Nación

Los trucos de Ortega y Murillo para la confiscación ilegal contra oenegés canceladas

En los primeros dos meses de 2022, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado la personería jurídica a 40 asociaciones sin fines de lucro, seis de ellas además fueron confiscadas sin explicación, en una acción que “no respetó el debido proceso” y carece de “justificación legal”, sostienen abogados nicaragüenses.

Entre las asociaciones canceladas se encuentran siete universidades privadas, ocho asociaciones ligadas a universidades extranjeras, cuatro asociaciones de graduados, tres asociaciones de colegios privados, once organizaciones de desarrollo local y gremial, y seis oenegés extranjeras que tenían representación legal en Nicaragua. A todas ellas el régimen las señala de haber incumplido con sus registros ante el Ministerio de Gobernación (Migob) y, en algunos casos, de no registrarse como agentes extranjeros.


Sin embargo, dirigentes de asociaciones canceladas como Sandra Ramos, del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra; y Adrián Meza, de la Universidad Paulo Freire; han señalado que cada vez que presentaron sus registros ante el Migob, la institución se negó a recibirles la información y les exigió nuevos documentos. Hasta que finalmente la responsable del Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro del Migob, Franya Urey Blandón, solicitó a la Asamblea Nacional la cancelación de los organismos.

La abogada y notaria pública, Martha Patricia Molina, valora que la cancelación masiva de asociaciones sin fines de lucro en Nicaragua y particularmente la confiscación de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Popular Nicaragüense (Uponic), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh), la Universidad Paulo Freire (UPF) y algunos centros Fabretto; es “algo más político que jurídico”, porque “no tiene un asidero legal” y pone en riesgo la seguridad de la propiedad privada establecido en el artículo 44 de la Constitución Política.

Los bienes inmuebles solo “pueden ser objeto de expropiación de acuerdo con la Ley, previo pago en efectivo de justa indemnización”, se lee en el tercer párrafo del artículo 44 de la Constitución. Sin embargo, el Estado de Nicaragua no pagó ninguna indemnización a los propietarios de las universidades y el 7 de febrero la Asamblea Nacional aprobó la Ley 1108 o Ley Creadora de la Universidad Francisco Luis Espinoza Pineda; la Ley 1109 o Ley Creadora de la Universidad Nacional Politécnica; la Ley 1110 o Ley Creadora de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés; en las que establecen que el patrimonio de esas universidades es todo lo que pertenecía a la universidades canceladas y pueden reclamar el traspaso e inscripción de los mismos “libre de todo tributo”.

“Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”, continúa el artículo 44 constitucional.

Violaciones al debido proceso contra oenegés

La cancelación de las asociaciones sin fines de lucro “no implica la confiscación de sus bienes”, como se está haciendo en este momento, explica un segundo abogado que solicitó anonimato. En estos casos, el artículo 25 de la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, establece que “los bienes y acciones que pertenezcan a la asociación tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el acta constitutiva o en sus estatutos”. Solamente “si nada se hubiere dispuesto” sobre ello pasarán a ser propiedad del Estado.

De hecho, advierte el abogado, el artículo dos del decreto 8787 de la Asamblea Nacional —a través del que se cancelaron las personerías jurídicas a 14 asociaciones, entre ellas cinco universidades— repite el artículo 25 de la Ley 147. No obstante, la mayoría de los propietarios de las asociaciones canceladas han optado por guardar silencio. En la última semana CONFIDENCIAL envió solicitudes de entrevistas a 25 de las 39 asociaciones canceladas y solo tres respondieron a nuestra solicitud.

En las actas constitutivas de las asociaciones “se estila decir que es lo que va a pasar con aquellos bienes, pero como están actuando no conforme al derecho sino apartado de este, entonces lo que ha surgido en este momento es una confiscación, pero no podría dar una explicación jurídica porque no existe una explicación jurídica en este caso”, subraya el abogado.

Además, valora el abogado, antes de cancelar las organizaciones la Asamblea Nacional debió esperar “que se agotara el proceso correctivo” del Departamento de Registros y Controles de Asociaciones del Migob, establecido en el artículo 22 de la Ley 147, que consiste en multas que van desde 1000 a 5000 córdobas o la intervención “por el plazo estrictamente necesario para solucionar las irregularidades”.

Las sanciones correctivas del ente regulador “son apelables”, explica el abogado. Es decir, “no adquieren suficiente fuerza mientras no se haya agotado cualquier contradicción y alegación por parte del afectado”, se lee en el artículo 23 de la Ley 147.

No obstante, el régimen ha continuado su embestida contra las oenegés. Las últimas en ser canceladas fueron la Asociación Universidad Tecnológica Nicaragüense (UTN) y la Asociación Universidad Santo Tomás de Oriente y Mediodía (Uston-Granada) el pasado 23 de febrero. “Estas dos asociaciones han incumplido con los estados financieros conforme a los períodos fiscales, desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalles de donaciones, origen, proveniencia y beneficiario final; fomentando la falta de transparencia en la administración de los fondos y desconociéndose la ejecución de los mismos”, dice el decreto de cancelación.

Gioconda Belli, de PEN Internacional: “Nada que confiscar”

Para Gioconda Belli, presidenta de PEN Internacional Nicaragua, otra de las asociaciones canceladas por el régimen, al momento que se oficializó la cancelación de la oenegé ya “no había nada que confiscar” porque, a su juicio, la persecución contra los organismos inició en 2018 y se radicalizó con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, a finales de 2020.

“En mayo de 2018 nosotros pedimos la certificación al Ministerio de Gobernación y no nos la dieron, por muchos meses fuimos a exigir que nos la dieran y finalmente el banco nos cerró la cuenta”, relató Belli. Es por eso que “no teníamos cuenta bancaria”, “no teníamos empleados” y “éramos una organización extremadamente pequeña que funcionaba con voluntariado”, agregó.

Belli, que es una escritora reconocida a nivel mundial, explicó que a inicios de 2021 la organización cerró debido a la obligación de registrarse como agentes extranjeros, cuando “no recibíamos dinero de afuera y, por otro lado, no íbamos a permitir que nos coartaran la libertad política a los nicaragüenses que estábamos trabajando en PEN, no dejándonos participar en ninguna actividad política. Eso iba en contra de la existencia del PEN mismo, porque el PEN se dedica en todo el mundo a defender los derechos de los periodistas y los escritores”, dijo.

Para Belli, aunque la cancelación de PEN no implicó ningún tipo de confiscación, el cierre de la organización afecta directamente a la sociedad, ya que “nosotros veníamos haciendo un trabajo cultural” que “estimulaba la lectura” y, por otro lado, “teníamos un monitoreo de los que estaba pasando en relación a las libertades públicas, a la libertad de expresión y podíamos contarlo a las 130 oficinas que tiene PEN en todo el mundo”, lamentó.

Otra de las personerías canceladas recientemente por el Migob fue a la Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (UCEM); por lo que la universidad que opera actualmente en Managua aclaró a CONFIDENCIAL que la asociación cancelada es originaria de Costa Rica y estaba registrada bajo el número perpetuo 20, del 22 de agosto de 1996. “Dicha asociación quedó inactiva desde hace más de veinte años y no cuenta con ningún bien mueble o inmueble, por tanto, el Ministerio de Gobernación procedió a oficializar su cierre”, puntualizó la universidad a través de correo electrónico.

En cambio, la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (UCEM) está inscrita bajo el número perpetuo 1146, página 621, del Tomo I, libro V, del departamento de Registro de Asociaciones del Migob, conforme a la resolución del 4 de septiembre de 1998. “UCEM Nicaragua mantiene sus puertas abiertas para seguir formando profesionales de calidad para fomentar el desarrollo de Nicaragua”, agregan.

Confiscación ilegal: “Una involución jurídica”

La abogada Molina valora que las confiscaciones que se han registrado últimamente en Nicaragua son “algo totalmente grave para el país” y representan “un retroceso” en materia jurídica. Situación que tendrá repercusiones graves en el sistema educativo, debido a que la mayoría de las oenegés canceladas se dedicaban a la promoción de la educación y el desarrollo de la infancia.

Para esta abogada, que es integrante del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, la confiscación de bienes es como “una involución jurídica” que atribuye al “sistema de Estado criminal que tenemos” en Nicaragua. “Primero comenzaron con los medios de comunicación independientes, ahora se están enfocando en el tema de la educación, mañana qué sé yo, tal vez estoy siendo un poco atrevida, pero podría ser la banca privada y así sucesivamente”, comenta.

Desde 2018, luego de una serie de protestas masivas en contra del régimen de Ortega- Murillo, han sido confiscados los bienes de: CONFIDENCIAL, 100% Noticias, La Prensa, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Centro de Información y Servicios de Asesoría de Salud (CISAS), el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Popol Na, Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILS), Fundación del Río; Corporación Tomza, una transnacional de capital guatemalteco; 9800 manzanas de tierras ocupadas por militantes del Frente Sandinista y hasta los bienes de la Embajada de Taiwán, después que el régimen nicaragüense rompió relaciones diplomáticas con la isla y reconoció a la República Popular China, en diciembre de 2021.

“Lo que estamos haciendo en Nicaragua con esta involución jurídica es terminar con toda la legalidad”, señala Molina. “Por eso estamos viendo a cada momento los diferentes métodos de tortura que se están utilizando en las diferentes cárceles de Nicaragua y es producto de este degeneramiento que se ha dado del tema de la justicia. Ya en Nicaragua no existe la justicia, no existe un sistema judicial, y lo que hay es una ley del más fuerte”, subraya la abogada.

Redacción Confidencial

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