25 de septiembre 2019
AA
El joven Duilio Lara, habitante del municipio de El Realejo, Chinandega, escuchó una explosión extraña el pasado sábado a las 8:30 de la noche. De inmediato se regó por el pueblo que habían colocado explosivos debajo del Puente San Isidro, unos kilómetros antes de llegar al Puente de Paso Caballos, que conecta con Corinto, el puerto más importante del país.
“Cuando vinimos a ver ya la Policía estaba aquí (sobre el puente)”, dijo Lara a Confidencial. “No nos dejaron pasar. Al siguiente día vimos que ya el puente estaba reparado”.
Ese mismo sábado se escucharon explosiones en Managua y Masaya –sin causar ningún daño– y la Policía hasta hoy no ha dicho nada sobre las detonaciones. El domingo un desconocido grupo opositor denominado Alianza Patriótica Nicaragüense se adjudicó las acciones.
“Todas estas acciones se realizan y seguirán realizado en lo que queda del mes de septiembre, octubre y meses venideros, hasta dar con el traste a la dictadura”, dijo el grupo en un comunicado distribuido en las redes sociales.
La represión
Nicaragua vive su peor crisis política desde los ochenta. En 2018 la dictadura de Daniel Ortega reprimió violentamente protestas pacíficas iniciadas por los universitarios por una reforma que cercenaba parte de su pensión a los jubilados.
Desde entonces los nicaragüenses viven un estado de sitio de facto, sin poder protestar y con riesgos de ser apresados, como los 139 reos políticos que aun están en las cárceles, según una lista divulgada este martes por la Unión de Presos y Presas Políticas.
Más de 326 personas murieron durante las protestas, la mayoría a manos de la Policía –que ha sido señalada de crímenes de lesa humanidad– y de paramilitares armados al servicio del Gobierno. Y más de 70 mil nicaragüenses se vieron forzados a irse al exilio para proteger sus vidas.
Explosivos no causan daños
Una de las columnas del puente fue levemente dañada. El tráfico en la carretera en ningún momento se interrumpió. Foto: Confidencial/I.López.
Los explosivos debajo del Puente San Isidro, causaron pequeños daños en una de las columnas, pero inmediatamente fueron reparados por la Alcaldía de El Realejo.
“Escuchamos la explosión, pero el pueblo (de El Realejo) no se alarmó”, dijo César Acevedo militante del FSLN. “Estos son los opositores que quieren hacer daños”, aseveró.
La Policía ha comenzado una cacería por dar con los responsables de la explosión y detuvo a tres activistas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en Chinandega, que participaron en la rebelión cívica que comenzó en abril de 2018.
Uno de los detenidos es Douglas Villanueva, un joven de 22 años que se involucró en las protestas contra el gobierno.
“Claro que mi hijo es un opositor y por eso lo detuvieron”, dijo Nubia Sandoval este lunes luego de interponer una denuncia en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), luego de negar que su hijo tenga algo que ver con las explosiones debajo del puente.
Sandoval dijo que su hijo fue capturado el domingo como a las cuatro de la tarde y que ya se encuentra en las celdas policiales de El Chipote en Managua.
“Yo responsabilizo de su secuestro a la Policía Nacional, a ellos los responsabilizo por lo que le pase a mi hijo”, dijo Sandoval, que este lunes interpuso un Recurso de Amparo a favor de su vástago.
Detenidos activistas del PLC
Otro de los detenidos en Chinandega es el abogado Carlos Cárdenas, un activista del PLC que fue apresado violentamente el lunes en su oficina cuando preparaba un escrito para un juicio que tenía, denunció su socio Roberto Lira, diputado suplente del PLC.
Lira dijo que Cárdenas se involucró de lleno en las protestas cívicas contra la dictadura en 2018 y aduce que su detención es una persecución política.
El otro detenido es Henry Lara, un ex preso político que fungía hasta antes de su detención nuevamente el lunes, como secretario municipal del PLC en El Realejo.
Cacería también en Masaya
Pablo Cuevas, defensor de derechos humanos de la CPDH, dijo que la Policía desde el fin de semana pasada inició una “cacería de brujas” tratando de relacionar a los opositores con la detonación de bombas en varias ciudades del país.
El defensor de derechos humanos denunció que, a los presos políticos excarcelados, que fueron apresados nuevamente el fin de semana en Masaya, y liberados luego, les interrogaban sobre los explosivos.
“Los interrogatorios giraban en torno al financiamiento para hacer las bombas, que quién las hacía para andarlas tirando en Masaya y lugares aledaños”, dijo Cuevas a Confidencial.
