6 de diciembre 2021
AA
Los parientes de presos políticos, tanto de los que se encuentran en la celda policial de El Chipote, como de los que están en las cárceles administradas por el sistema penitenciario en Nicaragua, demandaron este domingo su libertad, mientras denunciaron la implementación de medidas de aislamiento en ambos regímenes carcelarios.
Para Ana Lucía Álvarez, defensora de derechos humanos, sus parientes quedan “expuestos a torturas agravadas”. "Ya ni siquiera nos permiten escribir de puño y letra en las botellas de agua que dejamos, porque como nuestra escritura es un contacto de ellos y ellas con nosotros, ni siquiera eso permiten", ejemplificó.
“Desde la última visita, que se autorizó en noviembre, no sabemos nada. Las visitas siguen sin ser regularizadas por derecho en el Chipote. No tenemos ninguna información adicional. Los presos políticos están expuestos a torturas agravadas. En el caso de la gente (ubicada en) Auxilio Judicial llevan casi seis meses incomunicados con el exterior, el único contacto es el interrogador”, agregó.
Álvarez, quien es hermana de Tamara Dávila y sobrina de Ana Margarita Vijil, ambas presas políticas desde junio pasado, informó que en el país hay al menos 167 personas detenidas por razones políticas, según el Mecanismo de Reconocimiento de Presos y Presas Políticas, una instancia que incluso considera ese dato como una cifra aproximada, tomando en cuenta la falta de acceso a información por parte la dictadura de Daniel Ortega y el temor de denunciar que existe entre la población, so pena de enfrentar represalias gubernamentales.
Impulsan campaña de “Navidad sin presos políticos”
La defensora de derechos humanos participó en el programa televisivo Esta Semana, en que también se entrevistó a Karen Lacayo, coordinadora la Asociación de Presos Políticos y hermana de Edward “La Loba” Lacayo, preso político desde 2019.
Ambas expusieron lo que están viviendo los reos de conciencia y la demanda de libertad en el contexto de la campaña de “Navidad sin presos políticos”, la que realizan por cuarto diciembre consecutivo distintas organizaciones políticas, de sociedad civil, defensoras de derechos humanos y a la que se suman voces nacionales e internacionales.
Álvarez explicó que, tan solo en el contexto de las votaciones de noviembre pasado cuando Ortega se reeligió sin garantías democráticas y sin competencia política, fueron detenidas de manera arbitraria 43 personas, de las cuales 15 personas fueron liberadas.
El perfil político de los 28 detenidos restantes permite reconstruir el objetivo de las maniobras del régimen al realizar las capturas, con las cuales busca acallar a los críticos y desmovilizar cualquier posibilidad de protesta.
“22 personas de las detenidas pertenecen a organizaciones políticas, y eso es consistente con la represión y criminalización de la protesta. Aproximadamente como seis personas se identifican como autoconvocadas, tres son de movimientos sociales y de la sociedad civil, cuatro personas son excarceladas”, detalló Álvarez.
También hizo énfasis en que el aparato represivo ha objetivizado a líderes territoriales con lo que las autoridades buscan sentar un ejemplo y sembrar temor. "Las detenciones tienen un objetivo político de disuadir la organización popular, de disuadir, no solamente a la persona que es detenida, sino que hay también busca un efecto ejemplificante en su comunidad, en su grupo político", explicó.
Además de las denuncias de aislamiento, impedimentos para que haya una verdadera defensa de los procesados, Álvarez dijo también que, en muchos casos, ni siquiera se conoce el paradero de los detenidos.
“El Estado sí dice que tiene la persona, pero no la muestra. No mostrar a la persona, cuando la familia y el abogado no pueden ver a la persona, (hace que) no pueda haber una certificación de que el Estado la tiene o no, de si están bien, de su integridad. En todos los casos no han tenido derecho a la visita garantizada. Ha sido ese patrón de desaparición por ocultamiento de paradero. Eso continúa en los casos observados”, agregó.
Están, además, algunos casos de personas detenidas en las últimas semanas que han sido trasladadas a cárceles del sistema penitenciario y no a El Nuevo Chipote, como sí ha pasado con el grupo de más de 30 personas detenidas previo a la votación de noviembre. “Esto puede estar dar dando cuentas de varias cosas: la DAJ (Dirección de Auxilio Judicial) está colapsada. Hay mucha gente ahí y, sobre todo, no quieren romper el aislamiento de la gente que está ahí. Ingresar más gente implicaría romper esa situación de aislamiento en que tienen a un grupo de personas”, consideró Álvarez.
Precisamente, el miércoles pasado, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) informó de varios ciudadanos capturados en noviembre pasado que estaban en delegaciones policiales aislados y que fueron remitidos a los penitenciarios sin notificarlo a sus familiares.
El Cenidh calificó la acción como un “abuso de autoridad”, señalando que en esas cárceles solamente están reos procesados o condenados, lo cual no es el caso de ninguno de los detenidos, cuyas causas judiciales no han sido ventiladas en el sistema digital del Poder Judicial.
En el contexto electoral, las denuncias de detenciones ilegales parecen haberse concentrado en Río San Juan y Managua. Como dos variantes destacables en estas detenciones, en comparación con las ocurridas anteriormente, las acusaciones ahora se han basado en la Ley de Ciberdelitos que castiga las noticias que el régimen considere falsas, a diferencia de las otras detenciones, sustentadas bajo una supuesta “traición a la patria”.
Sobre la situación de los excarcelados, la defensora de derechos humanos ha destacado la persecución estatal que no termina contra este sector de la población.
Según los datos citados por ella en el programa televisivo, al menos 150 ex presos políticos han tenido que abandonar el país en los últimos meses por la represión y hostigamiento sistemáticos en su contra.
Situación compleja en “La Modelo”
Karen Lacayo, hermana de Edward Lacayo conocido como “La Loba”, reo de conciencia originario de Monimbó encarcelado desde marzo de 2019, es coordinadora de la Asociación de Familiares de Presos y Presas Políticas de Nicaragua. Ella relata que, como quienes están en El Chipote, también los presos políticos a lo interno de la cárcel La Modelo han sufrido vivencias duras .
“Mi hermano está en celdas de máxima seguridad. La situación de ellos es deprimente. Como familiar estoy angustiada, desesperada porque en esas cárceles no se les da la atención adecuada de acuerdo a su enfermedad y necesidades. Les cortan la alimentación, medicamentos y el derecho a que sean atendidos por un doctor”, afirmó Lacayo.
Según ella, es una de las características de la dictadura, maltratar a los presos políticos “por pensar diferente”, lo que significa que son objetos de interrogatorios y maltratos físicos y psicológicos, además que la mayoría de familiares tiene prohibidas las visitas.
Lacayo sostiene que su hermano tiene dos años de no recibir visitas conyugales, y tampoco ha podido ver a su niño varón. “Ya ni se acuerda del papa”, dijo.
También denunció que a ella le decían que dejara de estar denunciando los abusos contra su hermano, porque le iban a quitar el derecho de la visita si seguía con lo mismo.
“No tienen límites, no tienen corazón, conciencia, así como nos tratan a nosotros tratan a nuestros familiares, ¡estamos tristes!”, afirmó.
Familiares de presos políticos trasladados al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”, y la cárcel para mujeres “La Esperanza”, confirmaron también a CONFIDENCIAL que las autoridades tramitaron sus carnets de visitas y recibieron la paquetería. Sin embargo, no permitieron que los vieran. Les dijeron esta vez que la visita se programaría cada 21 días.
