28 de mayo 2016
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Luego de más de 15 horas de alegatos finales de la defensa de los ciudadanos Álvaro Montealegre Rivas, Hugo Paguaga y Roberto Bendaña, el juez Octavio Rothschuh requirió menos de 30 minutos para dictar su fallo: culpables de los tres delitos de los que se les acusa.
Según la acusación, los tres hombres habrían cometido los delitos de estafa agravada, ofrecimiento fraudulento de efectos de crédito, y crimen organizado. El próximo 16 de junio, cuando el letrado lea la sentencia, los defensores podrán hacerse una idea acerca de la duración de las penas a aplicar.
Juan Manuel Guerrero, defensor de Montealegre Rivas, dijo que las penas máximas acumuladas que se pueden aplicar por la comisión de esos tres delitos, suman más de 30 años, adelantando que él pedirá que se apliquen las sentencias mínimas, que suman 8 años y medio.
Desde luego, ya se está preparando mental y jurídicamente para el siguiente paso: apelar la decisión del juez Rothschuh, por considerar que “no está ajustada a derecho, es errada, y arbitraria”.
En el 2009, dos ciudadanos panameños crearon en ese país la sociedad ‘International Investment & Financial Services’, (IIFS) cuyos accionistas eran anónimos, aunque el escándalo que condujo al juicio contra Montealegre, Paguaga y Bendaña, permitió conocer que los dos primeros estaban en la junta directiva de IIFS en calidad de ‘dignatarios’.
El defensor Guerrero explicó que esa es una figura que contempla el derecho panameño, por la cual una persona puede aparecer como miembro de la junta directiva de una empresa, aún sin ser socio o dueño de ella, y que es en esa calidad que Montealegre aparece como secretario, y Paguaga como tesorero de la junta directiva de IIFS.
La presidencia en todo caso, recaía en la empresa Inversiones Almori S.A. (Almori son las siglas de Álvaro Montealegre Rivas, que es a su vez presidente de Almori). El acta constitutiva indica que IIFS no puede actuar en Panamá, pero sí en el resto del mundo, y a eso se dedicó.
Tres años de paz,
3 años de zozobra
En Managua, la empresa comenzó a recaudar fondos de manos privadas. El abogado defiende que no se trató de ofertas abiertas al público, sino de una oferta privada, que a la larga permitió juntar varios millones de dólares, suma que se invirtió en varias empresas propiedad de Montealegre, entre ellas, Q-Pharmacy, domiciliada en Estados Unidos.
Según Guerrero, las personas que en 2009 decidieron invertir con IIFS firmaron contratos de inversión, en algunos casos sin leer los documentos, “porque confiaban en Paguaga”.
Cuando se vencieron los documentos, la mayor parte de los inversionistas decidió extender su vigencia por un año más, luego de recibir los dividendos por su inversión. Lo mismo pasó en 2011 y 2012, pero comenzaron a preocuparse y protestar en 2013, cuando la empresa no fue capaz de pagarles los rendimientos prometidos.
Guerrero refiere que los problemas de Q-Pharmacy comenzaron luego que el Congreso de Estados Unidos aprobara en 2010 la ley llamada ‘ObamaCare’, que ofreció alternativas baratas a los servicios de salud que ofrecía Q-Pharmacy, hasta que en 2013 fue incapaz de cumplir con sus obligaciones financieras.
“La empresa, que era la principal fuente de recursos para pagar dividendos a los inversionistas de IIFS, entró en un estado de iliquidez por US$2.4 millones, por lo que se vio obligada a acogerse a la Ley de Bancarrota de Estados Unidos”, proceso del que IIFS espera recuperar entre US$20 a US$23 millones para pagar a sus acreedores locales, detalló el abogado.
Guerrero se apoya en esa explicación para sustentar su argumento de que el juicio seguido a Montealegre, Paguaga y Bendaña, debió ser mercantil y no penal, porque “el ObamaCare fue la razón de fuerza mayor que les impidió cumplir sus obligaciones financieras”, aseguró.
Otra razón, es lo que considera intención de los acusados por pagar sus deudas.
“Cuando fracasó Q-Pharmacy, las empresas Almori BPO y Almori S.A., ambas propiedad del señor Montealegre, invirtieron un millón de dólares en IIFS para que esta pudiera pagar lo que debía”, pero el hueco financiero era mayor a esa suma.
Del mismo modo, Guerrero recordó que en mayo de 2014, Montealegre restituyó US$526,433.18 a las monjas de la Compañía Santa Teresa de Jesús, lo que demostraría su intención de honrar sus deudas, lamentando que el documento en el que se consigna el pago, no fue ofrecido como medio de prueba en el juicio.
El abogado espera que la apelación sirva como una nueva oportunidad para conseguir un veredicto de inocencia, y la libertad para Montealegre, Paguaga y Bendaña, pero además, que dé tiempo para que concluya en Estados Unidos el juicio de bancarrota de Q-Pharmacy, lo que permitiría demostrar que no hubo mala fe, además de tener dinero para pagar lo que se adeuda al resto de reclamantes.
