12 de junio 2021
AA
Un grupo de más de 40 presos políticos sostiene, desde el pasado 31 de mayo, acciones de rebeldía en demanda de su libertad. Los reos del régimen de Daniel Ortega han decidido dejar de firmar documentos extendidos por las autoridades, no asistir a las consultas médicas, rechazar la “chupeta” (comida facilitada por Penal) y no permitir que funcionarios les tomen fotografías.
Brenda Gutiérrez, representante del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, que aglutina a parientes de 65 de más de 130 reos del régimen orteguista, explicó que tienen reporte de más de 40 presos políticos que se han sumado a las acciones de rebeldía durante estos 11 días, pero, indica, conforme pasa el tiempo otros se podrían ir sumando en la medida que logren enterarse de las acciones que los demás están asumiendo.
Ruth Martínez Ortiz, hermana del preso político Norlan Cárdenas Ortiz, indicó que los reos políticos de la Galería Cinco son parte de quienes han iniciado esta acción en demanda de libertad.
“Todo esto empezó el lunes 31 de mayo, cuando ellos identificaron una manera de protestar poniéndose en rebeldía, no firmando, no agarrando la famosa chupeta que el Penal entrega y no dejarse tomar fotos para que no sigan diciendo que ellos están bien, porque ellos solo estarán bien cuando estén en libertad”, explicó.
El hermano de Martínez está detenido desde diciembre de 2019. Fue acusado -detallan sus parientes- de supuestamente haber cometido los delitos de obstrucción de funciones, posesión ilegal de armas restringidas y posesión y tenencia de explosivos. Fue condenado a siete años de prisión y, hasta la fecha, tiene 18 meses de estar encarcelado.
En todo este tiempo de detención -denuncian- tanto Cárdenas como sus familiares que llegan a visitarlo han sufrido los “atropellos de los funcionarios” del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”.
Martínez denuncia que, durante las visitas, la esposa de su hermano ha sido sometida a procesos tediosos de ingreso, cuando funcionarios le dicen que han perdido sus documentos o que fingen no encontrarla en los registros. Señala que, hace tres meses, su madre fue lesionada en una ocasión que hacía fila para entrar al Penal a visitar a su hermano, cuando fue empujada por una funcionaria que la hizo caer y golpearse la rodilla.
“Ella no había querido denunciar para que no le hicieran nada a mi hermano como represalia”, comentó.
Familiares también están en rebeldía
Martínez explica que -desde hace once meses- como parientes habían accedido a firmar a las autoridades del Penal unas cartas que los funcionarios les entregaban en cada visita, donde los obligaban a “dejar constancia que encontramos a nuestro pariente en excelentes condiciones, que recibe atención médica, alimentación y visitas, que fuimos recibidos muy cordialmente”, para que no hubiera represalia contra sus familiares encarcelados.
“Firmábamos para evitar represalias y porque teníamos la esperanza de que ahorita que se iban a dar las reformas electorales los iban a soltar, no queríamos que hicieran nada ellos para no estropear nada, pero al ver que no se dio la reforma, la liberación, nada, entonces, apoyamos esta acción que ellos han iniciado y ahora nosotros no firmamos”, explica.
Advierte que los presos políticos están organizados, en medio de las dificultades de comunicación que tienen, y “dicen que si no hay liberaciones ellos van a agudizar esta resistencia”.
Amenazan con traslados a celdas de máxima seguridad
Karen González, esposa de preso político Wilber Antonio Prado Gutiérrez, que permanece detenido desde enero de 2020, explica que él se encuentra ejecutando “acciones de rebeldía” y ha empezado a recibir amenazas de los funcionarios del Penal.
“Él me dijo que ya no estaba yendo a chequeo médico, ni firmaba, ni agarraba la chupeta para que no le estuvieran tomando foto, pero que los funcionarios han empezado a tomar represalias… Me contó que el día en la conyugal -cuando yo ya me vine- lo llegaron a sacar y le dijeron que si él seguía en rebeldía pues que lo iban a mandar a las celdas de máxima seguridad, porque ahí los que mandan son ellos”, denuncia.
Prado Gutiérrez fue acusado de cometer el delito de tentativa de homicidio y fue condenado a 26 años de prisión. El hombre ya suma más de 16 meses de encarcelamiento, ya que ha sido detenido en dos ocasiones, l a primera vez que estuvo privado de su libertad fue del 03 de septiembre de 2018 al 05 de abril de 2019. Luego, fue recapturado en enero de 2020 y hasta la fecha sigue encarcelado.
La esposa de Prado, al igual que los familiares de los más de 130 presos políticos del régimen de Ortega, lo que demanda “es su libertad inmediata porque esto es un sufrimiento tanto para ellos como para nosotros, porque ellos son inocentes y no merecen ni un solo minuto más dentro de esas cárceles”.
Ahora, con las amenazas que sufren los presos políticos que están ejerciendo las acciones de rebeldía, ambas mujeres exigen que se respete su integridad física y que no se les impongan castigos por demandar pacíficamente su libertad.
