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Oenegés francesas demandan liberación de presas políticas en Nicaragua

Oacnudh y “Nicaragua Nunca Más” también rechazan juicios y condenas contra perseguidos políticos

Cinco organizaciones francesas condenaron la persecución política llevada a cabo por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, en contra de las ciudadanas Jeanine Horvilleur y Ana Carolina Álvarez, que tienen esa nacionalidad, y solicitaron a las autoridades galas que “intervengan cuanto antes para obtener su liberación”, y para que se retiren los cargos que pesan contra ellas.

La noche del pasado 13 de septiembre, agentes de Policía se presentaron a la casa del perseguido político Javier Álvarez Zamora y entraron a buscarlo para llevárselo, pero en ese momento él ya había logrado salir del país para ponerse a salvo, sin imaginar la represalia que tomaría el régimen.

“Revisaron toda la casa y al no encontrarme, porque me andan buscando a mí, se llevan a mi hija, que en ese momento está acompañando a mi esposa. También allanaron la casa de mi hija, en la que vive con su esposo Félix Roiz Sotomayor y también a él se lo llevan preso”, denunció en una entrevista para el programa Esta Semana.

El comunicado firmado por CCFD Terre Solidaires (Solidaridad con la Tierra); el Comité Occitania de Nicaragua (CNO); el Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua (CSPN, por sus siglas en francés); Francia América Latina (FAL) y la Federación International por los Derechos Humanos (FIDH), también pide la liberación de Roiz Sotomayor; que se anule el juicio en su contra,  y que París le conceda asilo político.

Las organizaciones firmantes refieren que -tal como ha sucedido con los familiares de otras figuras políticas de oposición- cuando la Policía no encontró a Álvarez en su domicilio, “encarceló a su familia para obligarle a entregarse. Al fracasar este odioso chantaje, la justicia no dudó en instruir su proceso y exigir esta sentencia inverosímil”, por lo que insistieron en exigir “su liberación incondicional y el abandono de los cargos contra ellos”.

“Aunque son franco-nicaragüenses, a Jeanine Horvilleur y a su hija Ana Carolina no se les ha permitido el derecho a visitas consulares. Por ello, solicitamos a las autoridades francesas que intervengan cuanto antes para obtener su liberación y la de Félix Roiz…. Hay más de 230 presos políticos en las diferentes cárceles del país, detenidos y condenados arbitrariamente y que son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la tortura”, añaden.

La cancillería francesa expresó su preocupación por “las condiciones de reclusión y el estado de salud” de Jeannine (63), y su hija Ana (43), y reveló que “a pesar de numerosas solicitudes a las autoridades nicaragüenses, no se concedió acceso consular al juicio”.

Repudio global contra el chantaje

A una escala mayor, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), también se pronunció ante las condenas a los familiares de Álvarez, así como la del padre Óscar Benavides, advirtiendo que “las inéditas y graves condenas… contra un sacerdote y tres familiares de un disidente por menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, violan el debido proceso y confirman que la persecución en Nicaragua no tiene límites”.

Desde Costa Rica, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dijo que repudiaba “la declaratoria de culpabilidad en contra de Jeanine Horvilleur, de 63 años y su hija Ana Carolina Álvarez Horvilleur, de 43 años, ambas con nacionalidades nicaragüense y francesa, por ser inconstitucional, injusta e infame”.

El Colectivo recuerda que “madre e hija sufren de enfermedades crónicas agravando la situación de Jeanine quien es una persona de la tercera edad sobreviviente de cáncer. Durante el juicio la fiscalía ha pedido ocho años de cárcel por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y/o propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”.

Por ello, igual que sus similares franceses, exigieron “el cese inmediato de estos juicios arbitrarios, la libertad de Jeanine y Ana Carolina, así como de las más de 240 personas presas políticas en Nicaragua”.

Varios casos más, ilustran la persecución en contra de los familiares de los presos políticos, o los líderes de oposición en el exilio.

Uno de ellos es el arresto de Rodrigo Navarrete, tío del preso político Jaime Navarrete, quien fue capturado el 25 de noviembre en el barrio Loma Linda, al suroeste de Managua. Después de cuatro años de demandar la liberación de su sobrino ahora se le señala “portación o tenencia ilegal de armas de fuego y municiones”.

Otro, es la captura de Freddy Porras, hermano de la lideresa del partido político Unamos, Dulce María Porras, y de Andrea Margarita del Carmen, la exiliada exdirectora de programas del desaparecido centro PEN Nicaragua, cuyo hijo, Gabriel Alfonso López, fue capturado por la Policía para obligar a su madre a regresar a Nicaragua.

Más recientemente, la sexagenaria Martha del Socorro Ubilla, madre del preso político Marvin Castellón Ubilla y del exreo Marlon Castellón Ubilla, fue detenida y está siendo procesada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por la supuesta comisión de un delito desconocido.


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