4 de abril 2020
AA
La señora que nombraremos ‘Alejandra’ —nos pidió proteger su identidad— caminaba en una calle de las afueras de Managua, cuando fue abordada e interpelada por dos jóvenes porque usaba un tapaboca y guantes. Ella fue acosada hasta su casa de habitación, donde horas después se presentó un equipo del Ministerio de Salud (Minsa), guiado por uno de los hombres que había intimidado a la mujer.
‘Alejandra’ identificó al sujeto que llevó a los funcionarios del Minsa, era el familiar de una dirigente del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) de la zona. El equipo de salud exigió toda la información de las personas que viven en la casa, y les ordenaron “no salir” y seguir todas las recomendaciones para evitar el contagio del covid-19.
La experiencia de ‘Alejandra’ no es anecdótica. Para contener una posible propagación del coronavirus, el régimen ha autorizado a sus simpatizantes a que espíen a sus vecinos, y luego delaten aquellos casos que sospechen sean positivos de covid-19, según han aceptado dirigentes sandinistas y funcionarios del Minsa.
En una entrevista con Canal 10, la recién nombrada titular del Minsa, Martha Reyes Álvarez, admitió esta semana que traicionar a vecinos es una práctica dentro del modelo de vigilancia del Gobierno.
Los que llegan de Costa Rica
“En el tema de vigilancia tenemos tres puntos claves: lo que hacemos en los puntos de entrada, en trabajos coordinados con las diferentes instituciones; la vigilancia que hacemos a través de las unidades de salud; también tenemos la vigilancia comunitaria”, dijo Reyes, quien se desempeñaba como directora de Vigilancia del Minsa.
Dentro de la vigilancia comunitaria, se acepta que los vecinos denuncien a sus pares. La funcionaria ejemplificó que, en los casos de ingresos por puntos ciegos, es la “comunidad organizada” quien hace el “contacto” con la unidad de salud u otro personal médico más cercano, para informar del caso.
Según Reyes, el tipo de denuncias que reciben al respecto es tipo: “Estoy viendo que la Martha llegó, que trabaja en Costa Rica, hace dos días vino”.
Detalló que tras la denuncia se investigan los casos y se establecen las mismas medidas que con los ciudadanos que ingresaron legalmente al país. “Pasan a un resguardo de 14 días y se les da un seguimiento con todas las medidas preventivas con toda su familia, para que, si realmente llegara a desarrollar una situación de riesgo, podríamos detectarlo oportunamente y controlar”.
El Gobierno ha registrado solo cinco casos de coronavirus, todos ellos “importados”. Uno de los pacientes falleció, otro fue dado de alta y tres continúan hospitalizados. Hay doce casos en seguimiento.
Pasajeros son atendido en el área de Migración del aeropuerto internacional de Nicaragua, a mediados de este mes de marzo. Foto: Tomada del 19Digital
Nuevas prácticas
La dirigente política opositora Dora María Téllez, quien fue titular del Minsa en la década de los 80, aseguró que en esos años “no se usó la salud para espiar a nadie” y que tampoco “se administró con sectarismo político”.
“(En los 80) no había vigilancia sanitaria en las comunidades. Había un monitoreo y administración de medicamentos en los casos de malaria. Tomaban los exámenes y daban la medicación. Se llamaban Colaboradores Voluntarios (Colvol)”, recordó Téllez, quien es disidente del FSLN y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
“La actual ministra hace caso omiso de la represión. Con que confianza un exiliado que retorna irá al centro de salud si puede ser apresado o víctima de persecución paramilitar”, mencionó.
Parte del modelo de salud
El diputado sandinista Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, en la sesión de este jueves 02 de abril, indicó que la denuncia ciudadana es parte del modelo de salud familiar y comunitario, que ha implementado el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de los más de 40 000 trabajadores del Minsa y los miles de brigadistas voluntarios.
“Al grupo de brigadistas de la comunidad, les dicen que en tal casa llegó fulano de Costa Rica, y lo vi que andaba con tos”, dijo Porras, para demostrar la “cercanía” y efectividad del modelo de salud.
Este modelo está integrado por unidades de salud departamentales, conocidas como Silais, y municipales. Además, que los municipios fueron divididos por sectores, que “abarcan un área geográfica, donde hay un promedio de tres mil habitantes, unas 500 familias”, según Porras. Cada sector tiene un equipo médico que atiende cotidianamente a esas 500 familias.
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