Los diputados orteguistas lanzaron un salvavidas a la distribuidora de energía en Nicaragua, Disnorte-Dissur, este martes. Reformaron la Ley de Estabilidad Energética y le dieron poder para que pueda enjuiciar, demandar y embargar a aquellos usuarios que consumen más de 300 kilovatios horas al mes y no pagan la factura.
El objetivo es que las empresas distribuidoras de energía puedan recuperar unos 106 millones de dólares en facturas vencidas que los usuarios no han podido pagar y que tiene en números rojos a la empresa, poniendo en peligro al sistema energético del país, según dijo la diputada orteguista Jenny Martínez.
La mora, concentrada en unos 16 000 clientes, se ha acumulado en un año, cuando la factura de energía ha incrementado en 18%, según datos del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
La iniciativa fue enviada a la Asamblea Nacional por el dictador Daniel Ortega y aprobada por 72 diputados orteguistas. Los legisladores del PLC y Alfredo César, del Partido Conservador, votaron en contra. El diputado de Yatama, Brooklyn Rivera se abstuvo.
La distribuidora de energía en Nicaragua, donde el Estado tiene un 16% de acciones, no solo podrá demandar a los consumidores con un aval de la factura vencida por parte del INE, también puede publicar la lista de morosos y reportarlos a las dos centrales de riesgo privada que existen en el país.
No hay cárcel
El experto en temas del consumidor, Juan Carlos López, dijo que lo que los diputados hacen al reformar la ley es darle un respiro a la distribuidora para que pueda fortalecerse económicamente y cumplir sus pagos con los grandes generadores de electricidad del país.
El experto señaló que, a pesar de la aprobación de la ley, los usuarios no podrán ir a la cárcel por una deuda de energía eléctrica.
La generación de energía eléctrica es un gran negocio en Nicaragua y las ganancias se la están llevando las grandes empresas donde el grupo Albanisa tiene enormes intereses. La empresa distribuidora tiene que pagarles a las generadoras solo por estar disponibles a generar energía si el sistema lo requiere.
Un monopolio en el sector
Albanisa, la empresa mixta 51% propiedad de la venezolana PDVSA (sancionada por Estados Unidos) y 49% de Petronic, controla el 50% de la generación eléctrica térmica del país y un 34% de la capacidad instalada, según datos del Ministerio de Energía y Minas.
La empresa, que en los mejores tiempos de la cooperación venezolana que fue privatizada por la familia Ortega en Nicaragua, se convirtió en un emporio económico e invirtió entre 2008 y 2017 casi 500 millones de dólares para generar energía. Ahora es uno de los grandes acreedores de la distribuidora.
Durante el debate parlamentario, los diputados orteguistas justificaron que la medida solo afectará al 6% de los usuarios de energía y que el 94%, que es la población de menor poder adquisitivo, no podrá ser embargado ni enjuiciado.
