22 de diciembre 2019
AA
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), relató en su boletín mensual número 13 sobre la situación en Nicaragua, que cubre el periodo de octubre y noviembre, la “intensificación de las violaciones de los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, así como de actos de acoso y persecución selectiva contra las voces disidentes”.
La entidad defensora de Derechos Humanos en el planeta, sigue monitoreando la situación en el país, esfuerzo que realiza desde dentro y desde fuera de Nicaragua, en especial después que el régimen de Daniel Ortega los expulsara del país, al igual que hizo con otras entidades como la CIDH o el Meseni.
“Personas anteriormente detenidas en el contexto de las protestas, familiares de opositores políticos encarcelados o fallecidos, sacerdotes católicos, periodistas, dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, sufrieron ataques contra su vida e integridad personal, detenciones arbitrarias y diferentes tipos de amenazas e intimidaciones, tanto por parte de agentes de la policía como de elementos progubernamentales”, dice el informe.
La frase “elementos progubernamentales”, es un tecnicismo (pero también una forma más precisa) de referirse a lo que coloquialmente se conoce como ‘paramilitares’, que otros llaman ‘parapoliciales’.
Entre las principales víctimas del proceso selectivo de recaptura de excarcelados, se menciona a Amaya Coppens y Olga Valle, integrantes del grupo de ciudadanos que ahora se autodenominan ‘la banda de los aguadores’, capturados después de entregar agua y algunos enseres en el templo de San Miguel, en Masaya, en cuyo interior había comenzado una huelga de hambre para exigir la liberación de los presos políticos secuestrados por el régimen.
El boletín incluye una foto de Coppens y Valle, tomada 10 semanas antes, en Ginebra, (Suiza), hasta donde viajaron en ocasión de la 42ma sesión del Consejo de Derechos Humanos, con lo que su reencarcelamiento sirvió para demostrar la veracidad de sus denuncias.
La detención de Amaya “podría ser considerada como un acto de represalia, por haber denunciado la situación de derechos humanos en Nicaragua y haber tomado contacto con funcionarios y mecanismos de las Naciones Unidas”, dijo el portavoz de Oacnudh, en una conferencia de prensa.
Ni rezar en paz se puede
El informe utiliza cuatro de sus nueve páginas para ilustrar lo que denomina “Violaciones a los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y libertad de manifestar la propia religión”, siendo este último apartado, el que ocupa la mayor parte de su interés.
“La Policía Nacional siguió restringiendo las libertades fundamentales a través de la prohibición sistemática de las manifestaciones y el despliegue de un gran número de agentes de policía en lugares públicos, lo que impidió que la gente protestara por temor de ser arrestada”, señala el documento.
“La Policía también limitó el derecho a la libertad de expresión durante los actos religiosos, en los que las personas realizaban protestas improvisadas”, acción que tilda de “aparentemente desproporcionada para proteger la seguridad pública”, en referencia al despliegue de decenas de policías en las afueras de los templos católicos.
“En ocasiones, elementos progubernamentales, que parecían actuar con la aquiescencia y tolerancia de la Policía Nacional, atacaron y amenazaron físicamente a manifestantes, sacerdotes católicos y otros feligreses a la entrada de las iglesias o dentro de ellas, violando el derecho a la libertad de manifestar la propia religión”, añade.
Entre otras, el boletín menciona la agresión a las personas que participaban en la procesión de la Virgen del Rosario en Estelí, el 7 de octubre; así como el asedio a los ciudadanos que el 18 de octubre trataban de hacer llegar productos de primera necesidad para los presos políticos, en Managua, Estelí, Matagalpa, Masaya, Chinandega y León, entre otras.
También reportan cómo el templo de San Miguel fue sitiado “por la policía y elementos progubernamentales. Las autoridades cortaron los servicios de agua y electricidad, e impidieron que cualquier persona entrara a la iglesia y entregara suministros humanitarios, incluyendo agua e insulina para el sacerdote que padece diabetes”, hasta su evacuación el 22 de noviembre.
El ataque e invasión a la catedral de Managua, donde otro grupo inició una efímera huelga de hambre -que un grupo de adeptos al régimen reventó con violencia el 18 de noviembre- hasta que también que fueron rescatadas (“evacuadas”, dice el documento) por la Cruz Roja Nicaragüense.
El boletín denuncia “la intensificación del acoso y la intimidación” contra los miembros de la Asociación de Madres de Abril (AMA), especialmente después que inauguraron el Museo de la Memoria en Managua, así como la vejación de la familia Reyes Alonso, el pasado 25 de noviembre, cuando “el Comisionado de la Policía de León, [Fidel Domínguez] junto a agentes de policía y hombres encapuchados vestidos de civil”, los humillaron en su propia casa.
Persecución selectiva contra disidentes
La oficina universal de derechos humanos “siguió recibiendo informes de detenciones arbitrarias, vigilancia y, en algunos casos, acoso de personas consideradas opositoras al Gobierno, incluidos periodistas, familiares de personas fallecidas en el contexto de las protestas y exdetenidos”, señala el boletín.
“El presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y su hijo, Juan Carlos Ortega, calificaron públicamente a quienes disienten del Gobierno como “traidores, sepulcros blanqueados, enemigos del pueblo y tramposos”, reseña.
“De conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, toda apología del odio nacional, racial o religioso estará prohibida. Es particularmente importante que las autoridades se abstengan de utilizar expresiones incendiarias, ya que pueden incitar a integrantes de la población a utilizar un lenguaje discriminatorio, hostil o violento y/o a actuar con violencia”, aseguró Oacnudh.
