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Nicas en España temen efectos del nuevo estado de alarma

Los testimonios de una migrante que ha perdido dos empleos, una estudiante con casa hasta diciembre y un empleado que teme el cierre de un restaurante

La nicaragüense Scarleth Castillo, de 33 años, llegó a España en 2006 con la idea de trabajar, recoger dinero y regresar a Nicaragua para “ver qué hacía”. Pero el estilo de vida en el territorio español la atrapó, decidió mandar a traer a la hija que dejó de meses y, desde entonces, ha pasado 14 años en ese país, donde asegura le ha ido “bastante bien”. 

Sin embargo, por la pandemia de covid-19, que España enfrenta en su segunda ola, ha perdido los dos mejores trabajos que había tenido en todos estos años. Hasta el tres de diciembre, España acumula 1.67 millones de contagios y 45 784 fallecidos, obligando a nuevos cierres en un extendido estado de alarma.

“Antes del primer estado de alarma que tuvimos, todo estaba muy bien. Trabajaba en una cafetería por un subcontrato del Ayuntamiento. Era un buen trabajo, buena paga, buenos horarios, además tenía otro trabajo e iba todo superbien, pero llegó la pandemia y perdí en ese primer estado de alarma los dos trabajos que tenía”, lamenta.

En España, este segundo estado de alarma se extenderá hasta el nueve de mayo de 2021, según aprobó el Congreso español el pasado 29 de octubre, al autorizar a los Gobiernos regionales poner restricciones como el cierre perimetral de los territorios, para frenar la expansión del coronavirus.

El “mayor problema es la inestabilidad laboral”

Castillo entiende la necesidad de los estados de alarma y las restricciones de movilidad para prevenir la covid, pero lamenta que migrantes “legales o ilegales” quedan en una situación de “inestabilidad laboral”.

“Se está yendo muchísima gente en paro. Las empresas de limpieza, a pesar que son las que no paran porque siempre hay trabajo, se nota que hay menos. Además, muchos de nuestros amigos o conocidos nos cuentan lo mal que lo están pasando, porque se cierran bares, discotecas y restaurantes (donde trabajaban)”, señala.

Castillo vive en Zaragoza, donde se ha decretado toque de queda desde las once de la noche hasta las seis de la mañana. El horario la obliga a portar una carta  de su empleador, porque debe salir de casa a las cinco de la mañana para llegar al trabajo.

“Luego del primer estado de alarma que me dejó sin mis dos trabajos me vi forzada a buscar otro tipo de empleo, precisamente, en caso que viniera una segunda ola contagios y se impusieran nuevos cierres, porque no me quería quedar en la calle… Así comencé a trabajar en una empresa de limpieza, que son precisamente los que no paran de trabajar cuando mandan a todos a confinamiento y ahora acá tengo un puesto fijo”, afirma.

Estudiar y mantener un trabajo

Andrea Salablanca, de 23 años, llegó a España en junio de 2019 huyendo de la represión del Gobierno de Daniel Ortega en contra de los opositores. Por sumarse a las protestas, fue expulsada en septiembre de 2018 de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), donde estudiaba Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

“Decidí irme del país, porque yo tengo una meta clara y es terminar mis estudios”, asegura.

Salablanca logró convalidar asignaturas y consiguió una beca para estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad de Loyola en Sevilla, España. Sin embargo, en el último año ha sufrido maltratos en trabajos de poca paga y ha tenido que posar en casas de amigos y hogares de “acogida” de organizaciones no gubernamentales. Actualmente, está en un programa donde la apoyan con comida y techo, y ha podido llevar sus estudios sin problemas. Sin embargo, en diciembre termina la cobertura del programa y su mayor temor es que con este nuevo estado de alarma sea “más difícil” conseguir un empleo.

“Mi ayuda está hasta diciembre y después tengo que buscarme la vida, bajo un estado de alarma que reduce las posibilidades de conseguir un empleo… Me afecta muchísimo también porque luego con este tipo de cierres pueden hasta poner las clases virtuales y aquí es difícil, porque la carga académica es grande y no me puedo arriesgar a perder la beca… Entonces, después de diciembre toca ver si puedo combinar la parte trabajo y la parte escolar, porque es complicado, aquí se vive una incertidumbre”, lamenta.

Desprotección por falta de “citas”

“José”, de 41 años, es un nicaragüense exiliado desde hace más de dos años por participar en las protestas contra el régimen de Ortega. Decidió dejar el país cuando su pareja casi muere por la persecución del régimen.

“Comenzamos a sufrir persecuciones y llegó un momento en que mi pareja sufrió un accidente, ocurrió el propio 19 de julio, que casi se vuelca… ese fue el detonante para decidir irnos del país, porque era perder la vida o salvarte”, afirma “José”, que solicitó omitir su identidad por la seguridad de su familia que sigue en Nicaragua.

“José” abandonó su casa, carro, familia y sufrió la muerte de su madre a la distancia. Actualmente, trabaja en “cocina”, gracias a un permiso laboral, pero los cierres del primer estado de alarma lo afectaron económicamente, y teme que el segundo período lo afecte aún más.

El primer estado de alarma lo sorteó con un subsidio del programa de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que cubre un 70% de su salario.

También le preocupan los retrasos en los procesos de solicitud de asilo, pues asegura que este tipo de medidas gubernamentales provoca la cancelación de las citas de seguimiento a las solicitudes. Además, es más difícil renovar la “tarjeta roja” que le da un estatus legal de seis meses.

“Contamos con esa tarjeta roja y está vencida… Entonces, no podemos ir a ninguna cita, no sabemos cómo va el caso, no se nos puede renovar la tarjeta… y el proceso del asilo no sabemos cómo está y no nos dan acceso para solicitar ningún tipo de cita”, lamenta.

La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio de España registra a Nicaragua como el cuarto país con el mayor número de solicitudes de asilo. A la vez, España está entre los principales países de destino de los migrantes y exiliados nicaragüenses, junto con Costa Rica, Estados Unidos y Panamá. En España, se estima que unos 6000 nicaragüenses han solicitado asilo de más de 25 000 que llegaron a partir de julio de 2018 por la crisis sociopolítica.


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