Michelle Bachelet: “Me preocupa” la falta de rendición de cuentas en Nicaragua

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mostró su preocupación ante el Consejo de DD. HH. de las Naciones Unidas, porque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa “sin garantizar” una rendición de cuentas por las “graves” violaciones de los derechos humanos que se cometen en Nicaragua, desde abril de 2018. A la par, sugirió “la posibilidad de adoptar medidas adicionales” para corregir la situación.

“La rendición de cuenta es el núcleo del estado de Derecho. Me preocupa que siga sin garantizarse la rendición de cuentas por las violaciones a derechos humanos cometidas desde abril de 2018 en Nicaragua”, dijo Bachelet, durante la presentación de un informe sobre Nicaragua ante el Consejo.

Lamentó que el Gobierno nicaragüense sigue sin cumplir las recomendaciones que se le hicieron desde la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh), con el fin de que se supere la grave crisis de derechos humanos, civiles y políticos.

La expresidenta chilena resaltó la importancia de que el Consejo de la ONU “continúe monitoreando la situación de derechos humanos en Nicaragua”, y se considere “la posibilidad de adoptar medidas adicionales para fortalecer la rendición de cuentas por violaciones graves de los derechos humanos” que se continúan cometiendo en el país.

Detenciones, juicios y leyes punitivas 

El informe detalla que en Nicaragua se siguen registrando detenciones, criminalizaciones, y persecución contra opositores, periodistas, empresarios y defensores de derechos humanos. “Al menos 43 personas continúan detenidas en el contexto de las elecciones de 2021”.

La alta comisionada lamentó “la muerte en detención de Hugo Torres, un destacado líder de la oposición que fue arrestado antes de las elecciones”.

Además, denunció que varias de las personas que detenidas han sufrido “deterioro de su salud en los últimos meses” y que “al menos 29 de estos continúan recluidos en el Complejo Policial Evaristo Vásquez, en violación a las garantías del debido proceso y presuntamente en condiciones inhumanas”. 

“Observamos con preocupación la reanudación de los juicios contra algunos de estos hombres y mujeres, durante el mes pasado, y las duras sentencias de prisión a al menos 84 personas, sin aplicar el debido proceso”, señaló Bachelet.

Demandó que se adopten “medidas urgentes para asegurar su pronta liberación y garantizar la integridad psíquica y física de las personas detenidas arbitrariamente, incluido otorgar acceso a mi Oficina para visitarlos”.

El informe de la Oacnudh señala que, entre enero y diciembre de 2021, se registró el hostigamiento a 20 mujeres y seis hombres; la detención de al menos cuatro defensoras de derechos humanos; y unos 40 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio por parte de funcionarios del Estado.

En ese sentido, Bachelet urgió a las autoridades de Nicaragua “cesar, condenar públicamente y sancionar cualquier ataque o acoso contra activistas políticos, periodistas y defensores de derechos humanos”.

Leyes punitivas y cancelaciones de oenegés 

El documento de Oacnudh registra también la cancelación de las personerías jurídicas de varias instituciones y organizaciones de la sociedad civil, ordenadas por el régimen en los primeros dos meses de 2022, y resalta que 12 universidades y 26 oenegés fueron canceladas por la Asamblea Nacional, “sin posibilidad de que sus representantes pudieran ejercer el derecho a la defensa”.

Los defensores destacan que en 2021 ocurrió la misma práctica de cancelaciones, dejando a 54 organizaciones sin fines de lucro prohibidas de seguir trabajando.

En este contexto, la alta comisionada instó “encarecidamente a Nicaragua a derogar las leyes aprobadas, que restringen indebidamente el espacio cívico y democrático, en particular Ley Especial de Ciberdelitos, 1042; la Ley 1040 de Agentes Extranjeros; y la Ley 1055 de Defensa de la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”.

Recomendó la “armonización de la legislación penal y electoral en línea con las normas y estándares internacionales de los derechos humanos”.

Más de 144 000 dejaron el país en 2021

La expresidenta advirtió que “el temor a la acción represiva de las autoridades, en respuesta al ejercicio de las libertades fundamentales, es profundamente perjudicial para los derechos humanos de los nicaragüenses”, y destacó que el número de solicitantes de asilo en 2021 fue el más alto desde 2018, con al menos 144 000 ciudadanos. “Los nicaragüenses continúan buscando vidas dignas y seguridad fuera de su país”.

Alertó, frente a las elecciones municipales programadas para noviembre de 2022, sobre la urgencia de que el Gobierno tome medidas para restablecer un “proceso electoral creíble, justo y transparente”.

“Todos los nicaragüenses deben poder ejercer libres y plenamente sus derechos civiles y políticos independientemente de su afiliación política”, apuntó.

La alta comisionada de DD. HH. instó al Gobierno a “iniciar un diálogo nacional, como lo ofreció el presidente Daniel Ortega en 2021, que sea incluyente desde todo punto de vista y que tenga como objetivo garantizar una solución pacífica y democrática a la crisis política, social y derechos humanos que continúa afectando al país”.

También animó a las autoridades a “elaborar una hoja de ruta de compromisos claros, basados en la buena fe y en las normas y estándares de derechos humanos y garantizar que el proceso de diálogo sea observado por garantes internacionales e imparciales”, para lo que su Oficina dijo estar lista y disponible para acompañar el proceso.

“Otorgar acceso al país a nuestro personal y a los titulares de mandatos y procedimientos especiales construiría un importante gesto de apertura y cooperación con el sistema de Naciones Unidas”, recomendó.

Régimen califica de “agresiones”

Tras la presentación de Bachelet, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina, subrayó que el Consejo de la ONU hace “evaluaciones dispares” sobres las situaciones de derechos humanos, y calificó los informes y actualizaciones sobre Nicaragua de “agresiones”.

“Tienen como objetivo seguir descalificando y denigrando a nuestras autoridades e instituciones, sobre la base de información falsa, con la finalidad de inmiscuirse en nuestros asuntos, irrespetando nuestra soberanía e independencia, y haciendo eco de la política intervencionista el Gobierno de los Estados Unidos y algunos países europeos”, señaló Morales.

La procuradora demandó que “este foro se pronuncie en defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses para que cesen las sanciones contra nuestro pueblo”.

Sin embargo, la funcionaria no aclaró que las sanciones internacionales han sido dirigidas contra altos cargos del régimen e instituciones, señaladas de participar en la represión contra los nicaragüenses desde abril de 2018.

Víctimas confirman violaciones

Organizaciones internacionales de DD. HH. cedieron sus intervenciones a familiares de presos políticos y de víctimas de la represión gubernamental y defensores de derechos humanos de Nicaragua que reafirmaron las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.

Josefa Meza, madre de Jonathan Morazán Meza, universitario asesinado el 30 de mayo 2018, en su carácter de representante de la Asociación Madres de Abril, que agrupa a madres y familiares de las víctimas asesinadas desde abril de 2018, denunció que su hijo es una de las 355 víctimas ejecutadas por fuerzas militares, policiales y paramilitares del régimen Ortega Murillo.

También denunció que por “buscar justicia” los familiares de las víctimas han sufrido “una campaña de difamación del Gobierno”, y “muchas hemos tenido que salir al exilio para salvar nuestras vidas”.

“Estoy aquí ante este Consejo de Derechos Humanos trayendo el clamor de las víctimas, para que expresen su apoyo firme para el establecimiento de un mecanismo que investigue y preserve la evidencia de las graves violaciones de derechos humanos e identifique perpetradores, con el fin de solventar las bases para un proceso de justicia, que garantice nuestro derecho de acceso a la justicia, la verdad, y la reparación”, indicó Meza.

Julio Sandino, hijo de la presa política Violeta Granera, se refirió a las “graves” violaciones a derechos humanos a las que son sometidos los presos políticos, y detalló que su madre, de 70 años y con una serie de problemas crónicos de salud propios de su edad, “lleva más de ocho meses encerrada en una pequeña celda, durmiendo en una cama de concreto, donde bombillo no se apaga las 24 horas del día y no la deja descansar, y debido a la mala alimentación ha perdido parte de su dentadura y ha bajado más de 30 libras”.

“Llamamos al Consejo de Derechos Humanos a que tome cartas en el asunto. No queremos seguir viendo morir a más gente, no quiero ver morir a mi madre”, expresó.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, denunció la impunidad de casi cuatro años de las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otros crímenes graves realizados por el régimen Ortega-Murillo.

“A pesar de los esfuerzos de la ONU y de la región para mejorar la crisis la situación empeora en Nicaragua por la absoluta impunidad en las graves violaciones de derechos humanos y la ausencia de voluntad de las autoridades nacionales para remediarlas”, destacó.

Además reiteró el llamado de las organizaciones para que los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos "renueven la resolución sobre Nicaragua y adopten un mecanismo para la investigación, preservación de pruebas, y la rendición de cuentas por las graves violaciones que se han cometido desde 2018”.