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Régimen de Ortega impone otro reparo fiscal al Canal 12

Un día después que una jueza de Managua mantuvo el embargo al Canal 12, la DGI elevó la deuda de 21 a 28 millones de córdobas

Un nuevo reparo fiscal está siendo cobrado a Nicavisión SA, la empresa dueña de Canal 12, por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI). Una institución que reclama a la televisora siete millones de córdobas (201 125 dólares) y no acepta constancia de los gastos e inversiones que la empresa ha realizado en los últimos años.

Esta nueva deuda se suma a los 21 millones de córdobas (603 375 dólares) que el régimen de Daniel Ortega ya había reclamado al Canal 12 y por los cuales el fisco nicaragüense embargó la televisora el 11 de septiembre. De esta manera la deuda ascendió a 28 millones de córdobas (804 500 dólares) y se cerró un poco más la brecha entre el monto de la supuesta deuda y el valor de las propiedades embargadas, que asciende a 1.2 millones de dólares.

Los propietarios del Canal 12 fueron notificados del segundo reparo fiscal el jueves primero de octubre, un día después del juicio por el embargo a las instalaciones de la televisora. Un proceso en el que la jueza Silvia Elena Chica Larios, del Juzgado Cuarto de Distrito Civil de Managua, decidió mantener el embargo y amenazó con subastar las propiedades si los dueños de Canal 12 no pagan el monto que reclama la DGI.

Entre las propiedades embargadas está el edificio donde opera el Canal 12, dos casas que colindan con el medio de comunicación, una torre de transmisión, cuentas bancarias, la residencia de Valle y su camioneta, dijo Valle a los medios de comunicación.

El origen de los reparos

Mariano Valle Peters, propietario y administrador de Canal 12, explicó el pasado 30 de septiembre que, en entre 2011 y 2013, la DGI hizo un reparo fiscal al Canal 12 por 9.5 millones de córdobas (274 570 dólares) y ellos recurrieron ante el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA), que les dio parcialmente la razón y dejó el monto en 851 000 córdobas (unos 24 595 dólares).

“Mi abogado me dijo que no pagáramos eso porque no debemos eso, y recurrimos a la Sala de lo Contencioso Administrativo” de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin obtener una respuesta, indicó Valle.

No obstante, la Procuraduría General de la República recurrió ante la Sala Constitucional de la CSJ y anuló, el pasado 13 de mayo, el fallo del TATA. Con base a eso, la DGI ordenó aumentar el reparo de 851.000 córdobas a 21 millones de córdobas, debido a que han incluido intereses moratorios desde hace ocho años.

Durante el juicio, la jueza desestimó el fallo del TATA, así como una constancia de un contador público autorizado, “que certifica que todos los ingresos fueron declarados” entre los años 2011 a 2013.

Un intento de censura

Los reparos fiscales en contra de Canal 12 han sido condenados por la sociedad civil y organizaciones nacionales e internacionales, que ven en estos cobros onerosos un intento de censura contra uno de los dos canales de televisión independientes que transmiten en señal abierta en Nicaragua.

Este domingo, monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, lamentó las vicisitudes que están pasando los propietarios del Canal 12. A quienes, aseguró, lo une una larga amistad. “Espero que logren resolver positivamente, y a favor de ellos, este litigio que están enfrentando”, dijo el jerarca católico.

Además del Canal 12, la DGI está reclamando al Canal 10 el pago de un reparo fiscal de 110 millones de córdobas (3.2 millones de dólares) y al periodista Miguel Mora, director del Canal 100% Noticias, a quien le confiscaron su medio de comunicación en diciembre de 2018, le están cobrando 7 890 538.86 córdobas (unos 227 031.94 dólares) en impuestos y 75 952.14 córdobas (2185.48 dólares) en concepto de cuotas retrasadas en el Instituto Nicaragüense de Seguridad social (INSS).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras y el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, han repudiado el embargo a Nicavisión Canal 12, y denunciaron que con esta acción el Estado “se escuda de manera arbitraria en políticas impositivas para reprimir”.


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