2 de agosto 2021
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Lesther Javier Alemán Navarrete conversó telefónicamente con su hijo Lesther Lenin Alemán Alfaro, dos días antes que el líder estudiantil fuera capturado por fuerzas policiales, la noche del pasado 5 de julio. Once días después, el padre viajó desde Estados Unidos para conocer la situación del joven —incomunicado desde el arresto— y apoyar a su esposa. Sin embargo, una “orden de arriba” le impidió entrar a su propio país.
Al salir del avión —el 16 de julio—, Alemán notó la presencia de dos policías y dos oficiales del Ejército de Nicaragua. No se inmutó y continuó su camino. Entregó su prueba negativa de la covid-19, la hoja de migración y se dirigió a la revisión de su pasaporte; en ese momento, se percató que los cuatro oficiales estaban detrás de él, y posteriormente se topó con un policía y un trabajador de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), quienes le pidieron su pasaporte.
Después de revisar su pasaporte y pedirle que se quitara la mascarilla para fotografiarlo, lo condujeron a un cuarto. Ahí, un policía le dijo: “¿Sabía usted que no tiene permiso para entrar al país?”.
Alemán Navarrete preguntó las razones, ya que él es nicaragüense y presentó su pasaporte como nacional. Sin embargo, el oficial argumentó: “Hay una orden de arriba que usted no puede entrar al país”, según relató al programa Esta Semana, el padre del dirigente universitario.
- “¿Sabía usted lo que hizo su hijo? Socavar la dignidad del país y atentar con un golpe de estado contra el Gobierno?”, recriminó el agente.
- “Mi hijo no ha matado a nadie, además ya lo tienen preso. ¿Qué es lo que quieren?”, cuestionó Alemán.
- “Por los errores de los hijos, los padres tenemos que pagar”, dijo el oficial.
- “Pero es que mi hijo no ha cometido ningún delito”, respondió el padre.
Amenaza de cárcel al padre de Lesther Alemán
Ante la insistencia de Alemán Navarrete, el oficial lo amenazó con apresarlo. “Tenés dos opciones: regresar a los Estados Unidos; o ir a la cárcel”. Ante lo cual el ciudadano le cuestionó: “¿Por qué razón me vas a echar a la cárcel? ¿Con qué motivo?”.
“Nosotros no necesitamos motivos para meter a alguien a la cárcel. Es una orden de arriba que usted no puede entrar al país; y por los actos de su hijo usted tiene que pagar. Por cualquier lado que usted pueda entrar, por punto ciego, ya sabe que tiene una orden de captura, que va a caer preso”, amenazó el oficial.
Los funcionarios querían obligar al ciudadano a pagar el vuelo de regreso a Estados Unidos, pero él se negó porque era contra su voluntad. Al final, Alemán Navarrete tomó el mismo avión en el que llegó a Nicaragua. Voló hacia El Salvador, donde pasó la noche en el aeropuerto, a espera de su vuelo hacia Miami, Florida.
Además, durante el interrogatorio en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino, el funcionario de migración le preguntó: “¿Qué relaciones tiene usted con Cristiana Chamorro? ¿Cuánto dinero ha jugado usted con Cristiana Chamorro?”.
“Ni la conozco”, respondió.
Chamorro Barrios fue la primera precandidata presidencial detenida en Nicaragua. Con su arresto, el pasado 2 de junio, el régimen inició una escalada de detenciones contra opositores: hay 31 en total, entre aspirantes a la presidencia, dirigentes opositores, exguerrilleros, activistas, exdiplomáticos y líderes juveniles,
“Orden de Julio Avilés”
Ese mismo 2 de junio, la nicaragüense Rosalía Miller volvía a su patria después de tres años de haber interrumpido los viajes que acostumbraba realizar al principio de cada año. Junto a su esposo, de nacionalidad estadounidense, llegaron al puesto fronterizo de Peñas Blancas, en Rivas. No pasaron del puesto de control militar, donde fueron sometidos a un interrogatorio por 57 minutos, para que finalmente, un oficial les dijera con tono prepotente: “a ustedes se les niega la entrada a Nicaragua”.
Miller es académica, defensora de los derechos de los niños y jóvenes, y presidenta de Nicaragua Freedom Coalition, desde donde ha participado en foros, ruedas de prensa, ha sido panelista junto a otros defensores para denunciar la crisis de violaciones de derechos humanos que atraviesa Nicaragua, desde la Rebelión cívica de 2018.
La activista nicaragüense, con ciudadanía estadounidense, y su esposo, provenían de Costa Rica, y viajaron a Nicaragua por turismo y motivos familiares.
- Interrogatorios e intimidación en puesto fronterizo nicaragüense de Peñas Blancas
- Migración amenaza a decenas de residentes extranjeros
La pareja nunca ingresó al edificio de Migración en Peñas Blancas. En el puesto militar, siete personas los interrogaron. Cada uno tomaba un turno y enseguida venía el otro. Los acosaron con preguntas sobre a qué se dedicaban; cuál era su profesión; quién los iba a recoger en la frontera; dónde se hospedarían; por qué viajaban. Miller, de 77 años, y su esposo, de 83, respondieron cada una de las preguntas, que principalmente, las dirigieron a ella.
Un militar con “uniforme elegante” y con sus pasaportes en sus manos, les informó que no podía ingresar al país, pero a la vez, le advirtió: “ni traten de entrar en ningún otro punto de entrada. Es para todos los puntos. Usted no puede entrar a Nicaragua”, relató Miller a CONFIDENCIAL y Esta Semana.
“Me sentí confusa: ¿Será esto verdadero lo que me está pasando?, que no puedo entrar a Nicaragua; mi país, mi patria. ¿Qué malo he hecho para que me puedan negar la entrada a mi país? No lo podía creer. Es una injusticia y es ilegal”, comentó la activista.
Desconcertada por la medida, preguntó la razones de la decisión: “Eso viene del alto comando”, le respondió el militar a secas.
Enseguida ella le preguntó su nombre del oficial, pero este pensó que se refería a la persona relacionada al alto comando: “Esto viene de Julio Avilés (jefe del Ejército de Nicaragua)”, contestó el miembro de la fuerza castrense. La pareja regresó a Costa Rica y volaron a Estados Unidos.
Miller considera que la prohibición de ingreso a su país “no es una cosa temporal”.
Mientras le niega a los nicaragüenses el derecho de ingresar a su país y circular en libertad, el régimen de Ortega otorgó la semana pasada la ciudadanía nicaragüense al ex presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén acusado por corrupción en su país.
La nacionalización de Sánchez Cerén, su esposa Margarita Villalta, su hija Claudia Sánchez Villalta y su nieto Juan Carlos Guardado Sánchez fue publicada en La Gaceta Diario Oficial de Nicaragua a través de certificaciones individuales, firmadas por el director de Migración y Extranjería, comandante de brigada Juan Emilio Rivas Benites, presentando como principal argumento en el documento en todos los casos que se trata de una decisión soberana de Nicaragua.
Gobierno con selectivo ingreso
El 17 de junio, la aerolínea en que viajaría Anatoly Kurmanaev, periodista del The New York Times, le informó que el Gobierno de Nicaragua no aprobó su ingreso al país, pese a que cumplió con los requisitos sanitarios, reportó el diario.
Posteriormente, el reportero envió un correo a la vicepresidenta Rosario Murillo para solicitarle la entrada al país, pero Murillo respondió: “Gracias por su interés”. Una semana después el periódico mandó también una carta oficial solicitando el ingreso para el medio de comunicación y no hubo respuesta.
Las decisiones arbitrarias de la DGME han sido denunciadas desde inicios de este año, cuando llamaron a decenas de residentes extranjeros para intimidarlos y amenazarlos con el riesgo de deportación si se involucraban en “actividades políticas”.
Asimismo, han cancelado la residencia de varios religiosos e impedido la entrada de al menos dos frailes franciscanos . El último caso corresponde al fray Damián Muratori, vicepostulante de la causa de beatificación del siervo de Dios, Padre Odorico D´ Andrea, y rector del Santuario Franciscano El Tepeyac, en San Rafael del Norte, Jinotega, a quien la DGME aún no renueva su residencia, pero le extendió —por segunda ocasión— una prórroga de 90 días de permanencia en el país en espera de una respuesta.
