13 de septiembre 2022
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Un grupo de 45 países de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron, a través de una carta conjunta, ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo, que en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega “ha seguido reprimiendo los derechos” y “libertades” de los nicaragüenses.
“Nicaragua ha seguido reprimiendo los derechos a las libertades de reunión pacífica y asociación, y de religión; solo este año ha cancelado la personalidad jurídica de 1112 organizaciones de derechos humanos, desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas las asociaciones médicas, entre otras. Doce universidades también han visto cancelada su personalidad jurídica, impactando el derecho a la educación. También empeoró el disfrute de la libertad de opinión y expresión, con más periodistas obligados a exiliarse, y por el reciente cierre de 12 medios de radio y televisión de la Iglesia Católica, especialmente en Matagalpa”; señala parte de la misiva expuesta por la delegación de Ecuador a nombre de los 45 países.
Además, exhortaron a las autoridades nicaragüenses a “colaborar abiertamente con los mecanismos de derechos humanos, restablecer el espacio cívico, liberar a todos los presos políticos, garantizar la independencia judicial, poner fin las detenciones por motivos políticos y la represión de los medios de comunicación independientes, así como de las minorías, cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU e implementar sus recomendaciones”.
La misiva fue firmada por Australia, Austria, Brasil, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania y Grecia.
También por Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay.
La denuncia del grupo de países ocurrió luego que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (Oacnudh) denunció ante el Consejo de Derechos Humanos. de ese organismo que “la situación de derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado progresivamente desde 2018 sin que el Gobierno haya mostrado voluntad política de afrontar la crisis mediante el diálogo y la implementación de recomendaciones formuladas por mecanismos de derechos humanos”.
El organismo indicó que las violaciones constantes de los derechos de asociación, prensa, expresión, a la libertad y a la justicia, entre otros, hacen temer la forma en que se realizarán las votaciones municipales de noviembre próximo.
"Los embates a la libertad de asociación se han incrementado de manera exponencial. Este año se ha cancelado la personalidad jurídica de 1512 organizaciones de derechos humanos, de asistencia al desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas médicas, y entidades asociadas a la Iglesia Católica", señaló Oacnudh.
Cierre masivo de oenegés
El director de Operaciones en el Terreno de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Chistian Salazar, indicó que con esta nueva ola represiva ya suman 1578 las organizaciones que han sido forzadas a cerrar desde 2018, año en el que la ciudadanía salió a las calles para reclamar reformas democráticas, un movimiento que fue aplastado con mucha violencia.
Cerca de 200 personas siguen en detención arbitraria en relación con la crisis sociopolítica que se vive desde entonces. De ellas, medio centenar fueron encarceladas en el contexto electoral de 2021 y condenadas recientemente, algunas hasta a 13 años de prisión en juicios que no fueron justos, señaló la ONU
Ni siquiera la cárcel es suficiente para las autoridades, puesto que a muchos de esos presos se les niega desde hace más de un año cualquier contacto con sus familias, según el informe expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra.
Ataques contra la Iglesia católica
En la presentación se mencionó que en una gran operación policial se incautaron equipos de trasmisión de una estación de radio católica que trasmitía desde una parroquia en Sébaco, Matagalpa, cuyo obispo, junto con otras ocho personas, fueron detenidos y trasladados a la capital, Managua.
Los hechos ocurrieron a mediados de agosto y un juez extendió la detención de todos ellos por noventa días.
La libertad de prensa también está siendo ahogada, con la clausura de veinte estaciones de radio y televisión solo este año, la mayor parte de ellas de carácter religioso, mientras que muchos miembros del personal del mayor periódico del país han tenido que exiliarse.
Ellos se suman a los 120 periodistas que han huido del país desde 2018.
Esta situación de crisis ha llevado ha llevado a 200.000 nicaragüenses a convertirse en refugiados y solicitantes de asilo, el 75 % de ellos en Costa Rica.
La gravedad del exilio también queda en evidencia a través de las cifras de migrantes de Nicaragua detenidos por las autoridades fronterizas de Estados Unidos, que han pasado de cerca de 5.500 en 2018 a más de 84.000 en lo que va de este año.
La procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, fiel al libreto del régimen Ortega-Murillo, rechazó totalmente el informe de Oacnudh, advirtiendo que el Gobierno no acepta las recomendaciones que hace y que incluyen iniciar un diálogo nacional y liberar a los presos políticos.
Sostuvo que Estados Unidos y otros países occidentales usan esas recomendaciones "para tratar de someternos a su voluntad" y que en realidad se trata de "una forma de inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua".
Familiares de presos políticos denuncian torturas ante la ONU
Tras la presentación del informe de Oacnudh, organizaciones internacionales de la sociedad civil cedieron sus espacios ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a defensores de Nicaragua, familiares de presos políticos y víctimas de la represión del régimen Ortega-Murillo, para que estos denunciaran las violaciones a derechos y libertades que se siguen cometiendo en el país.
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El Centro por la Justicia y el Derecho Penal (Cejil) cedió su espacio a Ana Lucía Álvarez, hermana y sobrina de las presas políticas Tamara Dávila y Ana Margarita Vijil, respectivamente, que denunció que en Nicaragua hay más de 205 personas presas políticas, apresadas ilegal e injustamente, condenadas sin el debido proceso, que permanecen en “entornos torturantes”.
Álvarez detalló que los reos de conciencia sufren aislamiento prolongado, falta de atención médica especializada y oportuna, alimentación insuficiente y falta de acceso a luz solar.
“El Estado de Nicaragua tortura y violenta derechos humanos de presas y presos políticos y de más de 19 niños. Pido a este foro que apoye de todas las maneras que sea posible la liberación de todas las personas presas políticas de Nicaragua. Pido así a la alta comisionada que comparta cuáles son las medidas humanitarias alentadas por su mandato para responder a esta crítica situación”, apuntó.
Culminó su intervención recordando que la hija de Tamara, con apenas seis años de edad, ha tenido que sufrir la ausencia de su madre, que está encarcelada injustamente desde hace más de un año.
“Termino con la frase que repite todas las noches mi sobrina, que es lo mismo que anhelan los hijos de Suyen Barahona, Miguel Mendoza, Roger Reyes y muchos más: ´Mamá, te quiero mucho. Estás dentro de mi corazón. Sos una persona muy importante para mí ¿por qué no me dejan verte? Me haces mucha, mucha, falta”, resaltó.
Carla Mendoza, hermana del preso político Miguel Mendoza, periodista y cronista deportivo que fue encarcelado el 21 de junio de 2021, denunció que su familiar fue condenado injustamente por el régimen Ortega-Murillo a nueve años de cárcel, por supuestamente “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
Señaló que el reo político ha sido víctima de graves violaciones a sus derechos humanos y ha sido obligado a mantenerse incomunicado con su hija de ocho años.
“Miguel Mendoza ha sido sometido a diferentes torturas y lo más inhumano han sido las torturas psicológicas contra él y su pequeña hija, negándoles el derecho de comunicarse y verse. Nuestra familia está llena de dolor y sufrimiento. Solicitamos a ustedes alzar sus voces y unirse a nosotros para demandar la inmediata liberación del periodista Miguel Mendoza y la de todos los presos políticos de Nicaragua”, urgió la hermana del reo de conciencia.
Susana López, madre de Gerald Vásquez, estudiante universitario de la UNAN-Managua, asesinado de un balazo en la cabeza el 14 de julio de 2018, en el contexto de la “Operación Limpieza” ordenada por el orteguismo, también denunció que después de más de cuatro años el crimen contra su hijo y más de 300 personas, que también fueron asesinadas en el contexto de las protestas sociales, siguen en la impunidad.
“La violencia sandinista es tan letal que mi hijo fue asesinado en el ataque a la Iglesia Divina Misericordia en Managua, donde estaba refugiado junto a otros jóvenes que fueron desalojados de la UNAN-Managua. Esa misma Iglesia católica que dio refugio hoy es perseguida por ser una voz que acompaña a las víctimas del régimen Ortega-Murillo. Mi familia y yo nos encontramos en el exilio por pedir justicia. Le pido al Consejo de Derechos Humanos y a la alta comisionada que hagan todo su esfuerzo para el esclarecimiento de estos crímenes y que tengamos justicia”, destacó.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en el espacio cedido por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), denunció que al régimen Ortega-Murillo “no le basta la detención de opositores políticos, estudiantes, periodistas, personas defensoras de derechos humanos o empresarios, su propósito es terminar con la sociedad civil independiente”.
La defensora recordó que en las últimas semanas el régimen ha dirigido una escalada represiva contra la Iglesia católica, que ha dejado como consecuencia “el secuestro de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, y siete personas a quienes la Policía Nacional mantuvo en la Curia Episcopal y en la madrugada del 19 de agosto fueron trasladados a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote”.
“Pedimos al Estado que exhorte al Estado de Nicaragua a permitir la entrada de los mecanismos de protección de derechos humanos y específicamente al Grupo de Expertos de Naciones Unidas para que corroboren el estado lamentable de más de 200 personas presas políticas, para quienes demandamos su inmediata liberación”, afirmó Núñez.
