7 de febrero 2020
AA
Mientras los autores de la masacre de la comunidad de Alal, en la Reserva de Biósfera de Bosawás, continúan libres y cometiendo crímenes en el territorio mayangna Sauní As, el régimen de Daniel Ortega reparte “solidaridad, víveres y material deportivo” entre algunas de las víctimas. Tal situación es interpretada por comunitarios como una intención de sacar provecho político de la tragedia, ocurrida el pasado 29 de enero, y no se percibe una intención de perseguir el delito.
Ante la pasividad del Estado de Nicaragua frente a la masacres en la Nación Mayangna, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) le recordó al régimen que "tiene la obligación" de garantizar la protección de los pueblos indígenas y sus tierras y los instó a que realicen "investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre estos incidentes, y a juzgar y sancionar a los responsables".
OACNUDH también exhortó a las autoridades a que "proporcionen justicia, verdad y reparación a las víctimas y sus familias, y a que presten asistencia a las personas desplazadas por la fuerza, incluidas las que ya han regresado a sus comunidades. Es fundamental que las autoridades adopten las medidas necesarias para prevenir nuevos actos de violencia y proteger las tierras, los territorios y los recursos de las comunidades indígenas", se lee en un comunicado publicado este viernes.
Por su parte, la presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), Lottie Cunningham, reclamó que el régimen ha sido “cómplice” de las matanzas en las comunidades indígenas desde el año 2015, debido a que “no ha hecho nada” para sanear los territorios comunales y por el contrario intenta “minimizar” la invasión de los colonos en áreas protegidas.
“El Gobierno no ha asumido ninguna responsabilidad para proceder a dilucidar los hechos de asesinatos y buscar a los desaparecidos, a fin de proteger a los indígenas en su territorio. Hoy ha quedado esto (la masacre de Alal) en total impunidad y la falta de acceso a la justicia (es evidente) porque no se ha castigado ni responsabilizado a ningunos de los autores materiales e intelectuales”, expresó Cunningham.
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A criterio de la defensora de derechos humanos “el Gobierno ha apoyado de forma clientelar a los colonos” al evadir “su responsabilidad de investigar” los hechos y enjuiciar a los responsables. “Más bien han realizado algunas campañas de desinformación y que eso no va a contribuir a que las personas que vienen cometiendo estos hechos (delitos) tengan temor, porque no se ha hecho justicia y los colonos continúan con las mismas acciones violentas de comunidad en comunidad”, continuó.
Desde el año 2012 al 2019 Cejudhcan ha contabilizado 36 defensores indígenas asesinados, 44 lesionados, 29 secuestrados y 4 desaparecidos por la defensa del territorio indígena. De igual forma, reportan 79 denuncias formales de casos que no han sido atendidos por las autoridades correspondientes, pero “ellos (las autoridades locales) han venido aludiendo que tienen orientaciones del gobierno de no recibir las denuncias sobre los colonos y de las ocupación territorial de los pueblos indígenas”, dijo Cunningham.
Sobrevivientes con múltiples necesidades
Tras la masacre de Alal, en la que cuatro indígenas fueron asesinados, dos resultaron heridos de gravedad y una comunidad arrasada, se produjo un “desplazamiento forzoso” señaló la defensora de derechos humanos. La mayoría de los comunitarios se trasladaron hasta Musawás, en el corazón de la reserva de biósfera.
La comunidad de Alal, en el territorio Mayangna Sauní As quedó en ruinas tras el ataque de los colonos. Cortesía | Confidencial
Una semana después de la matanza “el Gobierno fue entregar una comidita y mochilitas, pero eso es una responsabilidad de las autoridades del Estado, pero no están haciendo ninguna acción concreta para proteger la vida y el territorio de las comunidades indígenas”, subrayó Cunningham.
Por su parte, Maynor Will Fernández Ruiz, el joven que resultó con un impacto de bala en la cabeza tras el ataque de colonos en Alal, se encuentra con la mitad de su cuerpo inmóvil en una sala del hospital Antonio Lenin Fonseca, en Managua. Su padre Pichardo Fernández dijo a los medios de comunicación que Maynor fue intervenido quirúrgicamente, sin embargo ha presentado fiebre y no tiene sensación en la pierna ni en el brazo izquierdo. Fernández desconoce si la condición de su hijo será para toda la vida.
El otro herido durante la arremetida de los colonos es Marconi Jarquín, de 29 años, quien recibió un disparo en la parte derecha de espalda, justo a la altura del tórax. Jarquín fue atendido en un centro asistencial de Bonanza un día después de los masacre.
Incertidumbre en comunidades indígenas
Un mayangna de Alal, a quien protegeremos su identidad, dijo a CONFIDENCIAL que en las comunidades indígenas “prácticamente no hay ley”, la Policía “solo llega cuando pasa algo, ven ahí y después se van”. Es así que diez días después de la masacre de Alal ninguno de los autores ha sido capturado, a pesar de que continúan acechando las comunidades indígenas.
De acuerdo con la fuente, los mismos colonos que destruyeron Alal amenazaron con hacer lo mismo en la comunidad de Suniwas. Tales amenazas se registraron el pasado tres de febrero por lo que los comunitarios de Suniwás han pasado más de una noche refugiados en las montañas por temor a ser asesinados.
De los autores de la masacre de Alal lo único que se sabe es la escasa información divulgada por la Policía Nacional, institución que señala como responsables a un grupo delincuencial de alias “Chabelo”, dirigido por Isabel Meneses Padilla.
