8 de septiembre 2021
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La decisión del Gobierno de Daniel Ortega, de despojar al
(CCPN), el terreno que les había sido donado por la administración del liberal Arnoldo Alemán, tomó completamente por sorpresa a esa entidad profesional, que no se esperaba una decisión de ese tipo.
“La junta directiva del Colegio, se reunirá en el transcurso de la semana para revisar los documentos y decidir cuáles son nuestras opciones”, dijo a CONFIDENCIAL, el secretario de ese cuerpo colegiado, Ricardo Illescas.
Dado que no les fue posible cumplir con el requisito de construir en el terreno recibido, el Colegio se vio obligado a solicitar dos prórrogas presidenciales para seguir poseyendo la propiedad donada: una en 2005, otorgada por el presidente Enrique Bolaños, y otra en 2008, refrendada por Ortega, que además le dio el carácter de ‘irrevocable’.
“Esa donación había sido ratificada por el Gobierno de Ortega, que le añadió una cláusula de irrevocabilidad, así que ni ellos podían revocarla”, dijo un exdirectivo del CCPN, que prefiere mantener su nombre en el anonimato.
“No hubo negociación, ni llamamiento al Colegio. Solo apareció en La Gaceta de hoy martes, el acuerdo presidencial 154 - 2021, y ya estuvo”, añadió esta fuente, que reconoce la existencia de varias tesis entre sus colegas, para explicar esta inesperada decisión unilateral del Poder Ejecutivo.
Una de ellas está ligada al hecho que el martes 31 de agosto, la fiscal Heydi Ramírez Olivas, citó al “Representante – Colegio de Contadores Públicos”, a una “entrevista” enmarcada en la causa contra Cristiana Chamorro, Marco Fletes y Walter Gómez, por el presunto delito de lavado de dinero, bienes y activos.
Quien tuvo que responder a la cita fue el presidente de la entidad –y representante legal- Eddy Madrigal Urbina, que encabeza el Colegio desde junio pasado, cuando venció a otra plancha a la que varias fuentes identifican como simpatizante del Gobierno.
CONFIDENCIAL llamó dos veces a Madrigal, y le escribió a su cuenta de WhatsApp, sin obtener respuesta.
62 años de servicio del Colegio de Contadores Públicos
Si bien no ha trascendido el contenido del interrogatorio hecho a Madrigal, el exdirectivo citado antes, refirió que “algunos colegas creen que esto está ligado a la citatoria de Eddy, la semana pasada, pero ni Eddy, ni el Colegio han tenido ninguna relación con la Fundación. Otros colegas dicen que es porque el CCPN no quiso servir como perito o falso testigo contra la Fundación, pero aquí todos somos profesionales, y nadie se prestaría a ese juego”, aseguró.
“O quizás se trate de una revancha porque entre la nómina que perdió las elecciones internas en junio pasado, había un candidato que es abiertamente pro gobierno”, añadió.
Contrastado con ambas posibilidades, el secretario Illescas dijo que el presidente Madrigal fue citado “por ser el representante legal del Colegio, pero no hay conexión entre la cita a la Fiscalía, y este otro acto. Son eventos aislados. Es casualidad que haya ocurrido en las mismas fechas”.
Y sobre la posibilidad de un acto de revanchismo, se limitó a contestar que “no creo que alguien, por perder unas elecciones, vaya a querer hacerle daño al gremio”.
La propiedad arrebatada está ubicada en la carretera Norte, a unos centenares de metros al oeste del Edificio Telcor. “Imagino que si decidieron quitárnoslo, fue por la ubicación del terreno. Nos sentimos golpeados por esta expropiación, y porque ahora estén diciéndonos que no hicimos nada”, dijo el exdirectivo.
El plan del Colegio dictaba que se construyera un salón grande, y varias aulas que servirían para la doble función de capacitación, y área social para los contadores y sus familias. De hecho, la primera piedra se puso la semana anterior al estallido de la Rebelión de Abril.
El Colegio de Contadores es un órgano independiente que cumple una función pública desde 1959. “Nos mantenemos de las cuotas de membresía, y del costo de las capacitaciones. No recibimos fondos del Estado, ni donaciones, excepto esta, que ahora nos fue arrebatada, sin notificarnos, u ofrecernos un canje o permuta”, detalló el exdirectivo.
Añadió que “no somos una ONG: existimos por Ley, y nos corresponde regular la profesión en Nicaragua. Operamos en colaboración con el Ministerio del Trabajo (Mitrab) y el de Educación (Mined), además que a nuestros CPA [Contadores Públicos Autorizados] les corresponde monitorear la prevención del lavado de activos”, recalcó.
