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Régimen militariza Peñas Blancas y prohíbe ingreso a Nicaragua a diputados latinoamericanos

La comisión internacional pretendía verificar personalmente las condiciones de los más de 180 presos políticos del Gobierno de Ortega y Murillo

Comisión buscará apoyo en movimientos sociales y emplazarán a los gobernantes para presionar al régimen de Daniel Ortega

8 de julio 2022

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El régimen orteguista prohibió la entrada a Nicaragua de una comisión internacional de parlamentarios, activistas sociales y defensores de derechos humanos de seis países latinoamericanos, que pretendían verificar personalmente las condiciones de los más de 180 presos políticos del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los diputados denunciaron que el régimen militarizó el puesto fronterizo de Peñas Blancas, entre Nicaragua y Costa Rica, y que las autoridades migratorias costarricenses les advirtieron que el Gobierno nicaragüense no garantizaba su “integridad física”.


Según los legisladores, en la línea fronteriza nicaragüense había un “amplio” dispositivo de policías, antimotines y efectivos militares.

“Queremos denunciar esta actitud intimidatoria de la dictadura que no hace más que darnos la razón, impidiendo que ingresemos porque evidentemente quiere ocultar la situación dramática de las presas y presos (políticos)”, dijo el activista argentino Mariano Rosa, coordinador político de la comisión internacional.

 

La delegación —integrada por diputados y activistas de Argentina, Costa Rica, México, Brasil, República Dominicana y Panamá— no pasó del puesto fronterizo costarricense, según comprobó un equipo de CONFIDENCIAL que estuvo en el lugar.

Migración de Costa Rica informó a los diputados extranjeros que no les permitiría el paso porque Nicaragua “no los recibiría” y que sus vidas “podrían correr peligro”. La comitiva estuvo en la línea fronteriza costarricense durante casi una hora.

Ante la advertencia y negativa nicaragüense, los parlamentarios decidieron retirarse del lugar, aunque comentaron que las autoridades de Costa Rica estaban también “preocupadas por sus relaciones diplomáticas con Nicaragua”.

Caravana con nicaragüenses

La comitiva internacional encabezó una caravana —con exiliados y defensores de derechos humanos nicaragüenses— que salió de San José, capital costarricense, hacia la frontera de Peñas Blancas.

En la caravana venían representantes de las agrupaciones nicaragüenses: Articulación de Movimientos Sociales; Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos; Congreso de Unidad Nicaragüenses Libres; Organización Victimas de Abril; Familiares de presas y presos políticos de El Chipote; Alternativa Anticapitalista sección Nicaragua de la Liga Internacional Socialista.

Además de la Juventud Renovadora de UNAMOS; Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia; Migrantes nicaragüenses del PRT Costa Rica; Grupo de Secuestrados Políticos Unidos; y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). 

Solicitudes previas

La comisión envió por diversos medios una solicitud de ingreso a territorio nicaragüense, pero el régimen no les ha contestado. A inicios de junio pasado, una delegación —integrante de la coordinadora argentina “Encuentro Memoria, Verdad y Justicia”— se presentó ante la embajada de Nicaragua en Argentina, para entregar una nota al embajador orteguista sobre el viaje al país; sin embargo, no fueron recibidos.

“Hemos hecho gestiones diplomáticas al más alto nivel, embajadas y consulados de distintos países del mundo. Hay una gestión por intermedio de la Cancillería argentina, a través de la embajada en Managua, por ahora las respuestas han sido evasivas”, dijo el activista argentino Mariano Rosa, coordinador político de la comisión internacional.

Añadió que “hicimos una propuesta muy concreta de una hoja de ruta” de las cárceles que quieren visitar.

Esta no es la primera comisión internacional a la que el régimen le niega la entrada a Nicaragua. A mediados de junio pasado, el Gobierno de Ortega y Murillo rechazó de manera rotunda permitir el ingreso al país o cooperar con la Comisión de Expertos Independientes nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), creada para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua entre 2018 y 2022.

Luciana Echevarría, diputada de la provincia de Córdoba por el Movimiento Socialista de los Trabajadores – Frente de Izquierda Unidad, comentó que la visita a Costa Rica y la frontera con Nicaragua —ante la negativa de entrada—, servirá para documentar los testimonios de familiares de presos políticos y de aquellos nicaragüenses obligados al exilio, que se integrarán en un informe y difundirán en el ámbito internacional.


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Redacción Confidencial

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