8 de julio 2020
AA
Desde el 19 de marzo, Costa Rica cerró sus fronteras terrestres para contener el avance de la pandemia de coronavirus. En Los Chiles, Alajuela, cantón costarricense que limita con el río San Juan de Nicaragua, las poblaciones transfronterizas de ambos lados, que antes circulaban entre ambos países sin documentos migratorios, han visto interrumpida su cotidianidad. Antes la frontera no existía, hoy la covid-19 la ha trazado de repente. Las autoridades ticas incluso instalaron una baranda azul, para interrumpir el paso entre un país a otro y así evitar la circulación del virus entre las comunidades.
De repente, las empresas agrícolas costarricenses se quedaron sin mano de obra, poniendo presión en los pocos trabajadores agrícolas ticos de la zona. Por el otro lado, miles de trabajadores nicas se quedaron sin empleo.
La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria de Costa Rica calcula que un 60% de quienes recogen la producción agrícola son migrantes, la mayoría nicaragüenses. Empresarios advirtieron que en los próximos meses necesitarán más de 70 000 trabajadores extranjeros para levantar las cosechas, de lo contrario se perderán.
Los productores necesitan la manos de obra de los nicaragüenses, y estos, a su vez, necesitan el trabajo que les ofrecen las fincas del lado tico: en Nicaragua el salario mínimo mensual en el sector agro es de apenas 124 dólares; mientras que, en Costa Rica, el salario base de un peón agrícola es 18 dólares por día, es decir, unos 438 dólares mensuales.
Ricardo Marín, viceministro de Trabajo de Costa Rica, dice que no existe coordinación con el Gobierno nicaragüense que ayude a solucionar el impedimento que actualmente tienen los trabajadores nicaragüenses de ingresar a territorio costarricense para trabajar en plantaciones agrícolas.
En junio se firmó un decretó que permitirá a extranjeros acceder a un permiso por un año, si demuestran su arraigo de residencia en territorio costarricense entre enero de 2016 y enero de 2020. Pero eso no basta, hay muchos trabajadores que entran y salen. El jerarca dijo que el Ministerio trabaja en un decreto más que daría un documento a quienes demuestren arraigo laboral en Costa Rica.
En entrevista, Marín habla también sobre las irregularidades laborales y violaciones de derechos laborales a las que están expuestos los trabajadores nicaragüenses indocumentados. El intercambio es parte del especial La Frontera Dibujada, una investigación binacional realizada por CONFIDENCIAL, de Nicaragua; y La Voz de Guanacaste e Interferencia, de Costa Rica.
¿Cuáles son los resultados de los operativos realizados a raíz de la pandemia en Costa Rica por parte de las distintas autoridades, incluyendo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social?
Este operativo en la Zona Norte inició el 16 de junio. Fueron dos semanas en que abarcamos varias instituciones del Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, Policía de Migración y Ministerio de Trabajo. ¿Qué buscábamos? Darle la máxima seguridad, no solo evitar más contagios del covid-19, sino también garantizar la Seguridad Social y los derechos laborales a estos trabajadores.
De más de 250 empresas que se visitaron en este operativo interinstitucional, en 28 empresas el Ministerio de Trabajo encontró infracciones a las leyes de trabajo y a las normas de salud ocupacional, que son esenciales para evitar los contagios.
Las infracciones más específicas que pudimos localizar en el aspecto laboral fueron el respeto a una jornada, el respeto al pago de las horas extra, salario mínimo y el pago de vacaciones. En los ejes de salud ocupacional encontramos en algunos lugares que no tenían jabón para poderse lavar las manos, que no mantenían su distanciamiento social dentro del núcleo laboral...
¿Qué tipo de empresas presentaron los incumplimientos?
La mayoría son agrícolas. Son plantaciones agrícolas en las que se puede dividir en el producto de la piña, yuca y naranjas y algunos tubérculos y otras también que no son a campo abierto en la finca específicamente, sino que también son en las plantas de procesamiento de estos productos.
Se calcula que para las cosechas de varios productos agrícolas harán falta más de 70 000 recolectores en los próximos meses. ¿Por qué ese faltante tan grande de empleados en este sector?
El sector agro siempre ha recibido de muy buena manera la mano de obra migrante, el trabajo migrante es necesario para la producción del país, para la producción de estos productos, su exportación.
Hay un decreto del que el Ministerio de Trabajo fue parte, junto con el Ministerio de Agricultura y Migración para que a las personas migrantes en estado irregular, los empleadores, los patronos de estas fincas, puedan formalizar a estas personas trabajadoras por medio de un DIMEX (Documento de Identidad Migratoria para Extranjeros). ¿Qué ganamos con eso? Bueno, ganamos muchísimo, porque en formalidad, ya con ese documento procesado y aceptado por la parte patronal, pues entonces tendrían (los trabajadores) un mayor acceso y control a la hora de acceder a los servicios de Seguridad Social y también a nivelar sus derechos laborales.
¿En qué consiste el decreto?
Hay personas que, si demuestran su arraigo anterior, si no me equivoco a enero del 2020, son personas que perfectamente podrían optar por esta documentación, por este DIMEX, para que puedan acceder a estos 70 000 empleos en el sector agro que usted me está hablando.
¿Puede resolver el déficit ese decreto?
Tenemos toda la esperanza que sí. En estos momentos de pandemia mundial y la emergencia nacional por el covid- 19, bueno, el sector agro es uno que afortunadamente no se ha detenido, porque no se han encontrado varios y con estos operativos que hemos tenido son para neutralizar un poco los casos. Entonces, con las normativas de salud ocupacional es que podemos continuar con esta economía y estas fuentes de trabajo, y esperamos que entonces sí, estas personas puedan tener acceso a estos 70 000 empleos.
Estuvimos en la zona de Los Chiles y conversamos con personas que nos hablaban de una serie de irregularidades por parte de empresas agrícolas que están asentadas ahí, desde el uso de mano de obra de personas indocumentadas, la mayoría nicaragüenses, hasta quienes reclaman que los empleadores no los registraban ante la Caja de Seguridad Social, a pesar de que les restaban el porcentaje de sus salarios. ¿Qué información tiene el Ministerio sobre estas denuncias? ¿Cuál es la situación en esa zona norte del país?
Sí, hemos encontrado, como le dije, todas estas situaciones, todas estas infracciones a las leyes de trabajo. Me es importante recalcar que por medio de convenios internacionales y bajo la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos, las personas trabajadoras, independientemente de su estado migratorio, irregular o no, a la hora de ser contratadas, nuestro Código de Trabajo, las cubre, las defiende y hay que proteger esos derechos.
Quiere decir que una persona, aunque ya haya sido contratada en unas de estas fincas con un estado irregular migratorio, tiene que tener derecho de acceso a un trabajo decente, tiene que tener acceso a un salario mínimo establecido en el país, a su día de descanso, a insumos de salud ocupacional que en estos momentos son importantísimos, indiferentemente de su estado migratorio.
Segundo, el Gobierno de Costa Rica se ha preocupado por todas estas figuras en las que se le precarizan los derechos laborales a estos trabajadores, que la mayoría de las veces, no es la empresa principal. Existe una figura de la tercerización del servicio... los famosos contratistas del sector agro. Muchas de las empresas ya se están preocupando porque muchos votos, a nivel judicial, cuando ese contratista no tiene cómo cumplir sus deudas con sus trabajadores, pues solidariamente una empresa principal puede responder por eso.
La empresa principal debe fiscalizar a sus contratistas, porque la empresa principal puede cumplir sus rubros, pero cuando esa empresa principal terceriza el servicio, por ejemplo, de cosecha de la piña, ahí se contrata a un tercero, que muchas veces, inclusive este tercero es una persona migrante en estado irregular que se trae a un colectivo de trabajadores migrantes en estado irregular, y en esa cadena de valor de la relación laboral es donde se precariza esos derechos.
¿Qué tan frecuente ocurre?
Lo hemos manejado a veces por medio de denuncias o por inspecciones de oficio. No son los más en el sector agro, pero sí existe la figura. Entonces, sí afecta a una gran cantidad de trabajadores que, por un insumo o por amenazas que a veces reciben por su estado irregular migratorio, aceptan trabajar por menos salario. No se dan cuenta que, incondicionalmente, a pesar de su forma irregular, no es responsabilidad de ellos, porque nosotros acá tenemos un principio que es: a igual trabajo, igual salario.
Se está manejando un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa en que los inspectores tengan un poco más de alcance, un poco más de músculo legal. ¿Qué quiero decir con esto? Que el inspector pueda llegar al centro de trabajo y pueda imponer una multa de manera inmediata, que es nuestro marco legal aún no lo tiene visibilizado.
Viceministro, estas denuncias de irregularidades, violaciones de derechos laborales, de derechos humanos, no son nuevas. Se ha hablado por años del uso y explotación de personas nicaragüenses indocumentadas. ¿Siente usted que hay una deuda del Estado costarricense?
Hemos ido avanzando y hemos avanzado muchísimo. Con esto del decreto que se hizo para entregarle el DIMEX a estos trabajadores, yo creo que podemos avanzar muchísimo en la formalización de estos trabajadores, demostrar que tienen arraigo y (avanzar en) la búsqueda de ese norte del Ministerio de Trabajo y el Gobierno de Costa Rica, que es el trabajo decente en el país.
¿Qué pasa con las comunidades transfronterizas? Muchas personas ingresan todos los días a Costa Rica a trabajar a las plantaciones, ¿qué opciones hay para ellos que no están arraigados en territorio costarricense?
Yo no sé si ya se firmó, pero sí está también firmándose un decreto para los transfronterizos, también que se maneje de la misma manera y que tengan por lo menos, no el arraigo de vivienda, pero sí el contrato del empleador (que demuestre) que lo ocupan del otro lado de La Trocha para trabajar en ese naranjal, entonces ya con eso tendrían tal vez un salvoconducto para poder trasladarse. Ya se está construyendo (el decreto).
En este momento no es por un aspecto migratorio, es por un aspecto de salud que las fronteras están cerradas, entonces ahí es donde se está batallando. Por ejemplo, con Panamá, (con poblaciones indígenas transfronterizas) ya vienen con un dictamen médico de que su condición está bien, que no tiene fiebre, etcétera, para poder trasladarse a este lado (costarricense).
¿Ya con Panamá hay un acuerdo?
Exactamente con Panamá hay un acuerdo, pero con Nicaragua... Sinceramente les miento si ahorita sé si hay acuerdo, porque ha sido ha sido difícil, con Nicaragua ha sido bien difícil. No hay ese diálogo, no existe esa coordinación.
*Con la colaboración de David Chavarría, de Interferencia, de Radioemisoras UCR.
