentando a crear una nueva ley que regule esta situación.
No salva al INSS
Carlos Herrera/Confidencial
Por ahora, el mutismo del INSS respecto a este tema se mantiene. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, dijo esta semana “desconocer” que el recorte de medicamentos sea una “política establecida” del INSS. Aunque matizó que “reducir (medicinas) no va a ser suficiente para responder al tema planteado por el FMI”.
Para el economista Adolfo Acevedo existen medidas más eficaces para evitar el déficit inmediato del INSS, como reducir a los gastos administrativos a un 6.5% de los ingresos de cotización. Según Acevedo, eso implicaría un ahorro inmediato de más de 1 mil 500 millones de córdobas.
El economista propone además que todas las pensiones que corresponden a la función de protección social del Estado “comiencen a ser financiadas por el Presupuesto. En 2016 estas conllevaron un costo de poco más de 2 mil 500 millones de córdobas”.
Con la receta en mano, el profesor de educación física retirado hace sus propias cuentas. Necesita dos paquetes de 30 pastillas Levetiracetam para no sufrir un ataque epiléptico. Cada paquete vale 1, 576 córdobas, lo que al mes sumarían 3 mil 152 córdobas.
Antonio Oconor Ortega respira profundo. Limpia su comisura izquierda con un pañuelo crema. Su jubilación es de 5 mil 134 córdobas. Asumir el tratamiento le dejaría menos de dos mil córdobas para comer y pagar los servicios básicos. La jubilación de su esposa tampoco alcanza para mucho. “Nos van a matar”, expresa el exprofesor. Agacha la cabeza y fija la mirada en el moño de pastillas amarradas con una bandita elástica.
