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OACNUDH demanda abrir cárcel de El Chipote a escrutinio internacional

Alberto Brunori: "Nos gustaría discutir personalmente (con el Gobierno) las violaciones que estamos detectando y que nos reportan" en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega no solamente ha radicalizado la represión en Nicaragua, sino que también desafía el mandato de 20 países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al impedir el ingreso del Grupo de Expertos Independientes designados para investigar las violaciones a los derechos humanos. Esa decisión “no lleva a ningún lado”, por el contrario profundiza la crisis nacional, estima el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central (OACNUDH), Alberto Brunori.

En entrevista con Esta Semana, Brunori se refiere a la más reciente actualización del informe oral de la alta comisionada Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que expresa la preocupación de su Oficina por las condiciones carcelarias de los presos políticos, la anulación de la libertad de asociación en el país, la persecución contra sacerdotes y obispos de la Iglesia católica, y el aumento de la migración como consecuencia de la crisis sociopolítica.

El representante regional de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, advierte la necesidad del regreso al país de las organizaciones internacionales de derechos humanos para apoyar a superar la crisis. “Nos gustaría poder discutir personalmente (con el Gobierno) estos datos y ver de qué manera superar las violaciones que nosotros estamos detectando y que se nos reportan”, dice.

La Oficina de la Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU presentó su más reciente informe y actualización sobre la crisis de Derechos Humanos de Nicaragua. ¿Cuáles son sus hallazgos?

Hace un análisis, un poco de los últimos acontecimientos relacionados, en particular, con los detenidos en el contexto de las elecciones últimas, en noviembre, y las condiciones de prisión, que son condiciones, deplorables. Entonces, en ese sentido, hace todo un apartado de su intervención en eso; y después, otro tema que ella aborda con fuerza, es el tema de la reducción o de la disminución del espacio cívico, es decir, el cierre de organizaciones, el acoso a defensoras y defensores de derechos humanos.

Un elemento que también destaca es la persecución y represión contra sacerdotes y obispos de la Iglesia católica. ¿El Gobierno está reprimiendo la libertad religiosa en el país?

Sí, nosotros hemos detectado efectivamente en el último periodo un acoso constante a algunos representantes de la Iglesia católica, que nosotros sabemos ha tenido un papel importante, desde todas las discusiones que ha habido en Nicaragua. Entonces esa pareciera ser como la última ola de acosos y de persecución hacia actores democráticos del país.

La semana reciente, también el Gobierno canceló 191 organizaciones no gubernamentales, para completar 595 en todo lo que va en este 2022. Esas organizaciones se dedicaban a la asistencia humanitaria, la promoción de la salud, los derechos humanos y la educación. ¿Qué impacto tiene esta embestida contra la sociedad civil organizada?

Todas las sociedades democráticas viven de la riqueza que le da las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de derechos humanos. Es decir, eso es la normalidad de un espacio democrático y de un Estado de derecho. Reprimir, o cerrar, o limitar esos espacios, evidentemente afecta la democracia, afecta el Estado de derecho. Y, cabal, eso es lo que ha sucedido, empezaron con la ley contra el lavado de activos; después se vino la ley de delitos cibernéticos; la ley de agentes extranjeros; la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia; y la última, el 6 de mayo, esa ley de regulación y control de organismos sin fines de lucro.

Todo un recorrido que ha ido poco a poco, restringiendo las posibilidades para la organización, de existir o inclusive peor, de inscribirse en los registros de ejercer el derecho a la libertad de asociación, derecho a la libertad de expresión.

¿Cuál es la evaluación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los juicios y las condenas contra los reos políticos que están recluidos en El Chipote?

Más allá de las detenciones, que ya de por sí representan una serie de violaciones, las condiciones de prisión no son acordes a las reglas de Mandela, es decir, han estado en aislamiento; sabemos que han tenido dificultad en el acceso a medicamento. Ha habido un muerto, lamentablemente, el cual podía ser evitado, si se hubiera liberado antes. Además, hay once detenidos con medidas alternativas, o sea, prisión domiciliaria lo cual, es un bien porque han salido debido a las condiciones de salud. Pero, la alta comisionada hoy pedía que se deberían de liberar las otras. Las condiciones de detención no son en línea con los estándares internacionales de derechos humanos; inclusive, las visitas de los familiares, inclusive de menores, por ejemplo, hijos, etcétera, han sido extremadamente limitadas por esta cuestión del aislamiento, y eso evidentemente no constituye un régimen normal de detención en una cárcel acorde a los estándares internacionales.

¿La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos puede hacer algo por los presos políticos que están recluidos en las diferentes cárceles del país, o que están en casa por cárcel, pero que todavía no tienen asistencia oportuna para tratar su salud?

La oficina de la alta comisionada puede hacer llamados, y lo ha hecho hoy una vez más al Estado nicaragüense. Llamados de tipo humanitario, desde luego. Las personas no deberían ser tratadas así, eso queda claro. Pero, el llamado ha sido humanitario a la liberación de las personas, y sobre todo al acceso de la Oficina (a Nicaragua). Creo que la presencia de la Oficina en el país pudiera, ciertamente, ayudar a que se superaran las condiciones que permiten las violaciones de derechos humanos. Desde 2018, la Oficina no ha tenido acceso al país.

Creemos que la apertura la escrutinio internacional es importante. Ese es el llamado que ha hecho el Consejo de Derechos Humanos repetidamente, y en esta, en la última resolución, también el llamado era claro, a permitir el acceso de la Oficina del Alto Comisionado, y colaborar en el cumplimiento de las recomendaciones que el Consejo ha hecho; y sin embargo, hasta ahora ha habido una respuesta negativa, dura, que finalmente no contrasta la información que sí tenemos, sino que se limita a dar algunos juicios de valor que no responden a los datos que nosotros sí tenemos. Nos gustaría poder discutir personalmente estos datos y ver de qué manera superar las violaciones que nosotros estamos detectando y que se nos reportan.

El 31 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó a un grupo de expertos independientes para investigar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. ¿Qué tan importante es la constitución de este grupo de expertos?

Hay dos componentes importantes de esa resolución: una es evidentemente, el mecanismo de expertos. Ese mecanismo tiene un mandato independiente de la Oficina. De hecho son expertos independientes, la oficina presta, hace el secretariado de esos expertos, y los expertos tienen que investigar y definirán la fórmula, e individualizar las responsabilidades en las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde 2018. Esa es la función y el mandato. Tienen un año para poder documentar e informar al Consejo de la responsabilidad que ellos se encuentren en las investigaciones que realicen a través del equipo que se va a conformar. Son tres expertos que obviamente son muy conocidos.

Pero la resolución hace más. Reitera la importancia del mandato de monitoreo de la alta comisionada. Es decir, le da más fuerza a la Oficina del Alto Comisionado, en este caso la regional, en Panamá, que opera por cuenta de la alta comisionada. Yo, como representante, de monitorear la implementación de todas las recomendaciones que se han hecho desde 2018 hasta la fecha. Hay un conjunto de recomendaciones que la alta comisionada ha hecho sobre cómo recuperar la situación, cómo volver a una situación no violatoria de derechos humanos, y eso es justamente lo que vamos a hacer de manera independiente, pero paralela a lo que van a hacer el grupo de expertos.

Sin embargo, el Gobierno no ha aceptado el regreso de la Oficina Regional de Derechos Humanos de la ONU, y también conocimos que (el Gobierno) rechaza el ingreso de este grupo de expertos independientes. ¿Cómo impacta esa decisión de las autoridades en el mandato que tienen, tanto el monitoreo como esta misión especial de la ONU?

Sería importante que Nicaragua, así como lo ha llamado el Consejo, cooperara, tanto con la Oficina como con el mecanismo de expertos, porque esa es, digamos, el llamado firme, la resolución firme que hace el Consejo de Derechos Humanos a Nicaragua.

La importancia, digamos, de colaborar con los organismos multilaterales es fundamental para que Nicaragua no se cierre en un aislamiento que, francamente, es casi inexplicable. La alta comisionada una vez más ofreció al Estado de Nicaragua apoyo para superar la situación de crisis que se viene dando ya desde hace mucho tiempo. Ofrecimientos así deberían de agarrarse sin pensarlo, y empezar a construir una sociedad mucho más respetuosa de los derechos humanos, y a tratar de ayudar al Estado nicaragüense, a la sociedad civil, etcétera, a superar la crisis. El no acatar esas resoluciones no lleva a ningún lado.


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