17 de agosto 2021
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Por más de 24 horas el contador de La Prensa, Daniel Calero, ha permanecido en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial Evaristo Vásquez, conocido como el “nuevo Chipote”, donde fue citado este lunes. Mientras, el gerente general del mismo periódico, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, arrestado en la madrugada del pasado sábado, se le extendió hasta 90 días el período para investigaciones de la Fiscalía. Ambos procesos responden a un caso contra el diario por los supuestos delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero, bienes y activos.
Además de Calero, cerca de las tres de la tarde de este lunes, también ingresó al “nuevo chipote”, Ramiro Montalván, y Ernesto Juárez, miembros del departamento de administración de La Prensa y financiero, respectivamente. Hasta el momento, los tres continúan retenidos en la Dirección de Auxilio Judicial.
El Ministerio Público aseguró en un comunicado, publicado este lunes 16 de agosto, que durante el allanamiento realizado contra La Prensa, encontraron “treinta cajas de documentación relacionada con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro”, que también está siendo investigada por supuesto “lavado de dinero”, caso por el que han citado a más de 50 personas; entre periodistas, directores de medios, propietarios y demás.
Bajo esa misma investigación, la Policía detuvo a Marcos Fletes y Walter Gómez, contador y financiero respectivamente de la FVBCh. Fueron los primeros capturados de los últimos 33 reos políticos - el 28 de mayo- y este 26 de agosto cumplirán los noventa días que solicitó la Fiscalía para investigarlos.
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Mediante el comunicado, la Fiscalía indicó que presentó un escrito de solicitud de audiencia especial de garantías constitucionales para pedir la ampliación del período de investigación y detención judicial contra Holmann Chamorro.
Dicha acción sigue al patrón que ha implementado la Fiscalía en el caso de los otros 32 reos de conciencia, capturados durante la última ola represiva contra la oposición, a excepción de la aspirante presidencial, Cristiana Chamorro, que desde el 2 de junio está bajo detención domiciliar.
La Prensa sigue bajo ocupación policial
La Policía orteguista junto con la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, allanaron La Prensa el mediodía del viernes 13 de agosto y desde esa fecha, ha quedado bajo el control de antimotines.
Cuando los policías ingresaron al periódico reunieron a los trabajadores en el parqueo y les prohibieron utilizar su teléfono, cortaron la energía eléctrica y los servidores conectados a la plataforma digital del diario. Luego de unas horas, dejaron que la mayoría de trabajadores se retiraran con excepción del personal de administración.
Cerca de ocho personas junto con el gerente general, Holmann, se mantuvieron al interior de La Prensa y salieron cerca de las tres de la madrugada del sábado 14 de agosto. Este domingo, un agente a cargo de la ocupación del diario, afirmó a un equipo periodístico del rotativo que no había acceso para los trabajadores y que desarrollaban una “investigación profunda”.
El mismo viernes, el presidente Daniel Ortega acusó a La Prensa de prestarse "a lavar dinero y luego a esconder las pruebas", y también de mentir sobre la escasez de papel, lo cual fue rechazado por el diario.
Asimismo, más de 200 trabajadores de La Prensa, incluidos voceadores y agentes distribuidores expresaron su consternación por la situación que atraviesa el diario, que implica una amenaza de desempleo. Piden la libertad del gerente general, y que las autoridades aclaren debidamente los hechos y que se haga justicia ante una “acusación infundada”.
“Pedimos a las autoridades correspondientes del Estado que realicen sus investigaciones sin tener en la cárcel a don Juan Lorenzo Holmann Chamorro, quien asumió apenas unos meses la gerencia de La Prensa y quien ha hecho de todo para no despedir a nadie, a pesar de la crisis que vive el país", expresaron a través de un pronunciamiento.
Holmann Chamorro es el cuarto miembro de la familia propietaria de La Prensa y el tercero con un cargo de directivo en dicho medio que es arrestado en los últimos tres meses. Además de Cristiana, el régimen detuvo a Pedro Joaquín Chamorro Barrios, y Juan Sebastián Chamorro, hermano y primo respectivamente de Cristiana.
La Prensa, fundada en 1926 y del grupo Editorial La Prensa, no circuló el viernes en su versión impresa, debido a que el Gobierno, a través de la Dirección General de Servicios Aduaneros, mantiene retenido su papel.
Violaciones contra la prensa independiente
Este domingo, en el programa Esta Semana, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, aseguró que el allanamiento a La Prensa es un “acto de censura que se barniza con invocar algunos aspectos de los procedimientos legales”, como los delitos por los que el Gobierno de Ortega justifica la toma del medio de comunicación.
Por su parte, el editor en jefe del diario, Eduardo Enríquez, señaló que La Prensa no tiene ninguna relación con los delitos de lavado de dinero y defraudación aduanera, por los que el régimen supuestamente inició una investigación. Y reafirmó que continuarán informando.
Con información de EFE
