27 de abril 2022
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Andrés Marenco recuerda que el 19 de abril de 2018 se reunió, junto con unas 20 personas más, en una gasolinera de Juigalpa, Chontales. Lo hicieron para protestar contra las reformas a la Seguridad Social, pero sobre todo indignados por la violencia ejercida por turbas sandinistas contra ancianos y estudiantes que habían reclamado en León y Managua. A diferencia de esas otras ciudades –atacadas por policías, turbas y miembros de la Juventud Sandinista– a ellos los llegó a golpear un grupo de trabajadores estatales convocados por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Un día después, cuenta Marenco, “éramos 300 personas reclamando”. Él estudiaba tercer año de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y estaba convenciendo a sus padres para que lo apoyaran en emprender con una cafetería. Sin embargo, cuatro años después reflexiona que esos dos días fueron el inicio de un cambio total en su vida y en la de Nicaragua entera.
El 10 de agosto de ese año le impidieron la entrada a la universidad. “Ya estaba expulsado sin explicación alguna, el guarda tenía mi nombre en una lista”, afirma.
Marenco no esperaba que le ocurriera eso, aunque reconoce que dentro de las universidades desde antes de 2018 ya se vivía “una dictadura” que “castigaba a los que pensaban distinto”.
“Desde abril de 2018, Daniel Ortega y Rosario Murillo han querido silenciar a los estudiantes porque representan la fuerza de las protestas ciudadanas y quedó demostrado que no podían callarnos ante los crímenes y la brutal represión”, expresa.
Le faltaban dos años para concluir su carrera universitaria y por haber salido a manifestarse se quedó sin poder concluir sus estudios. Ahora está exiliado en Costa Rica y no ha podido volver a estudiar formalmente, aunque ha tomado varios cursos para ganarse la vida. “Hasta de diseñador gráfico con lo que aprendí básico he hecho”, confiesa.
Este joven espera estudiar el próximo año. “Es difícil porque vivís en otro país, lejos de tu familia y yo lo único que tengo que acredita mis estudios es el carné de estudiante y algunas fotografías dentro de la universidad. Me dejaron sin ningún registro académico”, lamenta.
Una situación similar vivió Yarithza Mairena, a quien solo le faltaban cinco clases para graduarse de su carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) cuando iniciaron las protestas de la Rebelión de Abril y por su participación fue expulsada al igual que más de 150 jóvenes.
Por su beligerancia en la defensa de la autonomía universitaria, Mairena se convirtió en uno de los rostros más visibles de la lucha estudiantil. “La Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) no nos representa”, gritó en una conferencia el 7 de mayo de 2018. Tres meses después fue encarcelada. Permaneció en los calabozos de la dictadura por siete meses.
Para Mairena, la autonomía universitaria ya estaba cercenada desde mucho antes de 2018, pero a partir de esa fecha “se hizo más evidente el control total y totalitario que tenían”, tanto que el mismo Consejo Nacional de Universidades (CNU) “pasó a ser parte de la violencia contra los estudiantes”.
Cuatro años después, valora que la situación “se ha agravado” y enumera como muestra de ello la cancelación de universidades privadas, la persecución contra los estudiantes y la limitación de espacios de debate. “No se permite el cuestionamiento dentro de los recintos. Se ha impuesto un adoctrinamiento”, denuncia.
“Quieren evitar cualquier intento de protesta”
Para Jonathan López, protestar también significó ser expulsado de su carrera de Economía y convertirse en un reo político. Valora que el régimen Ortega-Murillo quiere “silenciar a cualquier costo las voces críticas” y por eso ha cerrado universidades, ha dejado sin presupuesto a la Universidad Centroamericana (UCA), ha expulsado estudiantes, despedido docentes y ha reformado la Ley de Autonomía Universitaria para alinear a las casas de estudios a sus propios intereses.
Varios estudiantes forcejean con agentes antimotines formando un cordón de seguridad frente a la entrada de la Universidad Centroamericana (UCA), durante una protesta en demanda de la liberación de los presos políticos. EFE | Confidencial
“La autonomía universitaria solo ha quedado en un nombre porque en la práctica no hay un solo indicio que nos demuestre lo contrario; lo que han hecho es generar temor en los estudiantes e intentado imponer la idea de que cualquiera que intente rebelarse sufrirá las consecuencias”, opina.
López dice que la receta del régimen es “cárcel, expulsión o muerte” y por eso atacaron “con tanta brutalidad a los estudiantes”.
Para López, uno de los errores cometidos por el régimen ha sido que “subestiman la valentía de los jóvenes universitarios”.
“Si ellos creen que todo lo que han hecho nos va a silenciar, están totalmente equivocados y aunque muchos estén en silencio no significa que hayan olvidado o que estén a favor de una dictadura criminal”, manifiesta.
“Maritza”, una estudiante recién graduada de la UCA que prefiere omitir su nombre por seguridad, se involucró en las protestas de 2018 desde los primeros días. También formó parte de las células de protesta de esa casa de estudios. “Mantuvimos viva de alguna forma, aunque sin salir a la calle, las protestas ciudadanas, aunque por la misma persecución, la pandemia de la covid-19 y el temor generalizado por los encarcelamientos se vinieron apagando”, admite.
Sin embargo, apunta que las universidades “siguen siendo bastiones de resistencia” aunque “hay desánimo y miedo”.
“La llama de la Rebelión sigue viva, aunque no se exprese porque no nos dejan”, reflexiona.
Coerción en las aulas
El rumbo que lleva la educación superior en Nicaragua “es preocupante”, valora el universitario Elthon Rivera, quien se ha quedado sin estudiar en dos ocasiones desde 2018.
Primero le robaron el sueño de ser médico y fue expulsado de la UNAN-Managua, donde cursaba quinto año de su carrera, y este año, tras el cierre de la Universidad Paulo Freire, se quedó sin poder continuar su carrera de Ciencias Políticas.
“Han intentado extirpar cualquier pensamiento crítico de los universitarios, que han sido silenciados y la mayoría ha optado por aceptar el silencio como una forma de sobrevivencia”, detalla.
Aunque sabe que el FSLN ejercía control de las universidades antes de 2018, confiesa que antes “había un poco de libertad de formación” y “no había obligación, como ahora, de posicionar temas partidarios o prohibiciones de cosas de las que no se podía hablar”.
“Hoy el poder coercitivo está dentro de todas las universidades, dentro de las aulas, hay un sistema de espionaje (…) hay un silencio, pero es un maquillaje, porque, aunque no se alce la voz, nadie está de acuerdo con el régimen”, dice.
Rivera cree que en las universidades se ha impuesto “una farsa del régimen para autocomplacerse”.
“Ellos quieren creer que tiene a la población sumisa, pero el miedo no es siempre sinónimo de inacción”, afirma.
“Muchos siguen en la clandestinidad”
Yunova Acosta formó parte, desde abril de 2018, del Movimiento Estudiantil de la Universidad Nacional Agraria (UNA), y asegura que la “llama” de la protesta sigue viva en los recintos, aunque muchos estudiantes fallecieron, otros se tuvieron que exiliar, algunos están encarcelados y también hay quienes continuaron con sus vidas “como pudieron”.
Universitarios marchan el Día del Estudiante, en Managua. Carlos Herrera | Archivo | Confidencial.
“Muchos de los que participaron en las protestas siguen involucrados desde la clandestinidad, porque sabemos que nos están fiscalizando por ser opositores”, señala.
Acosta admite que el régimen ha intentado instaurar el miedo, pero sostiene que “eso les sigue fallando”. Además, reconoce que cuando se involucraron con las organizaciones opositoras percibieron que la cultura del caudillo “seguía presente sobre todo en los adultos”.
“Vayan a seguir estudiando y déjennos lo político a nosotros los adultos”, dice que les respondían muchas veces. Sin embargo, está segura que todos los jóvenes están convencidos de la necesidad de un cambio real y quieren “una nueva forma de hacer política”.
Yarithza Mairena menciona que ha predominado “un adultismo” dentro de la misma oposición y en reiteradas ocasiones les respondieron que la autonomía era uno de “los temas para después”.
“Pero ya hemos visto cómo el régimen ha atacado después de las protestas a las universidades porque es una manera de controlar y silenciar a los estudiantes que representaron el rostro visible de las protestas. Por ello creemos que tanto la agenda de justicia, democracia y la de reforma de la autonomía universitaria deben ser prioridad”, insiste.
Mairena valora como falso que la comunidad universitaria haya estado alejada o dormida de la realidad del país antes de las protestas. “El FSLN tenía sus brazos movilizados dentro de los recintos, pero el descontento con ellos ya era enorme y muestra de ello es que siempre hubo una abstención enorme en sus procesos de selección”, remarca.
“Las nuevas generaciones también están inconformes”
Mairena admite que hoy se mantienen diversidad de movimientos estudiantiles. “Pero es algo que se necesita, porque es una de nuestras luchas la pluralidad de espacios organizativos”, matiza.
“Lo que falla es que no hay un diálogo certero o una forma de consensuar de las demandas del estudiantado. No hay una mesa de trabajo”, manifiesta.
Agrega que mantienen un “diálogo con estudiantes activos y nuevas generaciones de universitarios”, pero “es natural que sigamos viendo los mismos rostros porque nosotros ya perdimos todo y nos enfrentamos a la dictadura sin el miedo que tienen muchos”.
En eso coincide, Elthon Rivera, para quien las nuevas generaciones de universitarios que empezaron su educación después de 2018 “se han renovado”, a pesar que “han sido recibidos con engaños, vigilancia, espionaje” que dificulta que se vean nuevos rostros de protesta.
“Es normal –reflexiona– que también muchos se hayan alejado o no quieran verse involucrados porque ven que quienes hemos protestado hemos sacrificado mucho y hemos perdido años de nuestras vidas”.
