3 de marzo 2023
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La situación de los derechos humanos en Nicaragua ha continuado erosionándose en los primeros meses de 2023, destacó este viernes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), que pidió al Gobierno de Daniel Ortega el fin de prácticas como el despojo de la nacionalidad nicaragüense a personas opositoras.
En un informe actualizado sobre la situación de Nicaragua, presentado por la secretaria general adjunta de OACNUDH, Ilze Brands Kehris, se denunció esa medida arbitraria, aplicada a 317 personas, entre ellas 222 presos políticos que fueron excarcelados el 9 de febrero pasado, el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez y 94 personalidades nicaragüenses.
"La Oficina ha recibido información de que sus partidas de nacimiento están siendo eliminadas del registro civil de Nicaragua", denunció Brands.
Además enfatizó que al menos 37 personas siguen privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, destacó el caso el obispo Álvarez, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por haber sido declarado culpable de traición y negarse a ser desterrado.
Esa sentencia fue dictada "sin juicio previo", aseguró Brands, quien pidió la liberación incondicional de Álvarez y de los otros 36 detenidos de forma arbitraria.
En enero y febrero, añadió, se dictaron sentencias de hasta diez años de prisión contra 30 personas que se atrevieron a criticar al Gobierno, entre ellos activistas, periodistas y sacerdotes en juicios sin el proceso debido, a menudo en audiencias a puerta cerrada y a las que se negó el acceso de los acusados y sus abogados.
A muchos de ellos no se les permitió tener conocimiento previo de los cargos por los que eran juzgados, lo que dificultó sus posibilidades de recurrir la sentencia, denunció Brands.
Se trata de "medidas arbitrarias y desproporcionadas, algunas con carácter retroactivo, que violan los compromisos internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos y tienen el fin de amedrentar", aseguró la responsable de Naciones Unidas.
Persecución contra las oenegés
Brands también recordó la persecución sistemática de las autoridades nicaragüenses a organizaciones de la sociedad civil, con más de 3200 de ellas despojadas de personalidad jurídica desde 2018 y sus instalaciones confiscadas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (@OACNUDH) llama al Estado de Nicaragua para que libere incondicionalmente a las 37 personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad.#HRC52 pic.twitter.com/smngb4eZ1X
— UN Human Rights Council 📍#HRC52 (@UN_HRC) March 3, 2023
Otra señal del deterioro de las libertades fundamentales, denunció, es la restricción de muchos derechos a personas que no poseen la cédula de militante del partido gobernante, lo que les priva de acceder a puestos públicos, a la educación superior y en casos extremos a la atención médica.
"En un caso, se negó a una persona una cirugía mientras no se registrara en el partido", aseveró Brands ante el Consejo de Derechos Humanos, donde también denunció continuas violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua.
El deterioro de las libertades en Nicaragua, afirmó, "se evidencia en el aumento del número de personas que abandonan el país" que, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ya son más de 260 000, muchas de ellas huidas a Costa Rica y Estados Unidos.
"A la luz de la persistente crisis sociopolítica, que entra ya en su sexto año, exhortamos a este Consejo a que siga de cerca la situación del país y promueva todas las medidas conducentes a revertirla", concluyó Brands.
En el turno de réplica, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, manifestó su "total rechazo" a un informe que "como otros preparados por este organismo se elabora con información parcial, sesgada y subjetiva, que sólo busca desvirtuar nuestro propósito de alcanzar la plenitud, el bien común y la paz para nuestra nación".
El informe, opinó, toma datos "de grupos que pretenden manipular la verdad del país al querer imponer intereses económicos de naciones imperialistas".
Expropiación de propiedades
Mientras tanto, la representación de la Unión Europea en en Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció que las autoridades nicaragüenses han continuado la presión ciudadana con la expropiación de propiedades a personas consideradas opositoras, un hecho que, junto al despojo de su nacionalidad, constituyen "una violación flagrante al derecho internacional".
En esa misma línea la delegación de Canadá, que tomó la palabra en representación de 53 países, manifestó que "la nacionalidad es un derecho que no puede revocarse sin un proceso jurídico apropiado", demandó la liberación de las personas presas políticas e instó a Nicaragua a que se abra a "un diálogo de buena fe" con la comunidad internacional.
De igual forma, las representaciones de organismos de derechos humanos demandaron a los miembros del Consejo de Derechos Humanos que desplieguen toda su capacidad diplomática para garantizar la libertad religiosa y los derechos humanos en Nicaragua.
"En abril mi país (Nicaragua) cumplirá cinco años de sistemática represión y violación a los derechos humanos por parte del Estado, los cuales continúan en completa impunidad. En ese tiempo se han aplicado diez leyes arbitrarias bajo una lógica de cárcel, exilio o cementerio, provocando entre otras cosas el exilio forzado de más de medio millón de nicaragüenses y la situación continúa agravándose", expresó el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión en representación del Colectivo 46/2.
La directora de Urnas Abiertas, Olga Valle, manifestó durante su intervención que “la sociedad nicaragüense ha buscado en el proceso electoral una vía para iniciar una transición democrática con justicia y sin impunidad”. Sin embargo, los procesos electorales de 2021 y 2022 se caracterizaron “por graves violaciones a los derechos civiles y políticos”. Situación que ha desembocado en “la erosión de la calidad de vida de las y los nicaragüenses en todas sus dimensiones, con altos niveles de impunidad de la violencia contra las mujeres y una corrupción generalizada”, subrayó.
Se han cometido delitos de lesa humanidad
La actualización oral de la oficina del Alto Comisionado ocurre un día después que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), divulgó su informe en el que concluye que el régimen de Daniel Ortega y las autoridades de al menos siete instituciones del Estado, encabezado por la Policía, cometieron crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses que se expresaron en la Rebelión de Abril de 2018.
Ante la confirmación de crímenes de lesa humanidad y ejecuciones extrajudiciales que se sostienen hasta la fecha, el Grupo recomienda a la comunidad internacional iniciar acciones legales contra los individuos responsables de violaciones, abusos y crímenes documentados en Nicaragua.
“El GHREN tiene motivos razonables para creer que autoridades del más alto nivel de la estructura del Estado, incluyendo al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, así como altos mandos de las jefaturas de la Policía Nacional, participaron en la comisión de los delitos documentados en el informe”, sostiene el grupo de expertos, creado hace un año por una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, para investigar los abusos cometidos en Nicaragua desde 2018.
