Moskitia demanda consentimiento “previo, libre e informado” ante visita del Fondo Verde del Clima 

El Consejo de Ancianos de la Moskitia, autoridad consuetudinaria y ancestral en el Caribe de Nicaragua, demandó “consentimiento previo, libre e informado”, ante la visita que ejecuta en Nicaragua el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM, por sus siglas en inglés) del Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés), como parte de la “investigación de cumplimiento” que se abrió al programa Bio-CLIMA, aprobado en 2020 para Nicaragua.

“El derecho al consentimiento previo, libre e informado es sagrado. Es un proceso que debe incluir a todos los miembros de las comunidades que pueden ser afectados por las decisiones que se van a tomar. Las discusiones deben ser amplias y las personas deben elegir a sus propios representantes, sin la interferencia de ninguna estructura del Gobierno y nuestros representantes deben ser respetados tanto en sus puntos de vista, como en su integridad personal”, indicó el Consejo de Ancianos en un pronunciamiento.

Denunció que “a estas alturas del proceso, hay muchas comunidades que no conocen lo que contempla la propuesta” del programa de Bio-CLIMA; lo cual, consideraron es inaudito.

En ese contexto, el Consejo urgió que se amplíe las consultas del proyecto a las comunidades y se dé más tiempo para que todos los comunitarios estén mejor informados para analizar la propuesta hecha por el Gobierno. También, solicitaron que se incluya a representantes independientes de cada una de las comunidades en las consultas y debates con el IRM.

CONFIDENCIAL conoció que el IRM inició el pasado 20 de junio en Nicaragua una serie de reuniones con los diferentes sectores que serían afectados por el programa de Bio-CLIMA. También, averiguó que la autoridad ancestral no fue invitada, este 23 de junio, por el Gobierno de Nicaragua a una reunión convocada como parte de la investigación que realiza el IRM.

El programa de Bio-CLIMA 

El proyecto de “Bio-CLIMA: Acción climática integrada, para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biosferas de Bosawás y Río San Juan”, fue aprobado el 13 de noviembre de 2020 para Nicaragua. El objetivo del mismo, “es restaurar paisajes forestales degradados” en esas reservas, y “promover la ordenación sostenible del uso de la tierra y la ordenación forestal”.

La entidad acreditada del proyecto de Bio-CLIMA ante el Fondo Verde del Clima es el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la entidad ejecutora es el Gobierno de Nicaragua. El costo total del proyecto es de 116 642 213 dólares, que incluye la financiación del Fondo Verde del Clima y la cofinanciación, con préstamos del BCIE y subvenciones del Fondo Mundial para el Medio Ambiente.

Al aprobar el proyecto, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima impuso unas condiciones especiales para proteger a las comunidades indígenas, brindar una oportunidad para aliviar algunos de los riesgos y asegurar su implementación adecuada.  Algunas de las condiciones incluyen la implementación del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), y la selección de terceros a cargo de un monitoreo independiente de la ejecución del proyecto.

Régimen no cumplió acuerdos previos

Sin embargo, dichas condiciones no fueron cumplidas por el Gobierno de Nicaragua. El IRM abrió una investigación al programa de Bio-CLIMA tras una queja introducida por personas u organizaciones que solicitaron confidencialidad, en la se señaló que antes de la aprobación del proyecto, no hubo una consulta adecuada con las comunidades, ni siquiera un consentimiento libre, previo e informado.

El IRM explicó en un informe de evaluación, que la investigación al programa de Bio-CLIMA contempla la recopilación de “información, según corresponda, de todas las partes interesadas y de los testigos afectados, incluyendo al denunciante o denunciantes, la Secretaría del Fondo Verde, la entidad acreditada, la entidad ejecutora y otros paneles independientes del Fondo”. 

Resaltaron que la investigación incluiría “revisiones de documentos, reuniones, discusiones, visitas al lugar, recopilación de pruebas y opiniones de expertos”, incluso visitas al país, para reunirse con los diferentes sectores que se verían afectados por el proyecto.

Al concluir la investigación, el Mecanismo preparará un informe para presentarlo a la Junta del Fondo Verde del Clima y en este “se incluirán las recomendaciones sobre las medidas correctoras, si las hubiera, y que sean apropiadas, a la luz de las conclusiones”.

Gobierno de Nicaragua "amenaza" autonomía comunal y territorial

El Consejo de Ancianos , en su pronunciamiento, también denunció que el Gobierno de Nicaragua impone autoridades comunales y territoriales, señalando que esa es la “mayor amenaza a la autonomía comunitaria, a nuestras formas de vida, y los bosques que existen en nuestros territorios”.

Además, advirtieron que las demandas de justicia de las comunidades deben ser resueltas antes que “otorgar derechos a colonos con cinco años de haber ingresado con violencia a nuestros territorios e incluso dar arrendamiento”, pues, consideran, que otorgar beneficios de arriendo en tierras ancestrales significa “legalizar y legitimar la violencia, la injusticia y el despojo del pacto que ahora mismo los colonos llevan a cabo”. 

La autoridad ancestral apuntó que “debe iniciar un proceso de reparación del daño integral que las comunidades han sufrido producto de las invasiones, ya que el arrendamiento no ofrece oportunidad de solución, solo de compensación, pero a medias, porque lo que tiene sentido para las comunidades es volver a ocupar sus bosques como parte de una reparación y compensación integral”.

“El arrendamiento puede ser una opción en aquellas comunidades donde todos sus hijos e hijas, en asambleas, deciden arrendar sus tierras, pero debe haber otras opciones de resolución de conflicto de propiedad que incluyen el saneamiento, el desalojo progresivo, la posibilidad de que las comunidades recuperen sus tierras de manos de quienes las arriendan, y la posibilidad de que las comunidades lleven a cabo actividades tradicionales (aprovechamiento de madera, cacería, recolección de plantas medicinales, rituales religiosos, etcétera) en áreas arrendadas”, destacó el Consejo de Ancianos.

También recomendó que los costos del arrendamiento sean “justos”, subrayando que estos podrían ser “entre el 25% y 35% de los beneficios que los colonos pueden generar de nuestras tierras. De lo contrario, el pago es muy simbólico y no compensa el costo de oportunidad ni la pérdida de nuestros medios de vida”.