Régimen desata nueva escalada represiva contra activistas, periodistas y opositores

Defensores de derechos humanos, periodistas, campesinos y excarcelados políticos -en los últimos seis días- denuncian una nueva escalada represiva del régimen de Daniel Ortega a través de policías y fanáticos del Frente Sandinista, los que continúan ejecutando asedios, retenciones, criminalizaciones, amenazas y el impedimento de reuniones políticas.

Las denuncias registradas en las redes sociales y medios de comunicación incluyen el impedimento de la movilización de un grupo de campesinos que se dirigían desde Rivas hacia Managua, la retención arbitraria de la defensora Yonarqui Martínez, las amenazas contra la periodista Jennifer Ortiz, la obstaculización del trabajo de la periodista Geraldine Domínguez, la detención del excarcelado político Marlon Castellón y la criminalización de los reos políticos Yorlin Robles y Óscar Amador. 

Policía prohíbe movilización de campesinos

Un grupo de 37 integrantes del Movimiento Campesino fueron impedidos este sábado -por oficiales de la Policía del régimen de Daniel Ortega- de salir del departamento de Rivas cuando se dirigían a una reunión de esa organización en Managua.

Los oficiales retuvieron el vehículo, requisaron a los campesinos, les tomaron fotografías, recogieron sus datos personales y los obligaron a retornar bajo su custodia, cuando estos transitaban por las cercanías del Puente Ochomogo, en Rivas.

Los campesinos denunciaron que ya ni siquiera se les permite transitar por el país y que esto se debe a que el régimen de Ortega “está desesperado y lo que hacen es todo lo imposible para impedir que nos organicemos”.

Amenazan e impiden labor periodística 

La periodista Geraldine Domínguez, colaboradora de Canal 10, denunció el pasado 16 de marzo, que un grupo de seguidores del régimen de Daniel Ortega y funcionarios de la Corporación Municipal de Mercados de Managua (Commema) obstaculizaron su trabajo periodístico cuando ella se encontraba realizando un reporte desde el Mercado Mayoreo.

La comunicadora explicó que, mientras realizaba algunas entrevistas a comerciantes sobre el costo de la canasta básica, los funcionarios de Commema se acercaron a preguntarle qué andaba haciendo y le dijeron que la estarían “protegiendo”. 

Domínguez señaló que, en realidad, la actuación de los funcionarios fue de persecución e intimidación no solo para ella, sino para las personas que eran consultadas. 

El 18 de marzo, la periodista Jennifer Ortiz también fue víctima de personas afines al Frente Sandinista. La comunicadora fue amenazada públicamente por el comentarista sandinista Moisés Absalón Pastora, quien dirige un programa en el estatal Canal 6.

Pastora, en clara alusión a un artículo periodístico publicado por Nicaragua Investiga, medio que dirige Ortiz, afirmó que no dudarán en “lanzarse encima” de quienes viertan ese tipo de críticas.

“Lanzarnos encima de quién, por creer que viste falda es intocable, y a la que le recuerdo que en política no la veo como periodista, quién se mete a la cocina se quema”, sentenció el comentarista sandinista.

Pastora también señaló a los medios críticos del régimen de Ortega como “plataformas del odio y la desinformación”, asegurando que “la inmensa mayoría los quisiera ver cerrados”.

En los últimos tres años, el régimen de Ortega ha ejecutado acciones contrarias a la libertad de prensa en Nicaragua. Recientemente, el orteguismo oficializó la confiscación de las instalaciones de CONFIDENCIAL y 100% Noticias, inaugurando en esas propiedades una casa materna y un centro de rehabilitación de personas con adicción de alcoholismo o drogadicción.

Policía retiene a defensora 

La abogada y activista por los derechos humanos Yonarqui Martínez también denunció, el pasado 18 de marzo, la retención arbitraria por parte de oficiales de la Policía que le impedían embarcarse rumbo a la Isla de Ometepe, donde visitó al excarcelado político Justo Rodríguez.

“Se me investigaba, supuestamente, por portar drogas. Defender los derechos humanos de don Justo Rodríguez es mi único delito”, señaló la abogada a través de sus redes sociales, donde también publicó fotografías de las medicinas y leche que llevaba para el excarcelado político del régimen de Daniel Ortega.

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) se unió a la denuncia de Martínez emitiendo una alerta, donde señaló a los oficiales de “retener ilegalmente” y “vulnerar el derecho al libre tránsito” de la abogada.

Detención y criminalización 

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció este viernes, 19 de marzo, la nueva detención “arbitraria” ejecutada por la Policía en contra el excarcelado político Marlon Castellón Ubilla.

El joven fue detenido al llegar a su casa en el barrio Loma Linda, en Managua, y luego fue trasladado al Distrito Diez, en Ciudad Sandino.

Familiares de Castellón, en entrevista con CONFIDENCIAL, explicaron que el excarcelado político continúa detenido, según los oficiales que les han recibido comida, porque “está siendo investigado en un caso de robo”.

Los parientes demandan libertad pues aseguraron que, nuevamente, se le está “acusando por cosas que no cometió” y que el caso es “político”, ya que ha sido detenido en otras tres ocasiones luego de ser excarcelado en diciembre de 2019.

“La primera vez lo acusaron de robo agravado y de armas. Nunca probaron nada y lo siguen deteniendo. Exigimos que lo liberen porque es inocente, que liberen a todos los presos políticos”, demandó una de sus familiares que prefiere que su identidad sea protegida.

El abogado Julio Montenegro también denunció, el 16 de marzo, que los presos políticos Yorlin Robles Carballo y Óscar Amador Acuña, fueron declarados “culpables por los delitos de tráfico de drogas y tenencia de armas restringidas”.

Montenegro detalló que el fiscal Luis Mongalo pidió la pena máxima de 23 años de prisión y 1300 días multa para ambos presos políticos.

El defensor de derechos humanos explica que en el proceso judicial se han presentado “una serie de anomalías” contra sus defendidos que van desde la hora en que se realizó la detención y allanamiento en sus hogares y las contradicciones en los testimonios de oficiales de la Policía durante las audiencias de juicio. 

Robles y Amador permanecen detenidos desde agosto de 2020, tras ser capturados en sus viviendas ubicadas en Catarina. Montenegro advierte que, una vez les sea notificada la pena, procederá a usar el recurso de apelación.