29 de julio 2021
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Cerca de las once y media de la mañana, casi una hora después que la Asamblea Nacional canceló las personerías jurídicas de 24 organizaciones no gubernamentales, 15 de estas asociaciones médicas, la Policía del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo allanó las instalaciones de la Asociación Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS), fundada por el epidemiólogo Leonel Argüello hace más de treinta años. Argüello ha sido una de las principales voces médicas para alertar sobre la pandemia y demandar una mejor gestión oficial de la pandemia.
Parte del edificio, que está ubicado en el perímetro de seguridad de El Carmen- donde reside Daniel Ortega y Rosario Murillo- era rentado por otras organizaciones que no tenían relación con CEPS. Una fuente confirmó que la Policía permitió que las personas sacaran sus pertenencias y no hubo ningún tipo de violencia.
Según el decreto aprobado por la mayoría de diputados sandinistas, las organizaciones “han incumplido con sus obligaciones legales y estatutarias”, además de “no reportar al ente regulador sus estados financieros desde hace varios años” y tampoco presentar “los convenios que tienen con donantes”, “documentos de identidad de sus proveedores de fondos” y “soporte de ingresos”.
No obstante, una fuente de las oenegés, había explicado a CONFIDENCIAL que varias organizaciones “llevaban sus documentos y el Migob -Ministerio de Gobernación- siempre alegaba que no podían recibirlos, porque el expediente estaba en digitalización”.
“Siempre te mantenían sin darte las certificaciones, para tenerte en el limbo y esperando el momento para aplicarte la ley”, manifestó la fuente que prefirió el anonimato por seguridad.
"Nos quieren poner un bozal"
El Ministerio de Salud (Minsa) informó al presidente de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), José Antonio Vásquez, que es prohibido referirse a la pandemia de covid-19 porque ese trabajo corresponde exclusivamente al Minsa. De no cumplir la orientación, le argumentaron que podría caer en violaciones a leyes que rigen la práctica médica en Nicaragua o la Ley Especial de Ciberdelitos, también conocida como "Ley Mordaza".
Vásquez es el séptimo médico citado por la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal del Minsa, para cuestionar sus valoraciones sobre la gestión de la pandemia de covid-19. “Estamos prohibidos de hablar del tema - covid-, ni mucho menos dar pronósticos- proyecciones-, hablar de estadísticas, y que eso es del área epidemiológica del Ministerio de Salud”, le advirtieron al médico durante su citatorio, en el que en ningún momento se sintió amenazado, dijo.
Ante el hermetismo del Minsa sobre al manejo de la pandemia de covid, surgieron varias iniciativas de médicos independientes, que además de orientar a la población sobre medidas de prevención de contagios, también estudiaban el comportamiento de la pandemia en medio de la escasez de datos oficiales.
En ese marco, el Minsa le advirtió al médico Vásquez, que si alguno de los miembros de esas organizaciones brinda declaraciones sobre la pandemia, ellos considerarán que la agrupación asume lo que el integrante afirma. Es decir, que si los médicos no cumplen las orientaciones del Minsa, “estaríamos violando esas disposiciones que nos fueron manifestadas hoy”, expresó el también ginecólogo.
"Si me mencionaron las leyes. Si no se cumplen se puede terminar en la cárcel o se le puede llegar, hasta aplicarles esas leyes; ya sea lo extremo, quitarle la licencia o algo por el estilo. Se tiene que llegar a evitar en no dar ninguna declaración que alarme a la población", expresó el médico.
A ojos del especialista, además de informarle sobre las disposiciones del Minsa, el encuentro también sirvió para “amenazarnos de forma directa que si violamos la ley hay que atenerse a las consecuencias, y si un miembro -de las organizaciones- habla, eso se asume como que la organización está hablando”, expresó.
Durante el citatorio, en el que también participó el viceministro de Salud, Enrique Beteta, quien días atrás amenazó al neumólogo Jorge Iván Miranda con cancelarle su licencia médica, le explicaron que hay médicos independientes que están brindando declaraciones referidas a la pandemia, y que también serán citados. Otra vez, le dijeron: “la covid es una cuestión del Ministerio de Salud”.
Asimismo, le insistieron que de "imponerse -los médicos- vamos a salir perjudicados con esas leyes y primero están llamando a la reflexión al médico y a las organizaciones para que no caigan en esas arbitrariedades de la ley, violando la ley de Ciberdelitos y las otras leyes que me mencionó”, expresó Vásquez.
Minsa cita a médicos y los cuestiona por sus declaraciones a medios sobre covid-19
#CIDH y @DESCA_CIDH instan a #Nicaragua al cese inmediato de hostigamientos en contra del sector médico.
📌Comunicado de Prensa: https://t.co/m2EH03VI5F pic.twitter.com/LHsnt9oN8R
— CIDH - IACHR (@CIDH) July 28, 2021
El presidente de UMN, quien fue despedido en 2018 por atender a las víctimas de la represión orteguista, señala que los citatorios del Minsa buscan además de infundir temor en el gremio, acallar su voz ante la emergencia sanitaria.
“Nos quieren poner un bozal, quieren que el derecho que tenemos los profesionales de la Salud a informar, debidamente, a la población acerca de los riesgos del covid, que ni siquiera los mencionemos (...) porque ya nos dijeron que es un delito”, expresó el galeno. A mediados de junio, la UMN cerró sus oficinas por el incremento del asedio.
El doctor Vásquez recordó que el pueblo nicaragüense tiene que saber y prepararse con las medidas ideales para preservar su salud, y eso es lo que ellos buscan: informar a la población.
Sin embargo, el Gobierno lo ve como “que estamos en contra de sus políticas de salud, y todo lo contrario, lo que queremos es contribuir, lo que queremos es hacer el llamado al Ministerio de Salud donde tiene que remarcar y donde tiene que trabajar mejor en pro de la población, pero no se logra, y más bien, lo que se ha logrado es la represión de los médicos (...)", sostuvo.
CIDH insta el cese inmediato de hostigamientos contra médicos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), urgieron al Estado de Nicaragua a cesar inmediatamente los actos de hostigamiento e intimidación contra el personal médico.
"La CIDH y REDESCA condenan el uso de prácticas intimidatorias o de hostigamiento mediante el uso del derecho penal, laboral o administrativo que tienen como efecto silenciar o infundir temor en integrantes del gremio médico y de la salud. Dichas acciones además de afectar el bienestar de las personas que las sufren, tienen un impacto negativo en el gremio en su conjunto, y en la población que es atendida por tales profesionales", señalaron mediante un comunicado de prensa.
También confirmaron que han recibido denuncias de persecución y hostigamiento por parte de agentes del Estado en contra de integrantes de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), el Observatorio Ciudadano COVID-19 y el Comité Científico Multidisciplinario. A la vez, están informados sobre la cancelación de las personerías jurídicas de las 24 organizaciones, en su mayoría, médicas.
La antesala de la represión contra el sector sanitario, mediante citatorios y cancelación de oenegés, ocurrió el 7 de julio, cuando la vicepresidenta, Rosario Murillo, amenazó a periodistas independientes de estar publicando “noticias falsas” sobre temas de Salud, con información de “falsos médicos y con falsos pronósticos”.
“Falsos médicos, con falsos pronósticos, con falsas encuestas: noticias falsas”, dijo en esa ocasión. En ese sentido, la REDESCA expresa su preocupación y llama al cese de tales pronunciamientos, los que además de resultar estigmatizantes, son interpretados como una advertencia de parte del sector médico y de la salud, generando temor en el gremio en su conjunto.
